Gobierno ratifica que no cederá ante los holdouts

El gobierno nacional cerró filas y ratificó su resistencia a acatar el fallo del juez norteamericano Thomas Griesa, quien ordenó pagar antes del 15 de diciembre más de 1.300 millones de dólares a los bonistas que no entraron al canje de deuda. Las duras expresiones de las últimas horas de sus funcionarios tampoco dejan entrever que habrá algún plan de pago a los “holdouts” junto a su apelación mañana, ni voluntad para acatar una eventual ratifiación de la Cámara de Apelaciones.

El mensaje que transmite la gestión Cristina es unívoco: la pretensión de Griesa “es un burdo intento de un colonialismo judicial”, sostuvo el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, quien está convencido de que “nada raro puede desencadenar” la sentencia. En consonancia, el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, dijo: “No pagaremos el precio de la irracionalidad financiera”.

En tanto, desde el radicalismo anticiparon que acompañarán la estrategia del gobierno. El senador Gerardo Morales dijo que “vamos a acompañar la posición que tome (el Ejecutivo) en la medida que no nos ponga en una situación de default ni tampoco pagar lo que exige el juez Griesa”. En igual sentido se pronunció el titular del radicalismo, Mario Barletta, al calificar de “realmente disparatado” el fallo. No obstante fueron críticos con Cristina: pidió que “se calle la boca” porque “no son pocos los errores que ha cometido la Argentina”.

Contrarreloj, el gobierno está terminando la apelación que presentará mañana. La dureza en las expresiones de los funcionarios contra Griesa parecen desestimar la idea de que –en la apelación– puede manifestarse alguna voluntad de realizar una propuesta de pago a los “holdouts” (o también llamados “fondos buitre”) en iguales condiciones a las ofrecidas a los bonistas que ingresaron en el canje en 2005 y 2010.

Hay economistas que insisten en esa línea, como Prat Gay, Redrado, Artana, Marx y Sturzenegger. Se sumó el exministro de Economía Domingo Cavallo, quien advirtió que la apelación del gobierno debería ir acompañada de un compromiso de abonar “los mismos montos” que a los demás bonistas. “Argentina no puede apelar el fallo con chances de convencer a las instancias superiores si sigue diciendo que no hará ningún pago a los tenedores de bonos que no entraron en los canjes aceptados por el 91% de los bonistas”, indicó Cavallo. Insistió: “El gobierno debería presentarse diciendo que está dispuesto a pagarles a dichos tenedores los mismos montos (en relación al valor de sus tenencias originales) que hasta aquí les pagó a los bonistas que aceptaron las condiciones del canje”.

El plazo del 15 de diciembre para depositar el dinero, coloca en un dilema a la Argentina, pues coincide con el vencimiento de los intereses por u$s 3.100 millones del bono Cupón-PIB. La apelación se realizará a través de los abogados Cleary Gottlieb. El argumento será que la decisión de Griesa vulnera las leyes argentinas y provoca un riesgo sistémico dentro del mecanismo de reestructuración de deuda y de pago de los compromisos con los acreedores. (Redacción Central y agencias)

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Presidenta Cristina Fernández. Su declamada nula vocación de pago a los bonistas que no entraron en el canje fue un argumento clave de Griesa para su fallo.

Tras el fallo del juez Griesa

El juez Griesa, autor del fallo que puso en apuros a la Argentina.

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