Juicios políticos
Aunque según la jueza federal María Servini de Cubría no se dan motivos suficientes para creer que el ex presidente Fernando de la Rúa tuviera que ver con la muerte de cinco personas en el centro de la Capital Federal el 20 de diciembre del 2001, cuando una especie de revuelta popular entre espontánea y orquestada estaba por poner fin a su gestión, los acusadores podrán continuar buscando evidencia de que un hombre que fue repetidamente calificado de “vacilante” era en realidad un asesino plenamente dispuesto a ordenar a la Policía disparar contra manifestantes desarmados. Puesto que a esta altura parece poco probable que se descubran pruebas contundentes que sirvan para hacer creíble la tesis de quienes dicen que De la Rúa fue directamente responsable de una presunta reacción que, en vista de la agresividad de algunos manifestantes politizados, pudo haber sido mucho más violenta, es de prever que este juicio se prolongara meses, acaso años, más, hasta que por fin un juez decida emular a Julio Speroni que acaba de sobreseer al ex presidente Carlos Menem y al ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, en la causa supuesta por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Mientras tanto, De la Rúa tendrá que continuar trasladándose esporádicamente a Tribunales donde, es de suponer, responderá a las mismas preguntas con las mismas palabras, a sabiendas de que los más beneficiados por el espectáculo son los interesados en legitimar su derrocamiento tratándolo como una epopeya popular.
En nuestro país, ya es tradicional que, de caer en desgracia un mandatario o un funcionario bien conocido, éste se verá acusado enseguida de alguno que otro delito por abogados que son expertos consumados en tales menesteres. Si tiene suerte, ningún juez dispondrá su detención preventiva, pero siempre tendrá que pensar en la posibilidad de que, como sucedió a Menem y a Cavallo, a uno se le ocurra meterlo entre rejas por un período que podría ser muy largo. Por tratarse siempre de personas coyunturalmente desdeñadas por el grueso de la ciudadanía, dicha práctica parece contar con la aprobación de la mayoría, aunque el hecho de que no sea nada común que prosperen los cargos en contra de tales “emblemáticos” especiales, debería haberle hecho sospechar que ciertos jueces podrían ser propensos a exagerar cuando les toca entender en un caso relacionado con el accionar de un hombre o mujer que figura en la lista de los malos de turno. Asimismo, el principio de que “por algo será” sigue incidiendo en la actitud de los muchos que son reacios a dar el beneficio de la duda a un político antes poderoso que por los motivos que fueran terminó decepcionándolos.
Si bien es claramente necesario que los funcionarios, incluyendo a los presidentes de la República, comprendan que a menos que respeten las reglas podrían terminar en una celda, sería bueno que las leyes correspondientes a la conducta de los gobernantes fueran revisadas para reducir al mínimo el riesgo de que en cuanto sean desplazados tengan que hacer frente a acusaciones caprichosas inspiradas en la malicia de sus adversarios políticos, en cuestiones en el fondo ideológicas o en el afán de notoriedad de francotiradores. Por ser tan vulnerables casi todos los ex funcionarios a raíz de la enmarañada legislación existente, los acusados de cometer delitos graves, sobre todo los vinculados con el enriquecimiento ilícito, pueden verse tratados de la misma manera que los presuntamente culpables, si es que lo son, de deslices meramente burocráticos.
Asimismo, el que sea tan poco frecuente que un ex mandatario efectivamente termine condenado por sus presuntas fechorías a pesar de la gran cantidad de acusaciones que algunos han tenido que enfrentar, significa que la ciudadanía, lejos de sentirse impresionada por la voluntad de los jueces de asegurar que en adelante nadie se atreva a considerarse por encima de la ley, tiene por qué creerse asistiendo a un show político. Tanto escepticismo puede entenderse. Hasta que prosperen los procesos contra una proporción decididamente mayor de los ex funcionarios jerárquicos que se vean constreñidos a rendir cuentas ante un juez, será razonable suponer que estos melodramas ya rutinarios tengan más que ver con la política que con la justicia.
