Juicio al ginecólogo: última audiencia, con perfil más político

El juicio contra el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra (42), acusado de frenar un aborto no punible en contra de la voluntad de la paciente víctima de una violación, tendrá hoy su última audiencia con testigos marcada por un fuerte contenido político.

La audiencia iba a comenzar a las 9 aunque hace sólo algunos minutos el fiscal Santiago Márquez Gauna informó en las puertas de tribunales que se posterga hasta las 12 por «un problema de salud del juez».

Afuera del edificio donde se desarrolla el juicio, en Cipolletti, ya están apostados los grupos que defienden al médico y que se identifican con pañuelos celestes. También hay referentes del sector contrario que apoyan la decisión de las mujeres de recurrir a la interrupción del embarazo.

Cuando comience la audiencia de hoy, declarará Marta Milesi, autora de la denuncia en contra del imputado. Es diputada por el oficialismo, tiene una clara postura a favor del aborto legal, seguro y gratuito, y es uno de los blancos predilectos de las agrupaciones y personas que se oponen a ese derecho, quienes suelen insultarla en las redes sociales.

Curiosamente, a Rodríguez Lastra lo defiende el abogado y amigo del gobernador Damián Torres. Como informó “Río Negro” cuando comenzó este juicio, el letrado dijo que su desempeño en este caso no tiene nada que ver con su relación con Alberto Weretilneck y afirmó que tiene buena relación con Milesi.

Torres y quien lo acompaña en la defensa, Juan Carlos Chirinos, son de Viedma. Ambos están instalados en el Alto Valle para este juicio y regresarán a la capital provincial cuando termine.

En cuanto a Rodríguez Lastra, recibió el viernes anterior al comienzo del juicio un reconocimiento de parte del diputado del PRO David Schleret. Dijo que se lo entregaba “en nombre de casi 30 diputados nacionales que representan a 16 provincias”.

En las dos primeras audiencias del juicio quedaron en evidencia gruesas fallas del sistema de salud rionegrino. La víctima, R.P., es una joven que tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos, en extrema situación de vulnerabilidad, sin contención familiar y que recibía asistencia psicológica.

Fue abusada sexualmente, pese a que recurrió al hospital de su ciudad tardaron semanas en detectar que estaba embarazada, luego demoraron en derivarla, ahora está en discusión cuántas semanas de embarazo tenía cuando la recibió Rodríguez Lastra en la guardia de Cipolletti, la internaron contra su voluntad, le hicieron una cesárea y entregaron el bebé en adopción.

Al declarar como testigos, varias profesionales de la salud reconocieron haber cometido increíbles errores. Y aunque no requería de autorización de ninguna clase para el aborto porque se trataba de un caso de embarazo producto de violación, y la víctima había manifestado su voluntad de abortar, el caso llegó hasta el ministro de Salud en busca de alguien que firmara un permiso para realizar la práctica. Ayer declaró sobre ese rulo kafkiano la asesora legal del ministerio, quien no supo brindar una definición jurídica de aborto y dijo que se trataba de un criterio médico y no legal.

“Cuando ingresé al hospital de Cipolletti, Rodríguez Lastra me dijo que me faltaba romper bolsa nada más, y pasaban y pasaban las horas y nada. Me mintió”.

La revelación la hizo ayer la joven R.P., quien por primera vez habló públicamente del caso que la tiene como víctima. El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra está acusado de no respetar su voluntad de abortar, a lo que tenía derecho como víctima de violación.

Uno de los puntos de controversia es el tiempo de gestación. Aunque la ley de interrupción legal del embarazo no menciona un plazo como exigencia, la defensa del médico argumenta que a partir de la semana 22 ya no se habla de aborto sino de parto pretérmino (si concurren otros factores, como el peso del feto).

Hasta ahora ninguno de los 13 profesionales que declararon como testigos (entre médicas, enfermeras, psicólogas, asistentes sociales y abogadas) que tomaron contacto de diferentes formas y en diferentes etapas con el caso con la víctima, fue capaz de afirmar con precisión y sin lugar a dudas, cuántas semanas de gestación llevaba la joven y cuánto pesaba el feto. Como todos, de una u otra manera, tiene algún grado de responsabilidad en lo que sucedió, o son objetores de conciencia, da la impresión de que al declarar están pensando más en salvar la parcela que les toca antes que en el daño que sufrió la víctima.

Lo que sí está claro es que R.P. estaba muy lejos de romper bolsa como le dijo Rodríguez Lastra. Las testigos mencionaron entre 20 y 22 semanas como posible tiempo de gestación. Si bien había tomado pastillas para provocarse un aborto, no tenía dilatación del cuello del útero. El ginecólogo le suministró una medicación útero inhibidora, la joven fue internada y la obligaron a llevar adelante el embarazo hasta la cesárea. El bebé fue dado en adopción.

La psicóloga Paula Salto, que declaró ayer, dijo que R.P. atravesó “una doble situación traumática: la violación y el embarazo”. Lo resumía en una frase: “esto arruinó mi vida”.

Se le nota en el cuerpo, donde quedan rastros de su anorexia. R.P. es de baja estatura, muy delgada, de largo cabello lacio castaño oscuro. Ayer asistió a la audiencia para escuchar a los testigos, en su mayoría de la fiscalía, acompañada por el psicólogo Claudio Marín.

En algún momento se le cayó una lágrima solitaria y pequeña, cuando escuchó que una testigo evocaba su internación forzada en el hospital de Cipolletti; y al rato una sonrisa maravillosa le iluminó el rostro.

R.P. se animó a hablar con la prensa al final de la jornada de ayer. Las condiciones fueron las que impuso la justicia a su pedido: que no se difunda ni su nombre ni su imagen. Pese a la prohibición, en las redes sociales algunos usuarios que están en contra del derecho al aborto difundieron su identidad.

Como dijeron las psicólogas que la asistieron, le cuesta expresarse con la palabra hablada y prefiere las cartas. Ayer, un poco intimidada por los micrófonos, dudó un poco antes de dar algunas respuestas, prefirió callar ante ciertas preguntas, y en otras habló con soltura, frunciendo un poco sus labios apenas pintados.

Sobre Rodríguez Lastra, dijo que “no lo había vuelto a ver hasta ayer”, por el lunes, cuando declaró como testigo a puertas cerradas.

-¿Pudiste decirle lo que querías?

-Quería decirle algo, pero no pude.

-¿Se lo querés decir ahora?

-No. Ya se lo voy a decir.

-¿Por qué dijiste que él te había mentido?

-Cuando ingresé (al hospital) me dijo que me faltaba romper bolsa nada más, y pasaban y pasaban las horas y nada. Y ni siquiera me decía nada.

-¿O sea que te dijo que tu embarazo estaba a término?

-Sí. Está de testigo mi hermana (declaró en la audiencia del lunes).

-¿Y vos sabías qué medicamento te estaba dando?

-No, preguntaba qué pasaba y no me decían nada.

Probablemente R.P. declare nuevamente hoy, al término de la rueda de testigos, o mañana, antes de los alegatos de la fiscalía y la defensa.

Analía Calvo, trabajadora social del hospital de Cipolletti, estuvo en contacto “casi diario” con la paciente durante su larga internación de la paciente en el área de ginecología.

“Ayudame con esto, no quiero tener esto, ayudame a sacarme esto”, decía todo el tiempo, declaró la testigo. “Quería interrumpir el embarazo, lo sabía todo el servicio de ginecología, estaba muy angustiada. No quiería comer, le costaba hablar”, agregó.

“Como mujer, persona, ser humano, la acompañé todo el tiempo que fuera necesario”, afirmó Calvo.

También declaró que “reclamé ante todas las personas correspondientes porque era su derecho. Se hizo todo, y el tiempo pasaba, R.P. escribía cartas con mucha angustia. Esperaba la interrupción, y eso nunca sucedió. Se hizo todo lo correspondiente, y la respuesta nunca estuvo”.

La psicóloga Beatriz Olave, también del hospital de Cipolletti, relató que la joven “estaba ubicada, sabía la decisión que estaba tomando, la sostuvo a lo largo del tiempo. Quería ayuda para sacárselo”, mientras que su colega Paula Salto habló al declarar de “la doble situación traumática que atravesó: la violación y el embarazo”.

“Tenía recuerdos e imágenes diarios de la violación, y después sufrió por estar internada hasta terminar con el embarazo”, dijo. Y lo resumía en una frase: “esto arruinó mi vida”.

Mariana Lucero, médica del comité de salud sexual y reproductiva, se enteró del caso en mayo del 2017, cuando ya era tarde para realizar el aborto por lo avanzado del embarazo. Explicó que un objetor de conciencia “no está obligado a iniciar una práctica por razones religiosas, morales o éticas”, pero no implica “todo el resto, por ejemplo disponer una derivación” para que la realice otro profesional. A quien hace eso se lo califica de obstructor.

Vaniria Frau, médica legista y psiquiatra de la Pontificia Universidad Católica Argentina, fue la primera testigo de la defensa del imputado. Defendió la decisión de Rodríguez Lastra de pedir una pericia psiquiátrica a la víctima antes de aceptar que se la deriven.

Su declaración se convirtió en polémica por las objeciones que realizó la defensa a algunas preguntas de la fiscalía. El eje principal de discusión fue hasta cuántas semanas de gestación se puede realizar un aborto no punible en una mujer violada, y cuál es la fuente de información en cada caso.

Otra testigo de la defensa fue Silvana Pesado, subsecretaria de Asuntos Legales del ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. Dijo que ese organismo se enteró del caso de R.P. por una denuncia anónima a un 0800, alrededor del 10 o 12 de abril. Cuando le preguntaron qué sabía para esa fecha, respondió unos pocos datos y dijo: “era muy difícil conseguir información”.

No explicó -ni le pidieron que lo hiciera- cómo el ministerio no conseguía información sobre lo que pasaba en uno de sus hospitales. Lo que siguió fue más insólito: dijo que le pedían al Ministerio una autorización para hacer el aborto. Y ella, como asesora legal, “me convencí de que la solución no era jurídica, era médica”.

En efecto, cuando la fiscalía le preguntó cuál era la definición jurídica de aborto, no la supo dar.

Por último declaró Yamila Custillo, quien estuvo imputada en esta causa y fue absuelta. Dijo que era objetora de conciencia, y cuando habló de la ecografía que se le hizo a la víctima, en todo momento se refirió al feto como “el bebito”.

El «Diario Río Negro» no difunde datos ni fotografías como medida de protección hacia la víctima. Recordamos que el artículo 239 del Código Penal reprime “con prisión de quince días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.