Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: las denuncias y versiones cruzadas de sus padres por su tenencia

La muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que falleció en en Comodoro Rivadavia, mantiene conmocionada a la provincia de Chubut y abrió múltiples frentes de conflicto. Mientras los investigadores aguardan resultados periciales clave para determinar las causas exactas del deceso, el expediente expone una dramática trama de violencia intrafamiliar y, en paralelo, desató una dura polémica interna en el Poder Judicial.

Actualmente, el caso es investigado por los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones bajo la carátula de muerte dudosa y potencialmente ilícita.

Los primeros informes médicos detectaron lesiones en la zona craneal tras la descompensación del menor, lo que obligó a no descartar ninguna hipótesis, desde un homicidio doloso hasta un abandono de persona seguido de muerte.

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Qué dijo Ángel ante la Justicia a dos meses de su muerte

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En el medio de las acusaciones cruzadas entre los progenitores, cobró vital relevancia un documento oficial del Juzgado de Familia local fechado el 9 de febrero de 2026. Se trata de un acta que certifica una audiencia de escucha garantizada por los derechos del niño, donde Ángel estuvo frente al juez Pablo Pérez y la asesora de menores, Verónica Roldán.

Según el expediente, al cual tuvo acceso ADNSur, el niño expresó con dificultad que vivía con su madre y que quería seguir haciéndolo, pero el punto más sensible de su testimonio ocurrió al ser consultado por su padre: Ángel fue categórico al señalar que no quería verlo.

Esta declaración fue determinante para que la Justicia ratificara la guarda a favor de la progenitora, Mariela Altamirano.

La resolución judicial también se apoyó en los antecedentes del entorno paterno. El padre del menor, Luis López, acumulaba al menos tres denuncias por conductas violentas y registraba intervenciones desde 2023 por alertas vecinales, incluyendo episodios donde se lo observó dándole cerveza al niño en la vía pública. A esto se sumaban constantes incumplimientos judiciales y conflictos con su actual pareja.

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Acusaciones cruzadas de los padres de Ángel

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Sin imputaciones formales hasta el momento, la madre de Ángel y su pareja figuran como los principales sospechosos en la investigación penal. Sin embargo, ambos padres sostienen discursos diametralmente opuestos ante los medios y la Justicia.

«Yo no maté a mi hijo», declaró Altamirano en sus primeras apariciones públicas. La mujer relató los momentos previos a la descompensación en su vivienda y aseguró que el nene no presentaba signos de violencia.

En la vereda de enfrente, la postura de la familia paterna fue contundente: «A Ángel lo mataron», afirmó su padre, apuntando directamente contra la madre y cuestionando el accionar previo del Juzgado de Familia.

Para zanjar estas diferencias, la Justicia avanza con el análisis de teléfonos celulares y aguarda los resultados histopatológicos, los cuales serán la pieza fundamental para establecer si las lesiones detectadas en el cráneo fueron producto de una acción intencional.

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Fuerte cruce en la Justicia: defensa corporativa y la respuesta de un exjuez

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La mediatización del caso y las críticas hacia el accionar de los magistrados derivaron en un contundente pronunciamiento institucional. La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut emitió un comunicado expresando su preocupación por la difusión de versiones no verificadas que «promueven juicios paralelos y debilitan las garantías del Estado de Derecho».

La entidad judicial remarcó que el esclarecimiento del hecho no puede alcanzarse bajo presión ciudadana ni con señalamientos personales hacia los funcionarios intervinientes, exigiendo prudencia y respeto por las garantías constitucionales.

“La legitimidad de las decisiones judiciales no depende de su adecuación a dichos condicionamientos, sino de la solidez de sus fundamentos y de la independencia e imparcialidad con que se adoptan”, setenciaron.

“La crítica a las decisiones judiciales es legítima en una sociedad democrática; sin embargo, la exposición, descalificación o el señalamiento personal de funcionarios/as judiciales que han intervenido en el caso, promueve juicios paralelos que debilitan las garantías del Estado de Derecho”, dice el escrito.

La respuesta no tardó en llegar y provino desde el propio ámbito legal. El exjuez de Familia de Rawson, Martín Alesi, tildó de «incoherentes» a los magistrados y los acusó de ejercer una defensa corporativa frente a la crisis.

«Resulta incómodo advertir cómo irrumpen públicamente para exigir garantías constitucionales en favor de los funcionarios, mientras en el ámbito cotidiano del fuero de familia esos mismos estándares parecen diluirse cuando se trata de padres sometidos a denuncias«, sostuvo el exjuez, según divulgó Diario Jornada.

Según el exjuez, los progenitores suelen ser tratados «de facto como culpables desde el inicio del proceso, sin una verdadera neutralidad judicial ni un examen riguroso de la prueba; la defensa corporativa de las garantías pierde legitimidad cuando no se sostiene con la misma intensidad frente a quienes, lejos de integrar el sistema, quedan expuestos a sus sesgos más persistentes”.