Hay ejecución fiscal por fraude estatal, pero no logran notificar al condenado en Río Negro

El Estado busca recuperar 3,4 millones de pesos por designaciones falsas en la Provincia, descubiertas en el 2014.

La Justicia resolvió la ejecución de bienes contra un ex funcionario por casi 3,4 millones de pesos por designaciones apócrifas de cargos públicos y los cobros de sus salarios, que se descubrió en el 2014. La restitución económica al Estado se dificultó. No se logra notificar al condenado. Hoy se informó de un nuevo domicilio.

Se trata de Gabriel Limardo, que fue director de Recursos Humanos de Gobierno, durante la primera gestión de Alberto Weretilneck. Se los responsabilizó por dos hechos: el nombramiento de tres directoras con decretos falsos, durante casi 10 meses (del 2013 y del 2014), y la designación de 11 agentes penitenciarios, durante abril y mayo del 2014.

En octubre el 2016, el exfuncionario fue condenado por “fraude contra la administración pública”, en un “juicio abreviado”, fijándose una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso”, “inhabilitación perpetua para cargos públicos” y “300 horas de trabajos no remunerados”.

Por su parte, en marzo, recayó el reclamo por el perjuicio en la Justicia, previa condena del Tribunal de Cuentas y su trámite posterior de la Fiscalía de Estado.

El perjuicio en el 2014 se estimó en casi 800 pesos pero, a fines del 2019, el órgano de control estableció un perjuicio de casi 2,6 millones. Limardo no apareció para acordar voluntariamente su devolución entonces el trámite -en agosto del 2020- fue derivado a la Fiscalía para que “proceda al cobro del cargo por vía judicial”.

Ese organismo solicitó su ejecución fiscal por 4,1 millones por la aplicación de intereses y otros gastos. Días después, el juez Leandro Oyola hizo lugar a la medida por $ 3.391.978,61, en forma provisoria, “sujeta a la liquidación definitiva”.

Esa resolución del 19 de marzo todavía no fue notificada. Hasta hoy, el último movimiento del mencionado expediente era la publicación de fines de junio del edicto de citación de Limardo.

Antes, no fue posible hacerlo en la residencia declarada porque “no vive más allí”, según los registros del juzgado Civil N° 1 (hoy Unidad Jurisdiccional). Ayer, se cargó que la Fiscalía informó de un nuevo domicilio en Carmen de Patagones.


Pésimo presagio para la causa de estafa al Ipross


Siete años lleva el derrotero del Estado rionegrino tratando de recuperar el perjuicio de la causa de los “empleados fantasmas”. Fueron unos 800 mil en el 2014 y, en marzo pasado, el reclamo ascendía a los 3,4 millones de pesos.

Una ratificación de la modorra que ya se ha visto en otros procesos para investigar y recuperar aquellos recursos extraídos -con fraude- de la administración pública.

Y un pésimo presagio de lo que ocurrirá en la reciente demanda iniciada en el ámbito contencioso administrativo por la estafa al Ipross.

No sólo porque el monto inicial a recuperar es 20 veces más alto que en el caso del exfuncionario del Ministerio de Gobierno.

El desaliento en la estafa a la obra social se instala también por la escasa predisposición del Estado para determinar si dentro de su estructura hubo complicidad o una grave omisión ante el accionar de representantes del sector farmacéutico, que facturaron y cobraron dinero que no les correspondía.

Este escándalo público lleva dos años y medio, pero dentro de la obra social nadie apareció hasta ahora ni siquiera incómodo.

Y este ritmo, la tranquilidad parece garantizada por más tiempo más, o tal vez para siempre.


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