Barones de la Fruta: intentaron justificar ingresos de una de las imputadas en la causa por lavado de activos

¿Cómo logró Silvia Weisser (57), la exesposa del fallecido dirigente de la Fruta Rubén López, comprar en poco tiempo más de 25 propiedades a pesar de que no contaba con mayores ingresos?

En la quinta jornada del juicio que se realiza por «lavado de activos» en los tribunales federales de Roca, la defensa de la mujer y de su hija Karol Daiana López, intentó por todos los medios demostrar al tribunal -juez unipersonal Alejandro Silva- que Weisser tenía la capacidad económica de afrontar esas inversiones que según la fiscalía son de dudosa procedencia, y que sólo formaban parte del gran entramado que Rubén López y Juan Lescano habían armado alrededor del Sindicato de la Fruta y de la Obra Social para hacerse de sus activos.

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El abogado defensor Carlos Vila fue quien lanzó las primeras preguntas a la testigo Beatriz Biassi, una vieja amiga de Weisser, quien explicó que su madre (ya fallecida) le había prestado dinero «como para comprar cuatro terrenos». Y que había acordado con la imputada la devolución de esa suma en un futuro. Pero la estrategia se fue diluyendo cuando la mujer fue interrogada por el fiscal Matías Zanona quien le pidió precisiones sobre la cantidad de dinero que le habían entregado y las condiciones.

Puntualmente, la mujer dijo que no había ni un tipo de documento que certifique el pasivo aunque aclaró que Weisser se había comprometido a devolverlo, y tampoco pudo explicar en su testimonio cuál sería el plazo ni las condiciones en las que se debería entregar. «Cuando murió mi mamá quemé todas sus anotaciones, no me quedó nada», se disculpó la mujer.

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Acaso el testimonio de la mujer fue uno de los más importantes en la nueva jornada del juicio por lavado de activos que se le sigue no sólo a Weisser -quien ayer no asistió a la audiencia- y a su hija. En la nómina también se encuentra Juan Lescano -uno de los principales referentes del gremio y empresario de la fruta- su pareja Karina Neyroud; su hijo Alejandro y al contador Gustavo Buceta.

La defensa, en su afán de demostrar que Weisser contaba con un respaldo económico, llevó a declarar al mecánico Raúl Iglesias quien contó que la mujer tenía una camioneta Mercedes Benz con la cual realizaba distintos tipos de viajes. En esa misma línea el dirigente radical y empresario de la construcción de Roca, Gustavo Heredia, recordó haber contratado los servicios de transporte de Weisser en la campaña de 2011 cuando el radicalismo impulsaba como candidato a César Barbeito.

El dirigente contó que la relación comercial se había cortado abruptamente cuando en una reunión se presentó Rubén López y de malas maneras la obligó a cortar el vínculo ya que él era candidato por el partido que en ese momento impulsaba como candidato a gobernador a Carlos Soria.

Los testimonios de dos personas ligadas a la fruticultura, Raúl Iglesias y Denise Kloster, también sirvieron para vincular a Weisser en la compra y venta de fruta en distintos galpones de empaque.

Cabe recordar que en este proceso, el exdirigente del gremio Luis Vega, había considerado que Weisser «era la ‘presta-nombre«. «Si Rubén López quería comprar una propiedad la ponía a nombre de ella (…) Weisser figuraba como titular de los terrenos pero el dinero era de López», dijo en la primer jornada del juicio.

A todos los involucrados se les atribuye el delito de “lavado de activos, agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, previstos en los arts. 303 inc. 1 y 2 “a” del C.P”.

En caso de ser hallados culpables, los involucrados podrían ser condenados con penas que van desde los tres a diez años de prisión y multas de dos a diez veces más del monto de la operación en la cual se habrían visto involucrados.

Según el artículo 303 del C.P, estas condenas se aplicarán a todas aquellas personas que “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.