Hay niños que llevan 14 años en hogares estatales de Neuquén

Lo atribuyen a la burocracia, la falta de comunicación y la desconexión entre áreas del estado. Lo revelaron durante un concurso para elegir juezas de Familia.



Adriana Saralegui: “tenemos una imposibilidad práctica de cumplir con los plazos que marca la ley”. (Gentileza)

Adriana Saralegui: “tenemos una imposibilidad práctica de cumplir con los plazos que marca la ley”. (Gentileza)

En 2005 el gobernador de la provincia era Jorge Sobisch. Lo fue dos años más, después cumplió dos mandatos Jorge Sapag y ahora está a punto de completar su primer turno Omar Gutiérrez. Por ese entonces había juezas de Familia que ya se jubilaron, y abogadas que recién iniciaban su carrera y hoy se postulan para ocupar esos cargos. Desde aquel año que parece tan lejano, hay niños, adolescentes ya, que viven en hogares o con familias sustitutas. Todas las administraciones que pasaron, todos los presupuestos que se consumieron, no alcanzaron para resolverles su situación. Y dicen que fue por problemas de comunicación.

Así quedó expuesto durante el concurso para elegir una jueza de Familia de Neuquén, que se definirá este martes. En las entrevistas personales que realizó el Consejo de la Magistratura con las candidatas, se reveló que hay adolescentes que están bajo medidas excepcionales desde hace 14 años, como máximo, y otros desde hace 13, 10 u 8.

La postulante Adriana Saralegui, actual secretaria del juzgado de Familia 3, lo atribuyó a desconexiones y falta de comunicación entre las numerosas áreas del Estado que intervienen en el proceso. Afirmó que “tenemos una imposibilidad práctica de cumplir con los plazos que marca la ley”.

En tono similar respondió Andrea Novoa, secretaria del juzgado de Familia 1. Son dos de las que tienen mayores posibilidades de ganar.

Saralegui explicó ante los consejeros que “el Estado trata de garantizar derechos. Cuando no se pueden cambiar determinadas omisiones de los progenitores que están vulnerando derechos de sus hijos, se toma una medida excepcional. Ahí tenemos el primer desfasaje: se ingresa al niño a un hogar y empieza a trabajar otro equipo” (de psicólogos y asistentes sociales) desconectado del anterior, con un plan de intervención nuevo.

Aseguró que “no hay falta de voluntad ni desidia. El problema es que una familia es intervenida por distintas partes del Estado: Salud, Educación, Vivienda. Interactuamos entre todos. Como jueza necesito coordinar con todos”.

La candidata señaló que “el Poder Judicial no puede proceder al reintegro de un niño a su familia extensa, o al hogar de origen, si no cuenta con una evaluación positiva”, pero los informes se demoran “por falta de dinamismo, de comunicación” entre las áreas que intervienen.

Puso como ejemplo que “cambian los operadores, se enferman, toman licencia”, y dijo que “sería más rápido con notificaciones por mail, pero algunos lugares no tienen internet”.

A veces aparece “la imposibilidad práctica de los progenitores de cumplir con un tratamiento de adicciones o psicológico, por no tener tiempo, o porque se trunca el tratamiento”.

Propuso como posible solución “más audiencias interdisciplinarias” pero con la asistencia de “personas con capacidad de decisión”.

Novoa dijo por su parte que “tenemos que reconocer que hay un fracaso del Estado, esa situación no puede darse. Si en su momento se tomó una medida excepcional para separar al niño del riesgo, ha pasado la mitad de su vida sin que se defina su situación jurídica”.

Admitió que “estamos obligados a resolver con plazos concretos” pero dijo que “en el camino nos topamos con dificultades”.

“Una de ellas son las demoras en la remisión de los informes por parte de los equipos técnicos. La notificación electrónica haría que se avance más rápido”, indicó.

Coincidió con Saralegui en que “a veces se alega el cambio del equipo técnico, o uno de los integrantes se enferma. Son cosas que pueden pasar, pero esto no se puede extender en todos los casos y todas las situaciones”.


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