Juicio contra un juez y un fiscal: «Me resisto a ser colega de encubridores y partícipes del terrorismo de Estado»

Miguel Ángel Palazzani está sentado a la izquierda del Tribunal Oral Federal de Neuquén. A 40 años de la recuperación democrática en Argentina acusó hoy a dos exintegrantes del Poder Judicial Federal -Pedro Duarte y Víctor Ortiz- de haber actuado como «facilitadores de los delitos de lesa humanidad» durante la última dictadura cívico-militar. Aseguró que «infringían sus deberes institucionales de averiguar el paradero de las víctimas y promover la investigación de los hechos». ¿Qué significa para un fiscal general estar en este proceso en el que se juzga a quienes fueron colegas suyos por el rol que cumplían en el plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición?

En el primer cuarto intermedio de la audiencia, Palazzani contestó: «Me resisto a ser colega de personas que fueron encubridores y partícipes del terrorismo de Estado».

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El fiscal destacó que «a pesar de los tiempos que vivimos, con el auge de algunos discursos negacionistas, relativizantes, avanzar sobre el anillo de la responsabilidad civil, sobre todo la responsabilidad judicial que es el poder menos democrático de todos, avanzar sobre esas responsabilidades es un hecho histórico porque han sido opacadas».

Señaló que un «proceso de exterminio» como el que ocurrió en el país durante 1976 y 1983 «no pudo ser desplegado sin la anuencia, sin la complicidad, sin la aquiescencia, sin la participación de la justicia».

Planteó que esta es una oportunidad para pensar «qué pasó para que estas personas caminaran tan tranquilas durante todo este tiempo, sin que nadie le pidiera cuentas».

El juicio que comenzó hoy es el octavo por delitos de lesa humanidad cometidos en la región, que involucra a 22 víctimas, 14 de las cuales continúan desaparecidas. Se juzga la responsabilidad penal de Duarte, un militar y abogado nombrado juez federal en 1976, y Ortiz, que pasó de secretario del juzgado federal a fiscal en el mismo año.

Ambos recibían los habeas corpus y las denuncias de familiares de detenidos-desaparecidos y lo que realizaban, explicó Palazzani, era un mero trámite formal que consistía en mandar oficios al ministerio del Interior, al Comando, a la Policía Federal para saber si conocían la situación de una persona que era buscada. Obviamente respondían que no sabían nada al respecto y el caso terminaba con un sobreseimiento.

«Ese es el ropaje de simulación que le quieren dar a lo que es una cobertura de impunidad clara», agregó.

En algunos trámites estos funcionarios le imponían a las familias el pago de costas (los gastos del proceso), lo que para el fiscal, es «un detalle de la perversión«.

Afirmó que en Chile, por ejemplo, durante la dictadura «se eliminó el habeas corpus, acá (en Argentina) no estaba bien visto a nivel internacional eliminar el habeas corpus. ¿Qué hicieron? Lo neutralizaron».

Insistió en el caso de Duarte ya que antes de ser juez fue auditor del Ejército, como jefe de legales del Comando es muy difícil que no haya sabido del plan que se puso en marcha a partir del 24 de marzo. Sobre todo porque siguió frecuentando como magistrado a José Luis Sexton, comandante de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña en Neuquén.

«La hipótesis de la fiscalía es que Duarte estuvo puesto en ese lugar para justamente dar cobertura a todo lo que se vino», indicó Palazzani.

Manifestó que este no es el único enjuiciamiento a exfuncionarios judiciales en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Y remarcó: «Yo no conozco que la Corte Suprema, por ejemplo, institucionalmente haya pedido disculpas, con un repudio. Esta gente sigue cobrando la jubilación de juez federal y fiscal federal».