«Cerraron el caso»: no hay consuelo para la familia de Jonathan Peña, a once años del crimen

El crimen de Jonathan Peña es ahora un caso más, olvidado en los oscuros pasillos de tribunales, escondido en los recovecos de los archivos judiciales. Es una vida más que se perdió en los confines de Río Negro y una familia más, sin encontrar paz ni reparación. El de Jonathan, es ahora un “caso cerrado” después de once años, un laberinto sin salida para los Peña-Pichimil.

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“Cerraron el caso y con esto ya estamos terminados. No nos dieron nunca una respuesta, no supimos por qué mataron al nene. Nunca nos dijeron la verdad”, dijo a rio negro Perín Peña, padre del chico asesinado en El Cuy en 2012, al conocer el último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El chico autor del homicidio y la adolescente encubridora, fueron primero condenados y luego absueltos, lo cual fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2018. Después de esa sentencia definitiva, solo quedaba una carta: la de Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue jugada el 5 de septiembre 2019 por el fiscal General de Río Negro, Fabricio Brogna, quien elevó una queja del recurso extraordinario federal. Hace dos meses, el 25 de abril, la Corte lo rechazó y quedó firme la absolución de pena para los autores.

“No hay nadie preso”, repite Vilma, la madre, casi sin palabras. Todavía consternada, como si hubiese sido ayer cuando perdió a su hijo. “Los encubridores que estuvieron ahí y fueron partícipes del crimen de mi hijo siguen trabajando en El Cuy, como el médico”, apuntó la mujer y volvió a poner sobre la mesa el entramado “de poder” detrás del caso.

Perín y Vilma, vuelven a alzar la voz después de tantos años de lucha y de búsqueda de justicia por Jonathan. Para ellos, la justicia no existe, el caso quedó en total impunidad y lo peor es que no se esclareció nunca por qué lo mataron. Hoy Jonathan tendría 28 años, ya habría terminado el secundario. Probablemente estaría trabajando, quizás habría formado una familia, pero no pudo decidir ni una cosa ni la otra porque le arrebataron la vida.

Fueron minutos, horas y días sin consuelo para esta familia, que ya no tiene más recursos ni vías para hacer justicia. Primero, vieron condenar a los culpables -menores de edad al momento de los hechos- pero después, presenciaron la absolución. Luego, padecieron la inacción en la causa contra el médico y el policía del pueblo, presuntos cómplices y familiares directos de los adolescentes. Y ahora se permiten la duda sobre si se apuntó a los verdaderos autores materiales.

“Capaz que en ese entonces mi hijo vio algo raro entonces, lo tuvieron que limpiar. Algo pasó”, vaticinó Perín, quien si tuviera los medios ya no estaría en la región. Tiene un pequeño comercio en El Cuy, muy cerca de los involucrados en el crimen.

“Pueblo chico, infierno grande”, sigue sosteniendo el hombre. Ratificó que en este caso, quienes fueron declarados culpables son hijos del jefe policial y del médico del pueblo, también familiar directo del exmaestro Javier Bernel, condenado por abusos sexuales a 13 alumnas en una escuela de Roca en 2020.

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La lucha sigue

“Hay que cargar la mochila y llevarla hasta el día que muera”, sentenció Perín al procesar la triste noticia. Ellos estaban dispuestos a llegar más lejos, pero esta causa fue un desfile de abogados y representantes que en algunos casos no duraron ni un día. “A nosotros nos tiraron al abandono, sobre todo el Estado”, reflexionó.

Hoy siguen luchando por sus otros tres hijos: Armando de 27 años, Manuel de 23 y Soraya 19 quienes padecen a diario las secuelas de la pesada historia de su hermano. En el estudio, en lo laboral. Todo pesa. Para Perín, la salud es un problema ya que tiene afecciones de todo tipo.

La familia, destrozada y aún hoy desamparada, sigue pidiendo ayuda con todas sus fuerzas. “Algún día quisiera saber la respuesta de la justicia”, cerró Perín, en la búsqueda incesante por la verdad.

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Un caso “aberrante”: sin chances de revertir el fallo

En 2017, un joven fue condenado a 6 años de prisión por el homicidio de Jonathan y una chica a 10 meses de prisión en suspenso por “encubrimiento agravado”. En 2018, si bien no cuestionaron la declaración de culpabilidad, los jueces del STJ entendieron que no era necesaria la aplicación de la pena y los absolvió.

Uno de los argumentos que utilizó el fiscal general, Fabricio Brogna, para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pedir que se anule la absolución; fue que los derechos de los menores de edad no son más importantes que los de las víctimas. Ya que, de todo el abanico posible de soluciones, el Superior Tribunal de Río Negro optó en su momento por la que garantiza los derechos de los menores, “negando completamente los derechos de la familia de la víctima”.

Brogna había admitido que si bien los menores de edad no pueden ser juzgados con la misma vara que los mayores y que la ley contempla siempre una culpabilidad disminuida, “no hay que asociar minoridad con impunidad”.

A pesar de todo, los intentos del fiscal de revertir ese fallo ante el máximo tribunal de justicia del país, se terminaron en abril, cuatro años después, cuando dieron la negativa.

“Este es un caso aberrante (…) había un montón de posibilidades para que también se asegure el servicio de justicia para la víctima antes que el sobreseimiento”, había explicado el fiscal.