Indagarán a Bernardi y peritarán su teléfono y PC
La defensa planteó una violación de archivos personales. El juez aclaró que no busca llamadas a “legisladores”.
CORRUPCIÓN DE MENORES/ VIEDMA
VIEDMA (AV).- El camarista penal Juan Bernardi fue citado a indagatoria para este jueves. También como imputado deberá comparecer ese día Julio Antueque, el encargado de mantenimiento de la chacra que tiene el juez a la vera de la Ruta Provincial Nº 1 en dirección al balneario El Cóndor. Ambos fueron citados a indagatoria en el marco de la investigación por presunta corrupción de menores y facilitación a la prostitución infantil.
Por otra parte el juez penal que lleva la causa, Favio Igoldi, rechazó por “improcedentes” dos planteos de nulidad presentados por la defensa de Bernardi referidos al acceso a registros de llamados telefónicos del camarista y al secuestro de su computadora.
En relación al primero de los planteos, Igoldi fundamentó que “del propio trámite principal surge que las víctimas y testigos presuntamente utilizarían celulares para comunicarse con personas que las corromperían sexualmente. Dicho esto, aparece como un medio de prueba razonable, lógico y acertado conocer las comunicaciones de los imputados para efectuar el debido confronte con las del coimputado y el grupo menores -víctimas y testigos-.”
Aclaró el juez que “la dirección del medio de prueba es esta y no verificar las comunicaciones que tuviera Bernardi con legisladores u otros funcionarios. Sólo se pretende conocer la existencia de los contactos y no su contenido”.
Puntualizó que “el proveído no dice que se informen llamadas telefónicas existentes entre Bernardi y tal o cual legislador o funcionario -conforme la preocupación del imputado-.”
En relación a la extensión temporal de los registros que serán analizados, Igoldi interpretó que la propia finalidad de la medida lo impone, ante la necesidad de verificar si el imputado se conoce con las víctimas y Antueque, “lo que puede ser útil ya sea en el lapso de imputación o el posterior”, aclarando que “no se pidió el registro de llamadas de los últimos diez años” pues eso “sería un absurdo”.
En relación al segundo planteo, la defensa de Juan Bernardi cuestionó que el secuestro del CPU de la oficina del juez aparece como violatorio de la protección de su intimidad, correspondencia personal e información secreta.
En ese marco el juez Igoldi detalló que “el ataque de la parte en nada pone en crisis conocer la verdad real y objetiva de los hechos -siendo un medio para ello verificar un medio electrónico que el imputado tiene a su disposición gran parte del día-.”
Igoldi entendió “como un exceso, innecesario, traer a colación la intención del Tribunal de conocer otras comunicaciones de Bernardi, mas allá del objeto procesal. Nada, ni una sola coma de los proveídos de autos da esa pauta. Claramente se intenta verificar comunicaciones o registros -o imágenes- exclusivamente relacionadas con el objeto procesal”.
CORRUPCIÓN DE MENORES/ VIEDMA
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