Juicio a la «conexión local» de la AMIA: Piden que condenen con el mismo criterio que se usó para las Juntas 21-01-04

Juicio a la «conexión local» de la AMIA

El abogado de la AMIA Juan José Avila comparó ayer a los acusados por el atentado a la mutual judía con los comandantes de la última dictadura que fueron condenados en 1985 y afirmó que, tal como ocurrió entonces, Carlos Telleldín y los policías bonaerense deben ser condenados «en base a la lógica y a los indicios múltiples» en su contra.

Los ex policías bonaerenses acusados del atentado mostraron «una estructura jerárquica militarizada, un espíritu de cuerpo e idéntica pretensión de justificar todo, con idénticas actitudes mostradas en la causa de los comandantes, conocida como causa 13», advirtió Avila. El abogado inició así el segundo tramo del alegato final de los querellantes AMIA, DAIA y Familiares de víctimas intentando convencer a los jueces que deben condenar a los cinco principales acusados en base a la «lógica» y a los «múltiples indicios» en su contra.

Segundos antes había finalizado el alegato iniciado ayer Marta Nercellas, de la DAIA, quien hizo una «dura autocrítica» por haber aceptado -a sugerencia del entonces juez del caso Juan José Galeano- grabar en secreto a un acusado de delitos menores, Bautista Huici, algo prohibido por la ley.

Nercellas había finalizado la extensa explicación que comenzó el lunes para tratar de unir el rompecabezas del caso, oportunidad en la que hizo hincapié en la figura de Ribelli y en la misteriosa herencia de 2.500.000 pesos/dólares que recibió en forma anticipada de su padre, un jubilado ferroviario, el 11 de julio de 1994, un día después de la supuesta entrega de la camioneta y una semana antes del atentado. Tras sostener que por ese gesto Ribelli ni siquiera dijo un «gracias papá», Nercellas remarcó que esa escritura pareció «el blanqueo de un funcionario público que quiere no tener problemas con el enriquecimiento ilícito», pero advirtió «no hay camioneta que valga 2.500.000 dólares».

Avila, por su parte, fue quien tuvo a su cargo el tramo dedicado a bucear en los antecedentes jurídicos que avalarían condenas sin pruebas directas contra los acusados y para ello comparó el juicio por AMIA con el de las juntas de la dictadura. «En esa causa se habían comprobado miles de casos, de ellos se infirió que había un plan, en fecha cercana al 24 de marzo de 1976, donde algunos de los procesados ordenaron una manera de luchar contra la subversión terrorista», recordó. «¿Hasta donde llega el principio de inocencia?», se preguntó también.

En ese juicio, se dio por probada la existencia de una «orden secreta» que nunca apareció y fue «sistemáticamente negada por los procesados» pero a la hora del veredicto «encontró sustento en la lógica porque sin esa orden perversa no se podía entender lo ocurrido en esa época nefasta». Algo similar ocurre ahora en la acusación a los ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Mario Bareiro, Raúl Ibarra y al reducidor de autos Carlo Telleldín, entendió Avila.

«La prueba directa no es la única que puede legítimamente considerarse, hay presunciones, indicios», explicó: no será posible nunca obtener una foto del momento de la entrega de la Trafic que el 18 de julio de 1994 fue usada como cochebomba en Pasteur 633. «En esta causa, al igual que en la de los comandantes, no se puede entender lo ocurrido en la entrega de esa camioneta sin hablar de la donación de Ribelli, ni de Solari, ni de la causa armas, ni de los carapintadas», enumeró sobre algunos de los episodios que se atribuyen como pruebas contra los acusados o intentos de desvíos.

En la causa «no se tiene constancia de cómo y cuándo Ribelli recibe el encargo de armar la camioneta y elige a Telleldín para ejecutarlo. Hay que basarse en la injerencia lógica y los indicios múltiples», aseguró. Y comenzó a detallar cada desvío, cada episodio sospechoso, como el cobro por parte de Ribelli y sus hermanos de una herencia anticipada del padre jubilado ferroviario por dos millones y medio de pesos, el 11 de julio de 1994, un día después de la salida de la Trafic de casa del acusado Telleldín.

Para los acusadores, los terroristas pagaron ese dinero a Ribelli a cambio de proveer la logística del atentado y de su silencio, garantizado por códigos mafiosos, había advertido poco antes la abogada Nercellas. «Telleldín es la única persona que sabe a quién entregó la camioneta, lo que dijo de verdad resultó decisivo y es obvio que no se tiene fotos de los policías llevándosela», argumentó Avila.

También consideró que la reticencia policial a admitir otros delitos, como extorsiones, debe ser usada en su contra y se basó en fallos anteriores del mismo Tribunal que ahora juzga a la supuesta «conexión local». «Este mismo tribunal entendió que la mendacidad debe computarse como indicio cargoso», les recordó a los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.