Imagen criminal

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¿Significa la apelación de los fiscales contra el dictamen del juez Carlos Liporaci que estamos más cerca de saber la verdad sobre el “escándalo del Senado” que el año pasado puso en peligro la gestión del presidente Fernando de la Rúa? A juzgar por el lenguaje que emplearon Eduardo Freiler y Federico Delgado al pedir el procesamiento de siete de los once senadores que figuraban en la lista del juez, el caso debería aclararse muy pronto, pero la verdad es que, cierta retórica aparte, no han aportado nada nuevo porque en su apelación no aluden a más pruebas concretas que las ya conseguidas por el magistrado cuyo fallo rechazan con desprecio. Así, pues, aunque parece convincente la evidencia circunstancial que Freiler y Delgado resumieron en su escrito, todavía no es suficiente como para asegurar que los involucrados en lo que calificaban de una “prolija empresa criminal, perfectamente diagramada por algunos sectores del Poder Ejecutivo Nacional y de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación” sean procesados primero y entonces, si son culpables, encarcelados. Además, si bien los fiscales se vieron obligados a intentar definir lo que a su entender constituía el contexto político en el cual se habría producido la compra de los votos de los senadores peronistas por considerarlo fundamental, su forma de hacerlo ha permitido tanto a los acusados mismos como al presidente De la Rúa, al ministro del Interior, Federico Storani, y a la plana mayor de la UCR quejarse por “el sesgo político” así manifestado.

Según De la Rúa, “lo que precisamos los argentinos en este momento es que se agoten las instancias de investigación” para “que no quede flotando un manto de sospecha”, pero tal como están las cosas, sin condenados es nula la posibilidad de que “haya certidumbre sobre la verdad definitiva, judicial y política”. Que sea así puede considerarse injusto -en teoría por lo menos, es factible que en esta ocasión no hubiera ninguna irregularidad-, pero también es lógico. Después de todo, la convicción generalizada de que varios senadores, tal vez muchos, vendieron sus votos al gobierno a cambio de fuertes sumas de dinero con toda probabilidad facilitadas por la SIDE no se basa meramente en lo que se supone sucedió en el Senado a mediados del año pasado. Es consecuencia de una multitud de denuncias y actitudes que se han registrado en el mundillo político desde antes de la restauración de la democracia en 1983 que, en su conjunto, ha hecho pensar que los senadores acusados, y muchos otros, estarían más que dispuestos a vender sus votos al mejor postor. También, obvio es decirlo, los más llegaron hace mucho a la conclusión de que el gobierno de turno no vacilaría en “invertir” millones de dólares coimeando a políticos opositores para que aprobaran leyes importantes, razón por la cual a muchos les pareció natural que lo haya hecho el encabezado por De la Rúa. De no haber sido por el desprestigio así supuesto, pocos hubieran tomado en serio las denuncias más recientes, pero por ser tan mala la imagen colectiva de los senadores, virtualmente nadie cree sinceramente en su inocencia. En efecto, hasta los deseosos de defenderlos lo hacen hablando no de la honestidad de los políticos en el banquillo, sino de los riesgos que plantearía ya a De la Rúa, ya a la economía del país, una crisis institucional.

Frente a esta situación nada satisfactoria, la “solución” menos mala consistiría en que ningún senador intente ser reelegido: sólo así podría convencer a los nada idóneos de que la negativa a postularse no equivaldría a una confesión de culpabilidad. De lo contrario, el nuevo Senado directamente elegido encontrará entre sus miembros a individuos como Augusto Alasino y otros ya acusados de enriquecimiento ilícito, asegurando de este modo que nazca envuelto en un “manto de sospecha”. En cuanto al gobierno mismo, de no hallarse pruebas contundentes no habrá forma alguna de convencer a la ciudadanía de que se ha reformado pero ocurre que, afortunadamente para De la Rúa, la mayoría parece haber decidido que en la actualidad el Poder Ejecutivo es menos corrupto que el Legislativo o el Judicial, motivo por el que aún no lo han perjudicado demasiado las dudas provocadas por el drama vergonzoso, que dista de haber culminado, de los presuntos sobornos en el Senado.