Causa Andis: procesaron a Diego Spagnuolo y a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude y sobornos en la Agencia de Discapacidad

El juez federal Sebastián Casanello dictó hoy el procesamiento de Diego Spagnuolo, primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de la gestión de Javier Milei. El magistrado lo acusó de ser uno de los jefes de una «asociación ilícita» montada para cobrar sobornos y cometer fraudes contra el Estado mediante licitaciones digitadas y sobreprecios.

Según anticipó el diario La Nación, el fallo describe un «entramado de corrupción institucional» que operó durante los primeros meses del gobierno libertario. Para la justicia, la ANDIS fue «empleada como vía de enriquecimiento» por una banda mixta de funcionarios y operadores privados que actuaron «en claro desmedro de la finalidad pública» del organismo.

La cúpula de la banda

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La resolución alcanza a un total de 19 personas. Además de Spagnuolo, Casanello procesó como jefes de la organización a:

• Daniel Garbellini: exnúmero dos de la Agencia.
  
• Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian: empresarios vinculados a droguerías y con pasado en la política, quienes habrían controlado el organismo «desde afuera».

La máquina de contar billetes y el embargo récord

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Para dictar los procesamientos, el juez valoró pruebas contundentes halladas en los allanamientos. El dato más llamativo fue el secuestro de una máquina de contar billetes en la casa particular de Spagnuolo. Para Casanello, este elemento era «necesario para instrumentar la entrega y recibo de dinero», dado que la condición de funcionario público le impedía bancarizar las coimas.

El golpe económico para los acusados es masivo: el juzgado trabó un embargo de 202.247 millones de pesos sobre los bienes del ex titular de ANDIS y montos similares para los otros cabecillas, una cifra que busca cubrir el daño patrimonial estimado.

El «turnero» de las droguerías

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La resolución judicial desmenuza cómo funcionaba la estafa: se montó una «puesta en escena» de competencia de precios entre cuatro empresas (Profarma, Génesis, New Farma y Floresta) que en realidad estaban complotadas. Según el fallo, las firmas se «turnaban» para ofertar y ganar las licitaciones de medicamentos de alto costo con sobreprecios, habiendo sido dadas de alta como proveedoras el mismo día y en tiempo récord.

«Otro nivel de complicidades»

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Uno de los puntos más inquietantes del fallo es la advertencia del juez sobre los alcances de la maniobra. Casanello señaló que el esquema delictivo parece no agotarse en los hechos probados y sugirió que la impunidad con la que se manejaban —haciendo caso omiso a quejas de otros funcionarios o proveedores desplazados— indica que «no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades».

«La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados», escribió el magistrado.

Los audios y el factor político

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La causa se originó en agosto pasado tras una denuncia basada en la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo. En esas grabaciones, se mencionaba a «Lule» Menem como quien había «metido» a Garbellini en la Agencia «para chorear», y se aludía a un supuesto «3%» destinado a Karina Milei, asegurando que el Presidente estaba al tanto.

Si bien las defensas pidieron la nulidad de la causa alegando el origen ilícito de esas grabaciones, Casanello rechazó hoy esos planteos. No obstante, el juez aclaró que no utilizó los audios como prueba directa para fundamentar estos procesamientos, basándose en cambio en la evidencia recolectada sobre las licitaciones y el circuito administrativo irregular.

Con información de NA, La Nación e Infobae.