Jefes vitalicios

La marejada producida por el descontento popular con la actuación de la policía, en su desempeño en la investigación del triple crimen, se llevó consigo al entonces jefe de la Policía Rubén Eloseguy, pese a la estrecha relación que mantenía con el gobernador Verani y la evidente intención de éste de sostenerlo a cualquier precio.

Con más habilidad o con más suerte, el funcionario que lo reemplazó, Rogelio Lardapide, parece destinado a sobrevivir sin mayores padecimientos, pese a que el desempeño policial no solamente no ha mejorado respecto de la anterior gestión, sino que acumula nuevos y rutilantes fracasos en las investigaciones de los nuevos crímenes producidos en el período de su mandato.

En cualquier actividad pública o privada, la opinión sobre la gestión de los responsables de un área específica es determinante de la permanencia en el cargo o su reemplazo. Pero en la práctica, la elasticidad del criterio con que se aplica el nivel de tolerancia a los errores varía desde la a menudo efímera gestión de los directores técnicos de fútbol, fusibles descartables, despedidos sin mayores contemplaciones apenas el equipo pierde dos o tres partidos seguidos, hasta los funcionarios de amianto, que atraviesan sin contratiempos los incendios más devastadores.

Para quienes prefieren el bajo perfil, la calma de la rutina burocrática se acaba cuando ocurren hechos que conmueven a la opinión pública y los convierten, mal que les pese, en protagonistas centrales de la escena. Un escenario muy temido, porque en definitiva es inevitable que en tales circunstancias se pase revista a su gestión y se extraigan conclusiones sobre la conveniencia de su permanencia.

Es posible que en tales circunstancias puedan cometerse injusticias en la apreciación. Personas notoriamente incompetentes pueden pasar inadvertidas en su función y cumplir largos períodos de gestión sin contratiempos, en tanto que un acontecimiento imprevisto que no puede atribuirse más que a la mala suerte, puede arrojar a la basura una carrera sobresaliente.

¿Puede ser que el actual jefe de policía sea un competente e inteligente funcionario, a quien no puede culparse de los desaciertos de sus subalternos o que pese a sus méritos se enfrente con situaciones muy difíciles que arrojen injustamente sombras sobre un desempeño irreprochable? Puede ser, pero no parece ser el caso.

En principio, aun cuando se admitiera que la complejidad de los delitos excediera las exigencias razonables de capacidad que requiere el cargo, nada permite suponer que en la policía, en estos cuatro años que ha durado su función, se haya producido algún cambio o hayan existido iniciativas que creen expectativas favorables para el futuro. De manera que la incapacidad policial para resolver una cantidad inusitada de crímenes parece más el fruto de una dirección burocrática, que no parece haberse apartado un ápice de la rutina anterior, que de un fracaso inevitable a pesar de esfuerzos notorios por mejorar la calidad del cuerpo policial.

En el curso de los últimos años se ha producido en la región una cantidad escalofriante de crímenes irresueltos. Hay que admitir que el crecimiento de la población , la existencia de una desocupación endémica, la cercanía con una ciudad de crecimiento vertiginoso como es Neuquén y, para bien o para mal, el cambio en las costumbres han modificado el escenario tradicional y obligan a adaptarse a los nuevos tiempos, exigiendo cambios también en los organismos del Estado destinados a la prevención y control delictivo. Esto supone nuevos desafíos que se deben enfrentar con ideas innovadoras y un incremento importante en la capacidad operativa del cuerpo policial.

Lamentablemente, el cambio en la jefatura de la Policía no parece haber revertido en absoluto la situación, ni ha removido las causas de tantos fracasos. Por el contrario, la inseguridad ha crecido en forma alarmante y la policía aparece claramente desbordada e impotente para contener la ola cada vez más frecuente de los asaltos, en tanto que la protección a bandas políticas vinculadas con hechos de intimidación y violencia permanece inalterable. Esto convierte al cargo de jefe policial en el más importante de la administración pública, -y tal vez menos codiciado- por ser clave para enfrentar el problema que más angustia en este momento a la población.

Nada permite suponer, sin embargo, que ni en la policía, ni en el gobierno, se haya tomado conciencia de la gravedad de la situación, ni que existan proyectos o iniciativas que tiendan a modificar el sombrío panorama existente y lleven algún atisbo de esperanza a la atribulada sociedad rionegrina.