Hay consenso para reformar la Carta Orgánica

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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- A juzgar por la abundancia de proyectos reformistas y el interés demostrado por los concejales y también por el Ejecutivo, todo indica que esta ciudad tendrá el próximo año una nueva Carta Orgánica.

El intendente Alberto Icare anunció el mes pasado que promoverá una reforma para volver al sistema de gobierno en comisión, por el cual el titular del Ejecutivo también preside del Deliberante. Pero hasta ahora no presentó iniciativa alguna.

En el Concejo hay sin embargo cuatro proyectos distintos que están a consideración de la comisión de Gobierno y Legales. La presidenta, Graciela Di Biase, anunció que el lunes citará a los partidos políticos para ampliar el análisis del tema. La voluntad mayoritaria entre los ediles sería la de aprobar cuanto antes la ordenanza declarando la necesidad de la reforma y convocando a elecciones para convencionales.

Entre otros puntos débiles de la COM vigente desde 1996, los reformistas señalan la falta de herramientas sancionatorias para el intendente que incumple sus obligaciones, la debilidad de las atribuciones del Tribunal de Faltas y la falta de vías formales de participación para los distintos sectores de la comunidad.

A tono con los tiempos que corren, algunas de las propuestas también apuntan a disminuir «el costo de la política», bajando el número de concejales.

Di Biase opinó que «sin dudas la reforma va a salir, porque hay un reclamo muy fuerte en ese sentido» y señaló «el ahorro y la operatividad» como los dos valores que deberá garantizar el nuevo texto.

Observó puntualmente que el principal problema a resolver «es la permamente disociación entre el Ejecutivo y el Deliberante». Esa dificultad se evidenció especialmente desde 1995 en adelante, con el agravamiento de la crisis económica del municipio.

A juicio de Di Biase, habrá que dotar al Tribunal de Cuentas de «facultades sancionatorias y correctivas», por ejemplo cuando el Ejecutivo no cumpla con la presentación de balances, como ocurrió desde el 96 hasta la fecha. Hoy sólo puede formular denuncias en la Justicia.

Los cuatro proyectos ya presentados son los siguientes:

– El 092/2000, de los concejales Di Biase, Icare (MUP) y Walter Arneodo (UCR). Convoca a modificar sólo el capítulo III, referido al gobierno municipal, con el propósito de redefinir funciones y establecer «sanciones rápidas y efectivas a quienes se aparten de ellas».

– El 354/2001, de Claudio Lueiro (PPR). Es el que propone la reforma más amplia, ya que somete a revisión 8 de los 11 capítulos vigentes. Apunta a corregir las distorsiones generadas por la descentralización» administrativa hacia los municipios y la creciente participación de las «organizaciones libres del pueblo» en la vida pública.

– El 495/2002, de Susana Rainone (MID). Postula la restitución del gobierno «de comisión», como rigió hasta 1986, y la «modernización» del empleo público, incorporando valores como «productividad, idoneidad y eficiencia». Además propone crear un Consejo Económico y Social, para asegurar la participación de distintos sectores de la ciudad.

– El 560/02, de Hilda Benítez (UCR). Es el único que puntualiza la conveniencia de reducir a siete el número de concejales (o uno cada 20 mil habitantes) y que sus retribuciones estén atadas a las de los empleados de planta. También habla de mecanismos para garantizar el «trabajo conjunto» entre Ejecutivo y Legislativo, un método sucesorio sin necesidad de nuevas elecciones y facultades sancionatorias para el Tribunal de Cuentas.

En todos los casos, los 15 convencionales que resulten electos deberían trabajar «ad honorem». La COM obliga a convocar el comicio en forma separada de cualquier otro y organizarlo llevaría no menos de 90 días. De modo que si el proceso se inicia este mes o el próximo, alcanzaría el tiempo para tener lista la reforma antes de la elección del próximo intendente.

Tensión y malestar entre los beneficiarios del programa en Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La incertidumbre abierta para los 2.600 beneficiarios del plan «Jefes y Jefas de Hogar 1» recién se disipará el lunes, cuando la Nación remita -si no incurre en una nueva demora- los listados definitivos que regirán para Bariloche hasta diciembre de 2002.

Durante toda la semana, representantes de los planes peregrinaron por la oficinas del Ejecutivo y el Deliberante en busca de una respuesta hasta ayer inexistente.

El temor a la caída de subsidios, manifestado por los beneficiarios que a diario palpan las falencias de la prestación universal de Nación, se tradujo ayer en un profundo malestar que amenazó con convertirse en acciones directas de protesta la semana próxima.

El responsable del área de Empleo del municipio, Fernando Del Campo, explicó que «recién el lunes tendríamos los listados definitivos con las altas que regirán hasta fin de año para Bariloche».

El funcionario reconoció que existe «una presión lógica ejercida por la gente que no sabe qué va a pasar con su subsidio», la que por momentos se traduce «en situaciones de mucha tensión».

Hasta el 31 de julio Bariloche contaba con 4.876 cupos laborales, repartidos entre la primera y la segunda etapa del plan, que tampoco alcanzaba a cubrir la totalidad de la demanda social, estimada en unos 7.000 necesitados. A partir de agosto los 2.600 inscriptos reconocidos en la primera etapa de la prestación universal quedaron suspendidos sin más explicación.

Desde la instrumentación del plan «Jefes y Jefas de Hogar» a nivel nacional, el reconocimiento de beneficiarios en Bariloche mantuvo una dinámica difícil de seguir y monitorear. A principios de julio, fue necesario que Del Campo viajara a Buenos Aires para corregir los registros en persona y facilitar la habilitación de 1.500 beneficiarios que «había quedado en el limbo, sin ningún tipo de calificación».

Los datos suministrados por el municipio con respecto a las altas y bajas de inscriptos, mantuvieron como constante la variación permanente de cupos y la incertidumbre en cuanto a la vigencia de los mismos. Incluso los 2.276 beneficiarios de la segunda etapa del plan cobran con un mes de atraso respecto de otras localidades.

La ausencia de una gestión clara en el campo social que asuma política y administrativamente la defensa de los cupos y la necesidad de una mayor cobertura, también conspiró contra los directos destinatarios de la ayuda social.

Desde su asunción, la gestión de Alberto Icare carece de un interlocutor válido y preciso en el área social. La secretaría hoy acéfala soportó dos recambios de conducción y en los sucesivos reemplazos la información sobre planes de empleo, asistencia alimentaria y entrega de leña (entre otros aspectos) resultó poco clara y hasta contradictoria. Incluso ayer, con una entrevista pactada, fue imposible conseguir un informe claro del asesor a cargo del área social, Felipe Sutija.