Crimen de Valeria Lobos en Neuquén: revocaron la última decisión y el caso podría ir a juicio por femicidio
El Tribunal de Impugnación anuló una resolución judicial que excluía el femicidio y ordenó que se realice un nuevo control de acusación por el crimen de Valeria Lobos en Centenario. La instancia estará a cargo de un nuevo juez.
El crimen de Valeria Lobos en Centenario podría ser juzgado como femicidio. Foto Centenario Digital.
Una nueva resolución judicial reavivó la causa por el crimen de Valeria Roxana Lobos, ocurrido en Centenario en octubre de 2024. La joven falleció en diciembre, luego de agonizar durante casi dos meses en el hospital Castro Rendón de Neuquén, tras recibir un disparo en una discusión doméstica. En junio, una jueza no contempló la figura de femicidio por «omisiones de la Fiscalía» y se recurrió su decisión. Un reciente fallo del Tribunal de Impugnación revocó esa resolución y ordenó repetir la audiencia de control de acusación.
La resolución fue dictada por unanimidad por los jueces Andrés Repetto, Federico Sommer y la jueza Estefanía Sauli. Con este fallo, se anula la decisión previa de la jueza de garantías Carina Álvarez, quien había excluido el agravante de femicidio por considerar que no estaba suficientemente acreditado en la acusación presentada por la fiscalía. Ahora, será otro juez quien lleve adelante una nueva audiencia para evaluar si el caso finalmente se eleva a juicio por jurado popular, como pretendía el Ministerio Público Fiscal.
La causa por el crimen de Valeria Lobos podría volver a encaminarse hacia la figura de femicidio
El hecho que conmocionó a la comunidad de Centenario ocurrió tras una discusión en una vivienda de la ciudad. En ese contexto, el acusado le disparó a Roxana Lobos con un arma de fuego de fabricación casera, provocándole heridas gravísimas.
Fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón, donde permaneció internada durante casi dos meses. Finalmente, murió el 18 de diciembre por las secuelas del disparo. Desde entonces, su familia ha exigido justicia, y numerosas organizaciones reclamaron que se investigue como un femicidio.
Durante la audiencia anterior, la jueza Álvarez explicó que «no toda muerte de una mujer es un femicidio» y argumentó que no se podía incorporar ese agravante en el juicio si no había sido descripto previamente con hechos concretos en la acusación fiscal. En una intervención firme, defendió el principio de legalidad y remarcó que el sistema penal argentino es de acto, no de autor.
«No se puede juzgar a alguien por lo que le hizo a sus anteriores parejas», sostuvo la magistrada, aludiendo a la falta de pruebas de violencia de género estructural o sostenida en el caso de Lobos.
Deberá volver a control de acusación
La decisión del Tribunal de Impugnación cambia nuevamente el rumbo de esta causa. El tribunal señaló que es la fiscalía quien debe definir el tipo de juicio —en este caso, por jurado popular— de acuerdo con la calificación legal y la pena esperada.
Al anular la resolución de Álvarez, consideraron que se había excedido al modificar los términos de la acusación fiscal sin que mediara un pedido expreso de las partes. Por eso, ordenaron realizar una nueva audiencia de control de acusación con un nuevo juez de garantías, que deberá decidir si el caso va a juicio con la figura de femicidio incluida.
La familia de Valeria Roxana Lobos había manifestado su dolor ante la posibilidad de que el crimen no fuera juzgado como femicidio. En la audiencia anterior, incluso la propia jueza Álvarez, pese a descartar el agravante, se dirigió con emotividad a los padres de la víctima: «Como madre, no puedo imaginar el dolor que están padeciendo. Tampoco el de Roxana, 60 días agonizando por este hecho tan salvaje». Aun así, insistió en que el juicio debía ser justo y respetar el debido proceso legal.
El fallo del Tribunal de Impugnación devuelve la expectativa de justicia plena para la víctima y su entorno. El nuevo control de acusación será clave para determinar si finalmente el crimen será juzgado como un femicidio, en un proceso que, de concretarse, será llevado adelante por un jurado popular.
En tiempos donde la violencia de género es una preocupación social urgente, sobre todo en la región, este caso vuelve a poner en debate los criterios judiciales, los límites del sistema penal y las deudas del Estado con las víctimas.
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