A pesar de convocar el paro la CGT tiene expectativa de diálogo con el Gobierno
La Confederación General del Trabajo convocó el paro con bastante anticipación para darle tiempo al gobierno de negociar.
La CGT tras las presiones de los sindicatos convocó el paro.
La Confederación General del Trabajo convocó al primer paro general el 24 de enero pero también espera poder llegar a negociaciones con el presidente Javier Milei.
Es por esto que la medida se anunció con anticipación para darle tiempo al gobierno de abrir canales de diálogo.
A solo 17 días de la asunción de la administración «libertaria», la conducción de la central obrera realizó una marcha hacia el Palacio de Tribunales -que demostró su masividad- para reclamar a la justicia «la inconstitucionalidad» de ese DNU y la necesidad de no violentar las atribuciones del Poder Legislativo.
El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT, máximo órgano ejecutivo de la central obrera, llamó un día después desde el histórico Salón Felipe Vallese del edificio de Azopardo al 800 al primer paro general nacional a partir de las 12 del 24 de enero.
Según los máximos exponentes de la central sindical -Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano- la fecha fue elegida porque de forma supuesta ese día el Parlamento analizará esas medidas anunciadas por el Gobierno y la denominada Ley Ómnibus.
Sin embargo, la convocatoria a la primera huelga de 12 horas y a la movilización hacia el Congreso surgió luego de arduos debates internos y tras intensas presiones de las organizaciones confederadas, que habían comenzado una semana antes en ocasión del debate planteado en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).
El motivo detrás de la fecha del paro
Los experimentados dirigentes cegetistas eligieron la fecha de la huelga no solo por el posible tratamiento ese día del DNU y la Ley Ómnibus sino porque de manera estratégica decidieron otorgarle al Gobierno 27 días de plazo para que «reflexione y tienda puentes de diálogo y de negociación» con el movimiento obrero organizado.
En efecto, en el lapso comprendido entre el 28 de diciembre -fecha del Confederal y de la declaración de la huelga- y el día del paro la CGT aún tiene la expectativa que el Ejecutivo convoque a «una mesa de diálogo» para negociar «temas vitales».
En esa agenda de diálogo y negociación, la CGT plantea asuntos estratégicos como las obras sociales, la reforma del Estado y de la movilidad jubilatoria, las indemnizaciones y la lista de empresas a privatizar que anunció el Gobierno, a lo que se opone tajantemente.
Los dirigentes ferroviarios aún recuerdan la odisea vivida en los años ’90 bajo el Gobierno de Carlos Menem y las privatizaciones de empresas de trenes ordenadas por esa administración, que implicaron cierre de ramales y decenas de miles de despidos.
Idéntico fantasma persigue por estos días a los sindicatos aeronáuticos ante la posibilidad de la reprivatización de Aerolíneas Argentinas, o a la dirigencia lucifuercista como consecuencia de la nómina de compañías que correrían igual suerte.
«Son épocas que nadie quiere volver a vivir porque significaron una tragedia nacional. Es urgente que el Gobierno convoque al diálogo. No es posible admitir la destrucción del sistema solidario de salud de las obras sociales y del Estado; privatizar empresas y condenar a los jubilados a una incierta reforma, entre otras cosas», dijeron los voceros.
La CGT presionará nuevamente el 10 de enero próximo, cuando se reúna en el Felipe Vallese el plenario de sus delegaciones regionales, que ratificará la huelga nacional, y mantendrá intensas reuniones con las conducciones de ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma) para coordinar la protesta y la marcha del 24 de este mes.
El protocolo antipiquetes
De no haber llamado al diálogo y la negociación, la CGT ratificará la huelga y movilización de ese día, con lo que comenzará un conflicto de impredecibles consecuencias, ya que el Confederal mandató al consejo directivo de la central obrera a adoptar «las medidas de fuerza consiguientes que crea oportunas según la evolución de la situación política, económica y social por la que atraviesen los trabajadores y la sociedad» en general.
El interrogante que sobrevuela por las sedes de las tres centrales sindicales es de qué manera la ministra de Seguridad pretenderá aplicar el 24 de enero el protocolo antipiquetes callejero ante la segura masividad de la movilización de los trabajadores.
Con información de Télam
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