Guerra sin fin

Aunque es sumamente difícil discrepar con los que como el presidente norteamericano George W. Bush, el primer ministro británico Tony Blair y el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, insisten en que «no hay lugar para la neutralidad» en el conflicto entre los responsables de los atentados atroces del 11 de setiembre y los resueltos a combatirlos, en todas las latitudes abundan quienes sí quisieran alejarse de los campos de batalla por motivos que no se limitan al supuesto por la esperanza de no encontrarse entre los blancos de los terroristas que, huelga decirlo, tampoco reconocen la existencia de neutrales. En nuestro país hay muchos que quisieran conformarse con ser espectadores aunque, por fortuna, no incluyen al presidente Fernando de la Rúa y los integrantes principales de su gabinete. A diferencia de los que reaccionaron ante los ataques buscando explicaciones que les permitirían convencerse de que en última instancia la matanza de miles de personas de muchas nacionalidades se debió a la perversidad intrínseca de Estados Unidos, el gobierno ha subrayado su voluntad de colaborar plenamente con la estrategia antiterrorista norteamericana que de todos modos fue aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Puede que se hayan sentido irritados por la posición tomada por el gobierno los que según parece sienten nostalgia por tiempos a su juicio mejores, cuando los representantes de la Argentina se daban el lujo de lamentar la inmoralidad de todos los violentos, trátense de totalitarios sanguinarios o de demócratas que defendían las libertades básicas, pero la verdad es que después de los ataques concretados en Nueva York y Washington cualquier otra actitud hubiera sido no meramente vergonzosa e inmoral sino sumamente estúpida.

Si bien en ocasiones la retórica empleada por Bush a partir del desastre ha sido poco feliz, la réplica estadounidense ha sorprendido a muchos por su moderación. En vez de ordenar la destrucción inmediata de Kabul, el gobierno que encabeza el republicano esperó varias semanas antes de emprender acciones limitadas sobre la base de la información recogida. Para muchos, la prudencia así manifestada habrá resultado decepcionante: hubieran preferido una represalia masiva y por lo tanto criticable que, además de dejar malparada a la superpotencia, hubiera servido para sacar la lucha contra el terrorismo de la lista de prioridades internacionales. Sin embargo, el que los norteamericanos hayan optado por un esfuerzo menos espectacular -y en consecuencia menos mediático-, pero mucho más serio y sistemático, no quiere decir que en el fondo poco haya cambiado. Por el contrario, significa que los países más poderosos del mundo entienden que la «guerra» destinada a reducir el terrorismo al mínimo inextirpable será permanente. Mal que les pese, todos los gobiernos, movimientos políticos y personas tendrán que adaptarse a esta realidad desagradable.

Para muchos políticos y otros es tentador resistirse a tomar en serio la «dureza» de aquellos norteamericanos y europeos que dicen que considerarán enemigos a quienes se nieguen a solidarizarse con ellos, pero en vista de la naturaleza del enfrentamiento que cobró tanta intensidad a raíz de los ataques del 11 del mes pasado no les quedan muchas alternativas. Puesto que por definición el «neutral» es el que se rehúsa a cooperar con ningún contrincante, negarse a tomar partido en este conflicto implicaría obstaculizar el trabajo de los comprometidos con la defensa de la vida de quienes podrían morir a causa de nuevos atentados terroristas, o sea, equivaldría a actuar como cómplice de los partidarios de la muerte. Es por eso, y no sólo porque Estados Unidos es un país muy fuerte y rico que está en condiciones de provocarnos muchos perjuicios, que la neutralidad, la pasividad o la falta de interés no constituyen opciones genuinas. Acaso la situación sería otra si fuera cuestión de una lucha entre dos potencias rivales, pero ocurre que por ahora cuando menos ni siquiera los fanáticos religiosos que se llaman los talibanes han procurado argüir que el asesinato de miles de personas en Estados Unidos fue un acto de guerra legítimo, no un crimen de lesa humanidad.