Crímenes del Alto: los exjefes policiales deberán cumplir la condena en el Penal de Choele Choel
La jueza Romina Martini confirmó la decisión de la jueza de Ejecución Penal Sandra Ragusa. La defensa de los policías había pedido que permanezcan detenidos en una comisaría.
La jueza Romina Martini confirmó la decisión de Sandra Ragusa.
El exjefe de la Policía de Río Negro, Víctor Cufré, los excomisarios Jorge Villanova y Argentino Hermosa, y los policías Víctor Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo deberán cumplir sus condenas en el establecimiento penal de Choele Choel y no en comisarías como había solicitado la defensa.
Los seis fueron condenados a cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación. por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, durante la represión policial del 17 de junio de 2010 en barrios del Alto de Bariloche.
En la audiencia judicial que se llevó a cabo este viernes, la jueza Romina Martini confirmó la disposición de la jueza de Ejecución Penal, Sandra Ragusa.
En su momento, Ragusa dispuso el alojamiento de los condenados en el Penal de Choele Choel pero el reacondicionamiento de un sector especial para los policías dilató el traslado. Mientras tanto, permanecieron en una comisaría.
Martini evaluó los argumentos de la jueza de Ejecución Penal respecto a la necesidad de trasladar a los condenados a un establecimiento penal cerrado. «En las comisarías, por ejemplo, se dificulta la atención médica de las personas allí alojadas; mientras que en el establecimiento penal todos cuentan con posibilidad de control médico», mencionó.
Por otro lado, recalcó que «en el establecimiento penal no están todo el día encerrados ya que hay tiempos para el patio y diferentes actividades, a diferencia de la comisaría. También está previsto que la provincia abone el costo del traslado de los familiares de las personas condenadas. En la comisaría, ninguno de esos derechos podría garantizarse», apuntó Martini.
Respecto al planteo de la defensa vinculado a la seguridad de los policías al estar en contacto con otras personas condenadas, Martini citó al jefe del Servicio Penitenciario, Hugo Cechini: «No dijo que fuera insegura la cárcel y aseguró que se reacondicionó el lugar. Además, la tarea de un penitenciario es garantizar la seguridad. El defensor dijo que está en riesgo la vida de sus asistidos, pero no lo ha podido comprobar».
La jueza también destacó el planteo de la abogada querellante Julieta Blanco. «La querella dijo que siempre es transitorio el alojamiento en comisarías y lo he corroborado. Cada vez que una persona es alojada en comisarías, los mismos comisarios dicen que no es lugar adecuado para alojar mucho tiempo a una persona», indicó.
Los planteos de la defensa y la fiscalía
Al comienzo de la audiencia, el abogado defensor Sebastián Arrondo cuestionó el traslado de Cufré, Pil y Hermosa al establecimiento penal de Choele Choel, días atrás.
«Pedí que se suspenda ese traslado ya que se había hecho lugar a la queja y se estaba tratando. Eso fue comunicado a la jueza de Ejecución y a la Oficina Judicial. Sin embargo, el traslado fue consumado», cuestionó.
También objetó la falta de respuestas por parte de la ministra de Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, respecto de un oficio. «Pregunté si hay antecedentes de condenados que hayan cumplido la totalidad de sus condenas en comisarías, si en el establecimiento de Choele se pueden cruzar con otros internos, si se encuentran seguros, si se los controla médicamente», dijo.
A su turno, el fiscal Guillermo Lista consideró que «si bien la ministra de Seguridad no ha respondido el oficio, ha habido una decisión del Servicio Penitenciario Provincial clara y manifiesta de alojar a las personas en el establecimiento cerrado de Choele Choel«.
Hizo hincapié en que el penal fue reacondicionado para alojar a los condenados debido a «su condición de policías». «Es un lugar de detención separado del resto de la población carcelaria. No hay posibilidad de convivencia de estos internos con el resto de la población», manifestó.
El fiscal recordó también que «el alojamiento en comisarías opera solo en transitoriedad, pero nunca como establecimiento definitivo para el cumplimiento de una pena».
«Hay un hecho consumado -recalcó Lista-: la decisión del Servicio Penitenciario de cumplir con el alojamiento de esas personas en ese lugar. El Servicio Penitenciario determina el lugar de alojamiento de personas condenadas. No habría motivos para desautorizar esa decisión. No es ilegal».
Blanco coincidió en que no puede cuestionarse la decisión del lugar dispuesto por el Servicio Penitenciario. «Si hay antecedentes de detenciones definitivas en comisarías, no suma a la causa. El comisario de Dina Huapi dijo que no están en condiciones de continuar con el alojamiento de los condenados. Esto no es más que dilatar una situación transitoria«, planteó.
La abogada dijo también que su cliente concurrió a la Comisaría 36 y detectó que «las personas condenadas no tenían sujeción. Sus derechos no están garantizados. Pedimos que estén alojados en establecimientos cerrados y bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial. Una persona condenada debe cumplir su condena en establecimiento cerrado, no en una dependencia policial«, expresó Blanco.
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