Inflación trucha

Se han equivocado aquellos empleados públicos bonaerenses que, con el apoyo de cohortes de sindicalistas, abogados y jueces, se han resistido a cobrar una parte de sus sueldos con «patacones» si realmente creen que la alternativa consiste en seguir percibiendo dinero auténtico. Como debería resultar evidente para cualquiera que sepa sumar, la provincia de Buenos Aires ya no cuenta con los recursos financieros necesarios, de ahí el «patacón», este paliativo inventado por el gobernador Carlos Ruckauf que por razones políticas no ha querido reducir de golpe los haberes de los empleados públicos relativamente mejor remunerados. Sin embargo, aunque los bonos así denominados le permitirán al gobernador demorar la hora de la verdad, no constituyen una «solución» para los problemas presupuestarios gravísimos que han sido ocasionados por su propia irresponsabilidad fiscal y por el desastre financiero que heredó de su antecesor y compañero Eduardo Duhalde. Por lo tanto, a los estatales bonaerenses les convendría aceptar los patacones para gastarlos o tratar de cambiarlos cuanto antes: puede que sean antipáticos, pero por ahora poseen cierto valor.

Si sólo fuera cuestión de superar algunas dificultades coyunturales, la emisión de bonos provinciales podría considerarse un expediente astuto, pero sucede que los «problemas de caja» de Buenos Aires y otros distritos distan de ser meramente pasajeros. Mal que les pese a los gobernantes, en adelante tendrán que manejarse con ingresos que sean muy inferiores a los disponibles, créditos y fondos nacionales mediante, en el pasado reciente, lo cual quiere decir que les será forzoso reducir drásticamente el gasto público. Pueden negarse a hacerlo por razones «humanitarias», «éticas» o «jurídicas», pero cuánto más se las ingenien para postergar el ajuste, más brutal resultará. Es que a esta altura ni siquiera les serviría para mucho intentar exprimir al sector privado que, tal como están las cosas, no está en condiciones de satisfacer el apetito insaciable de los diversos organismos estatales.

Como es natural, Ruckauf y otros mandatarios provinciales procuran hacer pensar que los bonos equivalen a dinero contante y sonante con la única diferencia de que imprimirlos no es inflacionario, pero la mayoría entiende muy bien que no poseen propiedades milagrosas. Si se tratara de dinero, sí serían inflacionarios, pero por fortuna todavía son pagarés, nada más, y su amortización eventual dependerá de la capacidad de los responsables de distribuirlos de encontrar dinero suficiente en el futuro. Pues bien: ¿es razonable prever que en una fecha no muy lejana el gobierno de la provincia tradicionalmente más rica y avanzada no sólo del país sino también de toda América Latina cuente con los recursos que le permitirían mantener un superávit permanente para que le sea posible honrar tanto las obligaciones corrientes como las supuestas por los patacones? A juzgar por lo sucedido en las semanas últimas, no parece demasiado probable que los políticos bonaerenses consigan ponerse a la altura del inmenso desafío que se les ha planteado.

A Ruckauf ya le ha resultado sumamente difícil convencer a los vinculados con el sector público provincial a conformarse con lo que es, al fin y al cabo, un atenuante destinado a amortiguar el impacto del desbarajuste que se ha producido en su jurisdicción y que ha brindado a algunos estatales una oportunidad, quizás la última, para buscar una alternativa a su empleo actual antes de encontrarse sin ninguna fuente de ingresos, pero el gobierno que encabeza apenas ha comenzado a emprender el programa de reformas radicales que serán necesarias para que un día supere la crisis. Sin embargo, a menos que lo haga pronto, no le será dado jamás convertir los patacones en dinero genuino. Así, pues, en última instancia el éxito de la maniobra será decidido por la capacidad de su gobierno y de su sucesor de instrumentar cambios tan profundos que a raíz de ellos Buenos Aires finalmente logre cerrar la brecha que separa las exigencias actualmente exageradas del sector público provincial de la capacidad por ahora menguada del sector privado para generar recursos.