Crisis carcelaria en Neuquén: otra intimación judicial al gobierno
Las unidades penitenciarias de toda la provincia de Neuquén siguen cerradas por hacinamiento. Se le suman la falta de espacio para actividades educativas, obligatorias por ley.
Luciana Petraglia, defensora pública de Ejecución Penal. (Gentileza)
El gobierno de Neuquén recibió otra intimación judicial por la crisis carcelaria prácticamente terminal que atraviesa la provincia. Esta vez les ordenaron a las áreas de Educación y Seguridad que garanticen el acceso a la educación de los internos alojados en la ciudad capital.
La jueza de Ejecución, Raquel Gass, ordenó además que «en 60 días la Dirección de Población Judicializada se ponga al día con todos los informes de libertad condicional y de libertad asistida».
Otorgó el mismo plazo para que se cubran «los cargos profesionales (que ya se concursaron)»; dispuso que «las personas que ingresen de ahora en más al sistema penitenciario sean entrevistadas y se le pongan objetivos»; y que «se presente una planificación de recursos para hacer frente al crecimiento de población carcelaria».
Gass tomó las decisiones al término de una audiencia de hábeas corpus «correctivo y colectivo» solicitada por el Equipo Operativo de Ejecución del Ministerio Público de la Defensa (MPD) en la Primera circunscripción, en representación de todos los internos alojados en las unidades 11, 12 y 16 (de mujeres).
Hacinamiento y otros problemas
Todas las cárceles de la provincia están cerradas por órdenes de las juezas de Ejecución, Raquel Gass y Alicia Rodríguez, debido a las condiciones de hacinamiento, y en algunos casos falta de elementos de calefacción y contra incendios.
Ninguna recibe nuevos detenidos a menos que haya egresos. En el caso de las unidades de Zapala y Cutral Co, no aceptan personas de otras ciudades.
Retraso en los informes
Además de estos gravísimos problemas, se presentan otras vulneraciones de derechos. Según informó el MPD, la Defensora de Ejecución, Luciana Petraglia, expuso en la audiencia de hábeas corpus que «los internos están denunciando que, por los retrasos en los informes criminológicos (por parte del Gabinete técnico criminológico de la Dirección de población judicializada), se les está vedando la posibilidad de acceder a libertades asistidas y condicionales». Además se cuestionó la falta de actualización de estos informes (sobre la base de visitas y entrevistas periódicas a los internos)».
Se pudo determinar que por falta de cobertura de cargos técnico/profesionales, «son 64 los informes atrasados por parte de Población judicializada, lo que impacta en la posibilidad de que 42 personas puedan acceder a libertad asistida o libertad condicional».
Acceso a la educación
Respecto de la cuestión educativa, a través de la Defensa Pública los internos criticaron «la escasez de cursos de capacitación laboral reales y concretos para poder aspirar a una mejor reinserción social».
«En definitiva -sintetizó Petraglia- denuncian una vulneración de derechos en el plano de la progresividad del régimen penitenciario, relacionada con el retraso en los informes criminológico y el seguimiento de la ejecución de la pena, y también en el acceso a la educación».
Comentarios