Acusaron a Duarte y Ortiz de haberle dado «cobertura judicial» a los crímenes de la dictadura en Neuquén

Este es el octavo juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en la región y el primero en el que hay una jueza. María Paula Marisi preside el Tribunal Oral Federal de Neuquén. La acompañan Sebastián Foglia y Alejandro Silva. Están ubicados sobre el escenario del salón de AMUC, y quienes se acercan deben subir los dos escalones de distancia. Antes de que comience la audiencia, Sara Mansilla se levanta y se para al costado de la primera fila, reservada para la prensa. Mira al público y puño en alto grita: «Noemí Labrune». «Presente», responden. Así tres veces. Todos aplauden. En la reja alguien amarró su sonrisa en una foto que agrega «gracias por tanto».

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Aquí no están imputados miembros del Ejército, gendarmes, policías federales o provinciales. Los acusados son Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz, funcionarios judiciales que recibían los habeas corpus y las denuncias de familiares de personas detenidas ilegalmente durante 1976 y 1983, y las mantenían en un prolongado letargo. Planchadas.

La magistrada les pidió los datos personales como es de rutina. Ambos estaban conectados desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Zoom. Les consultó si tenían apodos, si los llamaban con algún nombre en especial. Alguien murmuró: «asesinos».

Para el fiscal general, Miguel Palazzani, Duarte y Ortiz le dieron “cobertura judicial” a los crímenes cometidos por la última dictadura y procuraron la impunidad de quienes llevaron adelante el plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada. Renunciaron deliberadamente a cumplir su función al no investigar los hechos, sino imprimirle un trámite meramente formal: no tomaban declaraciones testimoniales, ni pedían allanamientos.

Ayer el fiscal leyó el requerimiento de apertura a juicio durante seis horas. Un procedimiento totalmente vetusto en comparación con el sistema acusatorio penal vigente en Río Negro y Neuquén, que incorporó además el juicio por jurados.

Palazzani dijo que ya en el informe de la Conadep hay un capítulo dedicado al Poder Judicial en el que la comisión se pregunta en 1984 «¿cómo fue posible mantener la impunidad de tanto delitos?». El fiscal nombró a las 22 víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado en la región, 14 de las cuales aún se encuentran desaparecidas. En cada caso hay registro de una madre, un padre, una pareja que llegó hasta el juez federal Duarte o el fiscal federal Ortiz para pedir ayuda. En ocasiones acompañados por Noemí, la fundadora de la APDH Neuquén que murió el 10 de septiembre pasado. Iban más de dos veces, como fue el caso de Oscar Ragni, al que se le impuso el pago de costas.

Palazzani remarcó que los acusados no concursaron para los cargos que ocuparon. Fueron nombrados en 1976 (Duarte en agosto y Ortiz en septiembre), luego del operativo Cutral Co que se desplegó en junio y en el que fueron secuestrados trabajadores de YPF y estudiantes universitarios. Tenían una plena identificación, adhesión y compromiso con la dictadura. Eran un «engranaje más del sistema represivo».

De hecho antes de ser designado juez, Duarte fue auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén y cuando asumió el puesto se retiró, más no se alejó. Le dieron la baja en 1982. Él mismo contó que tenía un “vínculo espiritual con el Ejército” y se reunía frecuentemente con el comandante José Luis Sexton.

Noemí en su declaración anticipada recordó haber ido a verlo a Ortiz. Él «se ocupó de consolarnos» y les aseguró que no podía «hacer nada». El fiscal, ahora imputado, señaló que si las personas habían cometido los hechos, los tormentos recibidos servían «para lavarles los pecados» y si no eran culpables «el dolor los acercaba a dios». Palazzani subrayó que esta es una justificación de la tortura como un acto purificador.

Los exfuncionarios están acusados de ser autores del delito de omisión de promover la persecución penal y de partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad, cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia, y por ser la víctima perseguido político. Duarte también está imputado por prevaricato.

Al finalizar su exposición, Palazzani afirmó que los imputados le denegaron justicia a las víctimas y familiares que acudieron al Poder Judicial de aquella época y planteó que esto es un puntapié que “permitirá comenzar a sanear la responsabilidad institucional que le cabe al Poder Judicial por el nefasto rol cumplido” en la dictadura.

La pata civil

Las defensoras públicas Celia Delgado, María Laura Irastorza, Gabriela Labat, Alejandra Vidales rechazaron la petición de la fiscalía para que los acusados estén presentes en la sala durante las indagatorias. El TOF requirió los informes sobre el estado de salud de los imputados antes de tomar una decisión.

La próxima audiencia está prevista para el 3 de noviembre, a partir de las 9. Será el turno de las acusaciones de las abogadas querellantes que representan a la familia Ragni, Natalia Hormazabal y Mariana Derni (CEPRODH). Por APDH estarán Bruno Vadalá y Marcelo Medrano, que también actuará en nombre de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto a Federico Efron y Paula Álvarez Carreras.

Hormazabal sumó: «estamos juzgando por primera vez en la región a funcionarios de la dictadura genocida. Es una cuestión muy importante en todo el país. Pero acá en la región creo que tiene el significado de completar todo ese plan que ya fuimos viendo en los distintos juicios y cerrar esta pata de la justicia. Entendemos que todo el plan genocida, todo el andamiaje que se llevó adelante, toda la concatenación que fueron haciendo las fuerzas represivas, cada uno de los tormentos, las desapariciones, la muerte a nuestros compañeros y compañeras, no podría haber ocurrido sin la cobertura judicial que brindaron estos funcionarios».