Anticipan que los responsables civiles en el juicio Escuelita, no romperán el pacto de silencio de la dictadura
El querellante por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Marcelo Medrano, planteó el rol del juzgado federal del Alto Valle durante la dictadura
Marcelo Medrano, querellante por la secretaria de Derechos Humanos (foto Matias Subat)
«Creo que no van a romper el silencio que generalmente se atribuye a los militares, el pacto excedía a los militares», dijo Marcelo Medrano, querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad, al analizar la indagatoria que realizaron el ex juez y el ex fiscal federal que actuaron durante la dictadura en Neuquén, Pedro Duarte y Víctor Ortiz.
El viernes en Avenida Argentina 1680 (AMUC) inicia la etapa testimonial del primer juicio por los crímenes de la dictadura en la región que no tiene por imputados a integrantes de las fuerzas armadas o policiales que actuaron durante la dictadura.
Duarte y Ortiz hablaron sin aceptar preguntas en la última audiencia. Aseguraron haberse enterado de las desapariciones y torturas (de las que están acusados) con el regreso de la democracia y se defendieron culpando a los familiares, aseguraron que fueron los padres, hermanos y los mismos sobrevivientes los que no les dieron testimonios para investigar con eficacia o los que plantearon habeas corpus a destiempo, cuando ya estaban «desaparecidos o muertos».
Según Medrano, en este juicio «se está evaluando un modelo de poder judicial, en términos de espejo con la actualidad, hay una dimensión política y otra judicial, además de la histórica», dijo.
El querellante se detuvo en el planteo de Duarte respecto a que las familias que buscaban a los secuestrados interponían recursos como un trámite formal y la obligación de la efectiva protección que reclamaban del poder judicial. «Fue una definición tremendamente explícita de como (el ex juez y el ex fiscal) concebían en esa época el poder judicial: que los familiares le llevaran información, en dictadura», recalcó.
Agregó que el debate en desarrollo en AMUC «es un juicio necesario y profundamente relevante: se están juzgando las protecciones judiciales en dictadura. No las hubo y está demostrado» sostuvo en coincidencia con la fiscalía, que aseguró que Duarte y Ortiz le dieron la cobertura legal a los operativos ilegales de secuestros que terminaron en torturas, desapariciones y homicidios.
Aunque en la instrucción Duarte se apoyó en la defensa de abogados contratados, a partir del inicio del juicio, declinó de la defensa técnica y ahora su defensa está ejercida por el equipo oficial de defensores. La defensa pública también se ocupa de la situación de Ortiz. Los seis profesionales de la defensa pública están dedicados a la estrategia de los dos ex magistrados.
Por qué les llamó la atención a los abogados el patrocinio de la defensa oficial? se le consultó.
«Hay que problematizarlo este tema», respondió Medrano al tiempo que aclaró que su opinión no estaba relacionada con quienes ejercen esta tarea. «No tiene que ver con los defensores que están interviniendo, no es personal, el derecho de defensa de los imputados, no se discute; ahora, por qué tiene que intervenir la defensa pública», cuestionó el abogado en clara referencia a que los ex magistrados cuentan con jubilaciones millonarias que les permitirían acceder a abogados particulares.
Agregó que para los delitos tan graves como los de lesa humanidad «se requiere de un diseño de la defensa pública. Ellos (el ex juez Duarte y el ex fiscal Ortiz) representaron el Estado cuando cometieron los delitos y vuelven a requerir al Estado que, en términos políticos, jurídicos e históricos, los defienda en contra de la narrativa de la acusación; ejerciendo una posición dominante, porque no se pueden negar, la defensa pública está obligada porque es la garantía de los derechos humanos y de los vulnerables. La defensa pública no es la única respuesta, en este caso y necesita de otro diseño, porque los defensores deberían ser aliados de los derechos humanos y los están poniendo ante la sociedad, en un lugar que no está bueno que se los ubique», opinó Medrano.
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