Crimen de El Cuy: apelaron a la Corte las absoluciones por la muerte de Jonathan Peña
Cuando la familia de Jonathan Peña pensó que dejar El Cuy y mudarse a Roca significaría un nuevo comienzo, una esperanza para mitigar el sufrimiento por el asesinato del adolescente, no imaginaba que siete años después seguiría sin poder tener justicia ni atravesar el duelo en paz. Tras un largo peregrinar por los pasillos de Tribunales, fueron testigos de cómo la justicia rionegrina condenaba a los culpables -menores de edad al momento de los hechos- pero meses después los absolvía. En paralelo tuvieron que convivir en su nuevo destino con el médico y el policía del pueblo (familiares directos de los acusados) que también habían sido denunciados como cómplices.
Los derechos de los menores de edad no son más importantes que los de las víctimas. Ese fue uno de los argumentos que utilizó el Fiscal General Fabricio Brogna para llevar el caso a la corte Suprema de Justicia de la Nación y pedir que se anule la absolución porque de todo el abanico posible de soluciones, el STJ optó sólo por la que garantiza los derechos de los menores, “negando completamente los derechos de la familia de la víctima”.
En 2017 un joven fue condenado a 6 años de prisión por el asesinato de Jonathan, y su novia a 10 meses de prisión en suspenso por encubrirlo. El año pasado los jueces del STJ, si bien no cuestionó la declaración de culpabilidad de los jóvenes, entendieron que no era necesaria la aplicación de la pena y los absolvió.
Para tratar de revertir ese fallo el fiscal General presentó un recurso ante el máximo tribunal de justicia del país, que no tiene tiempo para analizar si lo admite o no. Si abre el expediente, significará que revisará el fallo.
Brogna admite que si bien los menores de edad no pueden ser juzgados con la misma vara que los mayores y que la ley les contempla siempre una culpabilidad disminuida, no hay que asociar minoridad con impunidad.
“Este es un caso aberrante, en el que no hay dudas de lo que pasó. Se presentaron pruebas y se comprobó que a Jonathan lo mataron, le limpiaron las heridas para borrar huellas y después lo enterraron. Se comprobó también quiénes fueron los responsables y se los condenó. No digo que sí o sí debían cumplir la pena en la cárcel, pero había un montón de posibilidades para que también se asegure el servicio de justicia para la víctima antes que el sobreseimiento”, explicó el Fiscal General.
El fiscal General plantea que la opción del cumplimiento efectivo de la pena en la cárcel no era la única. Según él se podría haber dictaminado revisiones periódicas de la modalidad de ejecución; haber extendido el tiempo del tratamiento tutelar o hasta disponer un encarcelamiento en un lugar especial como un hogar de menores.
Una de las condiciones para que se ratifique una condena a menores de edad es que no hayan podido resocializarse. En ese punto se centra otro de los argumentos que plantea Brogna. Dijo que a pesar de que la Cámara en lo Criminal no dudó al afirmar que no se pudo determinar que jóvenes se habían resocializado, los jueces del STJ si dudaron, y ante ello dijeron que no se podía imponer una pena de prisión efectiva.
Agregó que los jueces del STJ no citaron a los condenados para tener una impresión en el momento de ellos, como lo había solicitado la defensa con el consentimiento de la fiscalía. Ahora es tiempo de esperar para saber si la Corte Suprema reabre el caso y analiza los planteos de Brogna, o si otra familia de un crimen se queda sin Justicia.
Los padecimientos de la familia
Desde hace años Vilma y Perín, buscan justicia por Jonathan y paz para criar a sus otros hijos. Al dolor de ver que la Justicia no les da respuestas, se suma la “convivencia” en Roca con familiares de los condenados, también sospechados de esconder el cuerpo: el médico y el policía del pueblo. ”Al médico lo vemos siempre. La hermana de uno de ellos me siguió hasta el trabajo. Tengo miedo por mis hijos. De ellos no podés esperar nada bueno”, lanzó Vilma.
El caso
-Jonathan Peña desapareció en la previa al aniversario del Cuy en octubre 2012.
-La policía le dijo a la familia: “seguro se fue a Roca”. Pero ellos no se quedaron tranquilos y lo siguieron buscando.
-Tras varios días de rastrillajes, su padre Perín encontró el cuerpo semienterrado en un cañadón, a varios kilómetros del pueblo.
-Se acusó a un grupo de jóvenes del pueblo, pero sólo dos llegaron a juicio.
-En 2014 un joven (que en el momento del hecho era el “rey del pueblo”) y su novia fueron declarados responsables.
-En octubre de 2017 los condenaron a 6 años de cárcel y 10 meses de prisión en suspenso como autor y encubridora del crimen, respectivamente. Ambos tenían 16 años al momento del crimen.
-Se investigó al tío del joven (en ese momento médico del pueblo) y al padre de la chica (en ese momento jefe policial del lugar) por encubrimiento, pero la causa no avanzó.-
-En noviembre de 2018, el Superior Tribunal de Justicia emitió un fallo en el que absolvió a los condenados.
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