Hipocresía y demagogia

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Jorge Colina (*) DyN

El Congreso de la Nación aprobó una ley impulsada por el oficialismo que prohíbe el cobro por la enseñanza y los exámenes de ingreso a las universidades públicas. En particular, la nueva ley veda a las universidades públicas la imposición de cualquier tipo de arancel o tarifa, no sólo a los alumnos sino también a cualquier entidad pública o privada, por ofertar educación. Asimismo, establece que el ingreso a las universidades debe ser libre e irrestricto y que estas deben prever cursos de nivelación. El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados en el 2013, es decir que permaneció dos años en el Senado sin tratamiento. Resulta sugerente que su sanción se produzca sin grandes debates previos en un contexto político signado por el resultado electoral adverso para el oficialismo en la primera vuelta y a pocos días del balotaje. La meta declarada del proyecto es dar acceso a la universidad a los hijos de las familias de menores ingresos a través de la prohibición del arancelamiento y el ingreso irrestricto. Para evaluar la eficacia de estas medidas hay que indagar en las barreras que actualmente restringen el acceso a la educación superior. Sobre la base de datos del Ministerio de Educación de la Nación se puede estimar de manera aproximada que sólo el 38% de los adolescentes termina la secundaria en la edad programada; entre los que asisten a escuelas privadas el 59% y entre los que van a establecimientos estatales, el 31%. Estos datos muestran que la mayoría de los adolescentes tiene problemas para terminar la educación media, ya que prácticamente seis de cada diez jóvenes no finalizan la secundaria en tiempo. El problema es mucho más intenso entre los alumnos de las escuelas estatales, que en general es a las que concurre la gente de menores ingresos. Allí, siete de cada diez adolescentes se retrasan o no terminan la secundaria. Es evidente, entonces, que la principal barrera que enfrentan los adolescentes argentinos para acceder a la educación superior es que no terminan en tiempo la secundaria. La ley sancionada por el Congreso está impregnada de hipocresía, demagogia y mediocridad. Se promete gratuidad y eximición de exigencias académicas para acceder a la universidad cuando una enorme proporción de jóvenes, especialmente los más pobres, tiene el acceso vedado por la mala calidad de la educación básica. Apenas el 12% de los egresados de la educación superior integra los hogares pobres, mientras que más de la mitad se ubican en los tres deciles de mayores niveles de ingreso que, en su mayoría, egresaron de escuelas de gestión privada. Los aspectos más contradictorios y perversos de la ley son disponer que las universidades deben enseñar a los jóvenes lo que no aprendieron en el Nivel Medio, que a la gente de altos ingresos se les garantice universidad totalmente gratis y asumir que, para los más pobres, alcanza con prometerles el acceso sabiendo de antemano que nunca lo podrán concretar porque no terminan la secundaria. El cambio que necesita el sistema educativo argentino es una escuela secundaria más inclusiva y con elevada calidad de los aprendizajes. Esto requiere modernizar contenidos, elevar exigencias académicas, incorporar tecnología y equipamiento para el aprendizaje y, fundamentalmente, transformar las reglas laborales para estimular y premiar a los docentes que se comprometan con la formación de sus alumnos. En paralelo, establecer un sistema de becas y préstamos promocionados de largo plazo para posibilitar que las familias de más bajos ingresos mantengan a sus hijos en la educación media. La promesa de gratuidad e ingreso irrestricto a la universidad sólo se puede entender como un recurso de última instancia para tratar de convencer a la población para que con su voto le permita al oficialismo permanecer en el poder. Apelar a la demagogia y el populismo en la competencia electoral degrada el sistema democrático. Pero más grave aún es que se apele a leyes que no sólo contienen promesas incumplibles y futuras frustraciones, sino que agregan nuevos factores de degradación de la educación argentina. En este sentido, la apuesta por la mediocridad es el legado más negativo que deja esta nueva ley. (*) Economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa)


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