Abogado volvió pedir el procesamiento de los involucrados en la causa de Lago Escondido
El abogado que inició la denuncia en la causa de Lago Escondido apuntó contra los involucrados en el viaje VIP a la cordillera rionegrina. Además, manifestó que "deberían apartar de sus cargos a los jueces implicados".
El abogado denunciante, Marcelo Hertzriken Velasco, volvió a pedir por el procesamiento de los involucrados en la causa de Lago Escondido. (Archivo)
El abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien inició la denuncia en el caso que se tramita en el Juzgado Federal de Bariloche -a cargo de la jueza subrogante Silvina Domínguez- por la visita a Lago Escondido, manifestó que los involucrados en ese viaje deberían ser «citados a declaración indagatoria y ser procesados«
Los jueces, fiscales, funcionarios del gobierno porteño, directivos del Grupo Clarín y exagentes de inteligencia que participaron del vuelo privado y la estadía VIP en Lago Escondido «deberían ser citados a declaración indagatoria y procesados«, aseguró a Télam el abogado denunciante Marcelo Hertzriken Velasco.
Se refirió así a los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; al fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; al exagente de la AFI Leonardo Bergroth; el empresario Tomás Reinke y los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo, quienes se encuentran imputados en la causa «Ercolini y otros s/incumplimiento de deberes de funcionario público y aceptación de dádivas».
El letrado, oriundo de Roca, basó su presentación en la publicación realizada por el diario Página/12 (el 17 de octubre), en la que se informó por primera vez sobre un viaje realizado a Bariloche el jueves 13 de octubre por un grupo de jueces, fiscales y funcionarios del Gobierno porteño que llegaron en un avión privado de la empresa Flyzar.
La jueza Domínguez no aceptó a Hertzriken Velasco como querellante en la causa, decisión que el abogado apeló ante la Cámara Federal de Roca. «Esperemos que resuelva antes de la feria (judicial del mes de enero)», sostuvo el letrado en diálogo con Télam.
En referencia a los cuatro jueces involucrados en el escándalo, Ercolini, Mahiques, Yadarola y Cayssials, el abogado denunciante reclamó que el Consejo de la Magistratura los «aparte de sus cargos» para que sean citados a indagatoria y «procesados».
«Es imposible pensar que algún ciudadano argentino sea juzgado por estas personas», subrayó Herzriken Velasco sobre las implicancias legales que el viaje y la estadía en Lago Escondido deberían tener en las causas en las que intervienen esos magistrados, como Ercolini y Mahiques, en el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
Además, dijo que el ministro D’Alessandro, los directivos de Clarín Rendo y Casey, el empresario Reinke y el administrador de Lago Escondido Van Ditmar deberían ser «detenidos» para «evitar que entorpezcan la marcha del expediente».
Ese planteo se conoció en los últimos años como ‘doctrina Irurzun’, al atribuírsele al juez de la Cámara Federal Martín Irurzun la tesis de que determinadas personas -por sus relaciones, por un presunto ‘poder residual’- tienen capacidades de impedir o bloquear el accionar de la justicia.
En ese sentido, Hertzriken Velasco advirtió que en los chats que se enviaban los pasajeros del vuelo privado a través de la aplicación Telegram «quedó demostrado» que los implicados en el viaje VIP «tienen intención de organizar una estrategia de defensa que oculte el otorgamiento y aceptación de dádivas».
Por otro lado, el letrado recordó que uno de los imputados, Carlos Mahiques, fue precisamente el juez que escribió el voto rector del fallo que cerró, por efecto de la prescripción, la causa que investigaba la compra fraudulenta de las tierras de la empresa Hidden Lake (Lago Escondido).
El 15 de septiembre de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de Mahiques, Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci, rechazó el recurso presentado por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, José Luis Agüero Iturbe, y ratificó de esa forma la prescripción del expediente y el sobreseimiento de todos los involucrados, entre ellos funcionarios públicos y Charles Barrington Lewis, hijo del magnate inglés Joe Lewis.
La causa se había iniciado en 2010, a raíz de una denuncia realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas e involucró el proceso de compra de dos lotes por un total de casi 11 mil hectáreas que rodean el lago Escondido.
La investigación permitió determinar que el 19 de junio de 1996 la firma «H.R. Properties Bs As» -de mayoría accionaria en manos de argentinos- solicitó a la Comisión Nacional de Zona de Seguridad una autorización para la adquisición de 8063 hectáreas en la zona de el paraje rionegrino El Foyel, y en inmediaciones del lago.
La empresa sumó luego otras 2760 hectáreas: las tierras se encuentran en un área de seguridad de frontera, por lo que están protegidas por un régimen especial derivado del Decreto Ley 15.385/44 y de la Ley 12.913 que determinan que las tierras de zonas limítrofes y de seguridad no pueden estar en manos extranjeras.
Pocos meses después de conseguir la autorización de la Comisión Nacional de Zona de Seguridad para proceder a la compra, la firma «H.R. Properties Bs As» se transformó en «Hidden Lake S.A.», con Charles Lewis como principal accionista y con ese nombre inscribió a su favor las tierras en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Río Negro.
Inicialmente, fueron imputados Charles Lewis, exfuncionarios nacionales y de la provincia de Río Negro, como la escribana actuante y el titular del Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro.
Desde 2010 la causa avanzó lentamente, sumó algunos testimonios y pruebas, hasta que el exProcurador del Tesoro Carlos Balbín -durante el comienzo de la gestión del expresidente Mauricio Macri- dio impulso a la investigación.
Esa acción selló la suerte del funcionario: fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, quien frenó el cuestionamiento judicial a la venta de las tierras, donde el paso del tiempo jugó a favor de los imputados.
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