Estafa al Ipross: activan la demanda para recuperar más de 70 millones

La Fiscalía de Estado de Río Negro inició el proceso contencioso administrativo contra los imputados en la causa penal, pero también contra el Colegio de Farmacéuticos. Malestar en la entidad que agrupa a los prestadores de toda la provincia.




Las esquirlas del escándalo por la millonaria estafa al Ipross empezaron a llegar a todos los farmacéuticos de Río Negro. El Estado provincial activó el proceso contencioso administrativo para recuperar la enorme suma del perjuicio y la primera consecuencia directa fue la inhibición general de bienes del colegio que agrupa a los profesionales en la provincia.

Esa medida fue autorizada días atrás por la Cámara Civil de Viedma y alcanza también a los siete imputados en la causa penal, quienes están acusados por una defraudación superior a los 70 millones de pesos, según las estimaciones oficiales iniciales.

El fallo firmado por la jueza María Luján Ignazi -publicado en la web oficial del Poder Judicial- establece que los acusados y el Colegio de Farmacéuticos no podrán en adelante disponer libremente de sus bienes muebles e inmuebles, como paso precautorio para “evitar modificaciones patrimoniales direccionadas a alcanzar un estado de insolvencia”.

La inhibición general es la primera acción concreta el ámbito contencioso administrativo, luego de que el 13 de agosto pasado la Fiscalía de Estado de la provincia presentara una demanda por daños y perjuicios, a partir de los hechos que se descubrieron a principios del 2019 en una farmacia de Roca, con una caja llena de recetas que generó dudas y permitió revelar luego una compleja trama de acciones irregulares para cobrarle al Ipross mucho más de lo que correspondía.

La demanda contra los imputados era un paso lógico dentro de la historia, pero el elemento novedoso tiene que ver con el reclamo formal a la entidad que agrupa a todos los farmacéuticos de la provincia, que fue precisamente la que presentó la denuncia penal en mayo del 2019, revelando las graves irregularidades.

Tres razones centrales explican ese camino y fueron detalladas por fuentes oficiales, que dialogaron con RÍO NEGRO sobre el proceso.

En primer lugar, la responsabilidad contractual. El convenio que vincula a los farmacéuticos con la obra social del Estado provincial no es directo y particular, sino a través de la institución que los representa. Por lo tanto, es la entidad la que debe responder por las anomalías que se presenten.

Segundo punto, la responsabilidad por los dependientes. En la causa penal está involucrada la exauditora del Colegio de Farmacéuticos y la sospecha es que al menos una de las modalidades delictivas se ejecutó en la sede de la entidad, a partir de la adulteración de registros previos al envío de la documentación al Ipross, para que realice los pagos.

Y finalmente, la responsabilidad por la red de prestadores. Para la Fiscalía de Estado, el colegio fue el que puso a disposición de los afiliados a las cinco farmacias donde se descubrieron estas irregularidades, por lo tanto debe asumir esa carga para el resarcimiento patrimonial.

Ahora bien, ¿se puede presentar una demanda de este tipo cuando todavía no está resuelto en el fuero penal si los acusados son responsables por los delitos investigados?

Se puede presentar, pero no se puede resolver”, respondió la fuente oficial consultada, confirmando que el destino de esta causa está íntimamente relacionado con lo que ocurra en el legajo principal.

En su pedido de inhibición, los representantes de Fiscalía de Estado fundamentaron que “la verosimilitud del derecho estaría dada por el avanzado estado de la causa penal, en la que ya se ha procedido a concretar la audiencia de formulación de cargos en función de la profusa evidencia presentada por el Ministerio Público Fiscal y la Querella, ya que en doctrina de la Corte Nacional, no se requiere para su dictado un examen de certeza, sino que, y por el contrario, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad de los decretos de esta naturaleza”.

En ese sentido, advirtieron que hay un “peligro en la demora” comprobado “a partir de la magnitud económica de los hechos objeto de la presente (70 millones de pesos)”. Por eso pidieron “evitar la posible insolvencia de los demandados”.

Antes de resolver a favor del pedido de inhibición general de bienes, la jueza Ignazi sostuvo en su fallo que “causas como la presente, exponentes de un cierto grado de complejidad por encontrarse precedidas de un trámite penal y por la existencia de un complejo litisconsorcio pasivo, justifican la toma de decisiones de esta particular singularidad cuando quien peticiona lograr, como en el caso, mostrarse legitimado para temer que, durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial, los derechos litigiosos puedan sufrir un perjuicio inminente o irreparable”.

La magistrada destacó que “ello no solo se vincula con la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, sino también con la imposibilidad de conocer en esta instancia embrionaria del proceso la existencia y suficiencia de bienes susceptibles de embargo”.


“Así, a nadie le van a quedar ganas de denunciar nada”


La dirección de la demanda que definió la Fiscalía de Estado no cayó para nada bien entre las autoridades del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

El actual presidente de la entidad, Roberto Zgaib, dijo que es evidente que la investigación está apuntando hacia un solo sector, cuando desde un principio quedó claro que este tipo de maniobras nunca podrían haberse concretado sin la participación o al menos la omisión deliberada de funcionarios públicos.

“Todos debemos estar sometidos a la Justicia y no hay problemas en que se investigue cuáles fueron los hechos que ocurrieron en farmacias y en el Colegio. Pero parece que acá se están olvidando de preguntar quién intervino de Fiscalía de Estado para la firma del convenio, quién se encargaba en el Ipross de verificar los montos pagados. Pasaron varias autoridades por la obra social… ¿en ninguna gestión se dieron cuenta de lo que estaba pasando?”, cuestionó.

Zgaib recordó que fueron los propios miembros de la anterior Comisión Directiva los que presentaron el caso ante la Justicia, para que se abra la investigación.

Ante eso, consideró que este nuevo escenario representa “una apretada a todos los que se animan a denunciar corrupción”.

“Si por denunciar un acto de corrupción, como la estafa al Ipross, donde nosotros denunciamos a nuestros propios colegas, nos llevan a juicio, a nadie le van a quedar ganas de denunciar nada”, interpretó.

El Colegio de Farmacéuticos denunció las irregularidades, mientras el gobierno provincial miró para otro lado, cuando la auditoria final era responsabilidad de Ipross, según el convenio que estaba firmado.

Roberto Zgaib, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

Quiénes son los acusados

El proceso por daños y perjuicios que inició la Fiscalía de Estado de la provincia es contra siete personas y una institución, el Colegio de Farmacéuticos de Río Negro.

Entre los demandados, seis están directamente relacionados con farmacias. Tres son propietarios: Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró. Dos son extitulares de la farmacia donde se descubrió el escándalo: Marcela Gil y Marianela Guidi.

En tanto, Cecilia Balladini era la esposa de Caffaratti y quedó involucrada porque varios de los pagos investigados salieron a su nombre. Esta mujer fue la única que habló durante la audiencia de formulación de cargos, asegurando que es inocente y pidiendo que la desvinculen de la causa “para limpiar mi nombre”.

En esa instancia sostuvo que sólo intervino “en algunas diligencias o trámites que me solicitaron”.

Finalmente, la séptima demandada es Sandra Fasano, exauditora del Colegio de Farmacéuticos y sobre quien se busca determinar si tuvo responsabilidad en las facturaciones irregulares al Ipross.


Un proceso atado a la causa penal


Pasarán años antes de conocer si alguien deberá responder con su patrimonio por los “daños y perjuicios” al Estado en el marco de la estafa al Ipross.

Primero, porque el expediente contencioso administrativo está ligado directamente a la causa penal y en ese proceso acaba de dictarse una prórroga en los plazos, que permite extender la investigación preliminar hasta el 30 de septiembre del 2022.

Recién después de esa etapa debería llegar el juicio y ante una eventual declaración de responsabilidades, quedaría abierto el camino para avanzar sobre los condenados en el fuero civil.

En ese terreno también habrá que lidiar con los tiempos que demandan las notificaciones, informes sobre dominios y otros trámites burocráticos que habitualmente hacen muy lentos los procesos.

En el legajo penal los fiscales pidieron más tiempo porque todavía no se completaron pericias clave, destinadas a determinar montos y confirmar “la ruta” de las irregularidades en la facturación al Ipross.

Cabe recordar que en la formulación de cargos se habló de tres hechos delictivos específicos:

El primero tuvo dos modalidades: una fue la generación de recetas de medicamentos para diabetes o epilepsia por parte de la exauditora del Colegio de Farmacéuticos, cuando esos remedios nunca fueron vendidos a afiliados de la obra social. Y la otra fue la creación de recetas falsas a partir de códigos de validación de recetas reales, pero que otras farmacias cancelaron o anularon.

El segundo hecho fue la modificación en el Colegio de recetas previamente validadas por las farmacias Tucumán, Santa Teresita y Araucana, agregando medicamentos del rubro epilepsia o diabetes nunca vendidos a afiliados.

El tercer hecho está centrado en “cargas ficticias” en las farmacias. “Todos los imputados generaban o modificaban recetas incluyendo medicamentos”, detallaron los fiscales, precisando que fueron 11 remedios para epilepsia o diabetes los facturados a la obra social luego de un procedimiento ilegal.

Rosbaco, abogado de Fiscalía de Estado, que inició el proceso contencioso administrativo.


Oficios y notificaciones


Los oficios para informar la inhibición general de bienes terminaron de enviarse la semana pasada hacia distintas jurisdicciones del país.

Una vez completado ese trámite se prevé que empiecen las notificaciones formales a todas las partes, según pudo saber Río Negro de fuentes oficiales.

Los oficios fueron enviados a los Registros de la Propiedad Inmueble de Río Negro, Neuquén y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También a la Dirección Nacional del Registro Automotor y del Crédito Prendario.


La inhibición y el embargo anterior


Los siete imputados en la causa penal por la estafa al Ipross ya sufrieron una inhibición general de bienes en el marco de ese proceso. La medida fue dictada en febrero del 2020, por un lapso inicial de cuatro meses, que luego se prorrogó.

En ese momento, la jueza de garantías Natalia González también dispuso el embargo preventivo del dinero girado por Ipross al colegio para el pago de las supuestas ventas de medicamentos en las farmacias investigadas. El embargo original sólo comprendía el primer trimestre de 2019 y a principios del 2020 se ampliaron los plazos.

Esa cautelar tuvo alcance sobre “aquellas sumas de dinero que el Colegio de Farmacéuticos haya recibido por parte de Ipross para ser pagadas a todos los imputados en función de los convenios de prestación vigentes y/o a las farmacias por ellos oportunamente dirigidas”.


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