Investigan bienes de Flamarique y De Santiabañes

El juez federal Gabriel Cavallo ordenó ayer una batería de medidas para investigar el patrimonio de los ex funcionarios Alberto Flamarique y Fernando de Santibañes, determinar si hubo negociaciones clandestinas en el Hotel Elevage para la sanción de la nueva ley laboral y avanzar sobre la posibilidad de que las presuntas coimas a legisladores hayan sido solventadas con partidas del propio Senado.

En esa línea de trabajo, Cavallo convocó a prestar declaración testimonial -el próximo 2 de marzo- al representante legal del Hotel Elevage, situado en el microcentro porteño, donde según algunas hipótesis hubo negociaciones secretas con vistas a la aprobación de la nueva ley laboral, sancionada en mayo del 2000. También libró un oficio al presidente provisional del Senado, Mario Losada, para que «con carácter urgente» remita a los tribunales la nómina de empleados del área de Tesorería y los registros de todos los subsidios y pensiones graciables concedidas por legisladores en el primer semestre del año 2000.

Y reclamó a Losada los informes contables sobre los ingresos anuales que percibe el Senado en todo concepto, así como los datos filiatorios del responsable de la administración de esos fondos.

Cavallo, que está a cargo de todos los expedientes que instruyó su suspendido colega Carlos Liporaci, hizo lugar a medidas que habían sido requeridas por la fiscalía y dispuso algunas diligencias por iniciativa propia.

En total, fueron ordenadas 33 medidas de prueba y las principales se detallan a continuación:

– Pista del Elevage: Según los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, en ese hotel hubo «reuniones secretas en las que se buscaba consenso» para aprobar la ley laboral, que el PJ y parte de la Alianza se negaban a votar. De los encuentros habrían participado Flamarique y Santibañes, sindicados por la fiscalía como «operadores de Ejecutivo», y los senadores Augusto Alasino (PJ) y José Genoud (UCR), ambos imputados en el caso. Y no está acreditada «la eventual concurrencia» de Enrique Nosiglia.

– Situación patrimonial: El juez pidió a la AFIP que informe sobre las declaraciones juradas patrimoniales y pago de tributos de Flamarique y De Santibañes durante el ejercicio 2000. Y encomendó al Banco Central que precise si ambos ex colaboradores del presidente De la Rúa poseen cuentas bancarias y cajas de seguridad, así como el detalle de movimientos de fondos y entidades en que operan. También se ha pedido una certificación de la causa que instruye la juez María Servini por oscuros manejos con inmuebles de la SIDE que figuran a nombre de testaferros que, en realidad, fueron o son empleados del organismo. Además, solicitó a la empresa American Express que reporte tarjetas extendidas en el exterior a los acusados en el expediente.

– Conexión Jujuy: Por alguna razón, el juez decidió profundizar sobre la situación patrimonial del senador del PJ Alberto Tell y libró oficios al Banco Nación, sede San Salvador de Jujuy, para que reporte los movimientos de una cuenta abierta a su nombre. Además, pidió al Banco de Galicia precisiones sobre tres depósitos efectuados en una cuenta del jujeño.

– El excalibur: Las empresas telefónicas y de telefonía celular deberán proporcionar a los investigadores los números de todas las líneas correspondientes a los senadores imputados en el caso y las que pertenecieron a Flamarique y De Santibañes hasta el 30 de abril del 2000. La SIDE, en tanto, deberá informar sobre los directos que utilizaba De Santibañes, jefe del organismo hasta octubre pasado, así como los asignados al Director de Finanzas, Juan Gallea. Y el Ministerio de Trabajo deberá precisar desde qué despachos y mediante qué líneas se comunicaban habitualmente Flamarique, y su ex segundo, Jorge Sappia. Con esos datos, el juez ordenará un entrecruzamiento de llamados del primer cuatrimestre del 2000, mediante el excalibur.

– La Banelco: El juez pidió datos que constan en sumario abierto por los disturbios en Congreso antes de la aprobación de la ley, y durante los cuales fueron heridos sindicalistas. En ese marco, se formularon las primeras acusaciones a Flamarique sobre la supuesta advertencia que habría hecho para obtener la sanción de la ley: «para los senadores, tengo la Banelco».

– Las pericias: Fue solicitada la incorporación a la pesquisa de un experto del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, para analizar información contable. Por otra parte, se encomendó a la Federal una pericia sobre las máquinas de escribir del Senado, para establecer si el libelo anónimo que denunció el presunto pago de sobornos pudo haber sidoescrito puertas adentro de la Cámara Alta. (DyN)