Jueces pierden cuantioso juicio contra el Estado

En total superaba los 100 millones de pesos.



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Ricardo Kohon, uno de los vocales del Tribunal Superior que rechazó el planteo. Ahora los accionantes irán a la Corte Suprema.

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NEUQUÉN (AN).- Una millonaria demanda entablada por casi un centenar de magistrados y funcionarios por haberes supuestamente mal liquidados quedó en la nada. Mediante una serie de fallos, el Tribunal Superior de Justicia rechazó todas las acciones, que llevaban alrededor de una década en trámite. Los fallos del Tribunal se produjeron en octubre de 2011, pero jamás se les dio difusión pública. Recién esta semana “Río Negro” tomó conocimiento de su existencia y consiguió algunas copias. Tienen entre 60 y 80 carillas, los firman los vocales Ricardo Kohon, Oscar Massei, Guillermo Labate, y los conjueces Marcelo Iñíguez, Omar Busqueta y Mafalda Balboa. Según se pudo saber, contra la decisión del TSJ se presentaron recursos extraordinarios para llegar a la Corte Suprema de Justicia. Entre los que iniciaron la demanda en el año 2000 (luego se les sumaron otros) figuran actuales y ex integrantes del Tribunal Superior; jueces de Cámara y de primera instancia, fiscales y defensores. Algunos ya se jubilaron, otros siguen en actividad. Son alrededor de 86. No hay información exacta sobre el monto que demandaban. En 2005 el fallecido abogado Hugo Frare, quien los patrocinaba, había declarado a “Río Negro” que “podrían ser mucho más de 50 millones de pesos” en total. Ayer, una encumbrada fuente judicial dijo que se habla de más de 100 millones de pesos. El motivo de la demanda se remonta a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1991 de pagarles una suma “en negro” a los jueces. En Neuquén se adoptó igual mecanismo. Con el paso de los años esa suma se fue “blanqueando”. Pero durante el tiempo que se pagó en negro, no se utilizó para calcular beneficios como antigüedad, zona desfavorable, etcétera. En uno de los fallos se explica: “la pretensión (de los demandantes) consiste en que la suma percibida como no remunerativa ni bonificable sea considerada como integrante del salario básico y, como tal, bonificada por todos los adicionales y suplementos que correspondan”. “No hubo disminución” Entre los numerosos argumentos con los cuales se rechazó la demanda, uno de ellos fue que “nominalmente no hubo ninguna disminución en las remuneraciones” desde la implementación de la asignación fijada por la Corte. “Y no ha sido ni siquiera alegada una reducción del poder adquisitivo de los haberes”. En otro párrafo se menciona que “a la luz del concreto régimen normativo aplicable a este caso, no se advierten los excepcionales supuestos que permitirían aseverar que el suplemento necesariamente debió haber revestido el carácter de bonificable”. En su momento, la masiva demanda entablada por los magistrados y funcionarios generó un revuelo político de proporciones. En la Legislatura, por ejemplo, se decidió no prestarles acuerdo para un ascenso a aquellos jueces que hubieran hecho juicio a la provincia. Internamente se produjo una fractura, cuando un grupo de magistrados y funcionarios firmó una solicitada para aclarar que no se habían sumado a la demanda.


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