Incidente sintomático

En algunos países de normas muy severas, un político que mintiera descaradamente sobre sus propios ingresos tendría que cambiar de oficio: tanto sus allegados como sus adversarios, además de «la gente», mandarían al purgatorio por mucho tiempo a un personaje tan poco digno de confianza. Aquí, empero, el clima moral suele ser mucho más permisivo, de suerte que a la ex actriz Irma Roy no se le ocurrió renunciar en seguida a su candidatura a diputada nacional por la coalición Nuevo País del ex ministro del Interior Gustavo Beliz, uno de los muchos políticos que han hecho de «la ética» una bandera de lucha, a pesar de haberse visto obligada a confesar haber mentido cuando, en el curso de un programa televisivo, había negado que cobraba una «jubilación de privilegio» de 4.500 pesos mensuales, suma a la cual agrega una pensión y su dieta como legisladora porteña. Luego de declarar, «no sé por qué dije una mentira», Roy pareció dar por descontado que su público lo perdonaría: de lo contrario, hubiera anunciado su intención de alejarse inmediatamente del mundo de la política, aceptando que una propensión que podría considerarse propia del teatro está fuera de lugar en ámbitos en que sería mejor que quedaran bien separadas la ficción y la realidad. Asimismo, aunque sorprendería que otros políticos, entre ellos sus propios compañeros, no hubieran sabido muy bien que una jubilación especial le aseguraba casi la mitad de sus ingresos, hasta hace muy poco ninguno había manifestado interés alguno por el asunto. Además, en un país tan sensibilizado como el nuestro, a los colaboradores de cualquier candidato les convendría prepararlo para hacer frente a las preguntas relacionadas con sus ingresos que tarde o temprano se formularían, pero es evidente que muy pocos están dispuestos a darse el trabajo de preocuparse por tales detalles, lo cual tiene su lógica en una época en que lo único que realmente cuenta es «la imagen».

Que la veterana militante peronista y por lo tanto amiga de los pobres no haya querido confesar que cobraba una «jubilación de privilegio» puede comprenderse: en la actualidad, escasean los dispuestos a defender esta modalidad que, gracias al sinnúmero de abusos que se han concretado, suele considerarse un producto más de la corrupción política. Sin embargo, el que a su juicio admitir la verdad pudiera haber dado lugar a malentendidos, por decirlo así, no hace que su actitud haya sido menos vergonzosa. Si no se sintiera capaz de reivindicar una práctica que la beneficiaba personalmente, Roy debió haber optado entre rehusar responder a las preguntas en torno de sus ingresos por un lado y, por el otro, procurar justificar dichas jubilaciones que, obvio es decirlo, existen en muchas partes del mundo, aunque, eso sí, en las democracias maduras los reglamentos correspondientes son muy estrictos. La tercera opción, la de mentir, sólo es concebible en el marco de una cultura política tan desdeñosa de la verdad que a nadie le importe demasiado lo que dicen los candidatos.

Como era de prever, los adversarios de la legisladora que, el año pasado, sorprendió a muchos en las elecciones porteñas al recibir más votos que el candidato peronista oficial, no tardaron un sólo minuto en intentar aprovechar el escándalo, acusándola de perjudicar a los demás jubilados que aportaron a los fondos. Sin embargo, el problema fundamental en esta ocasión no es que algunos cobren mucho mientras que la mayoría tenga que conformarse con muy poco -nadie ignora que la Argentina es un país casi tan desigual como el Brasil y que la «clase política» se las ha arreglado para sumarse a la elite acomodada-, sino que una política respetada por su «sinceridad» y por su «compromiso» haya intentado engañar al electorado de una manera tan excepcionalmente burda, que hace pensar que en los círculos que frecuenta -los del populismo peronista vagamente progresista de aires renovadores- su conducta es considerada normal, que si cometió un grave error no fue por querer ocultar la verdad sino por haberlo hecho con tanta torpeza, lo que sin duda refleja el desprecio casi ilimitado que sienten muchos políticos «populares» por quienes los subsidian.