Cuatro imputados por el fraude contra un municipio de Neuquén: uno era funcionario en otra localidad

Cuatro hombres quedaron imputados por el fraude a la municipalidad de Andacollo en una audiencia desarrollada el jueves pasado donde el fiscal del caso Víctor Salgado y el fiscal jefe Fernando Fuentes describieron las maniobras con las que habrían provocado un perjuicio cercano a los $128 millones para la comuna.

La causa se inició a partir de una denuncia del intendente local Manuel San Martin contra dos integrantes de su gabinete y dos comerciantes de la localidad, tras detectar una serie de irregularidades en la contratación de horas máquina a nombre del municipio.

Los funcionarios, que quedaron suspendidos, fueron identificados como Eduardo Argentino Zenteno, quien se desempeñaba como secretario de Servicios, Redes y Espacios Verdes, y Carlos Daniel Leiva, quien era director de Redes.

A ellos se sumaron los propietarios de un corralón local (K.C.V y J.C.V, por sus siglas), negocio que trabajaba como proveedor de la municipalidad.

La fiscalía planteó que los hechos cometidos fueron 13, por un monto que llegó a los $128 millones, y que las maniobras se concretaron a partir de la conformación de una asociación ilícita, con una estructura organizada y roles distribuidos.

Para cometer el fraude, se indicó que los imputados certificaron horas de alquiler de maquinaria vial a favor del corralón que nunca se ejecutaron y que el municipio pagó. También, señalaron que dispusieron ilegítimamente de áridos ubicados en la cantera municipal que luego eran vendidos a través del comercio sospechado.

El fiscal del caso, una vez formulados los cargos, solicitó que la investigación se declare como asunto complejo y que se establezca por el plazo de un año. Lo mismo planteó la querella, en representación de la municipalidad.

De igual modo, solicitó la prisión efectiva para los dos comerciantes y el embargo y la inhibición general de los bienes de todos los imputados por un monto equivalente al del fraude.

Fraude contra un municipio de Neuquén: un tercer funcionario

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Durante el desarrollo de la audiencia se conoció que no solo dos de los imputados percibían salarios del Estado como funcionarios, sino también que uno de los comerciantes investigados ejercía una tarea similar, pero en otro municipio: el de Villa El Chocón.

El imputado, cuya identidad fue reservada por el Ministerio Público, estuvo designado como «asesor de Relaciones Públicas e Institucionales con municipios de la zona norte de la provincia de Neuquén» de esa localidad hasta el 31 de octubre pasado, cuando la investigación ya estaba en marcha.

Fuentes judiciales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el decreto con su nombramiento tiene fecha del 27 de junio de 2025.

La fiscalía incluyó el dato dentro del expediente, con la idea de averiguar cuáles fueron las tareas desempeñadas en el municipio choconense. «Tenía categoría de funcionario y su tarea fue remunerada«, indicaron a este medio.

Fraude contra un municipio de Neuquén: la maniobra imputada

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Según describieron los acusadores, buena parte de la defraudación se cometió con el alquiler de maquinaria pesada al corralón.

Los imputados, para justificar los pagos, certificaban una cantidad de horas de trabajo ampliamente superior a las que se habían dado en la realidad. E incluso, realizaban certificados por servicios de maquinaria que ni siquiera habían sido provistos por el corralón en cuestión, afirmó la fiscalía.

Por ejemplo, en uno de los hechos se libró una orden de pago por 58 horas máquina contratadas. Pero, al revisar la documentación, se detectó que el servicio no había superado las 4 horas de extensión.

También se incluyó una intervención en la cantera municipal donde se cargaron áridos a un camión batea en beneficio del corralón. En total se cargaron 80 bateas, indicaron los representantes del Ministerio Público.

A Zenteno se le atribuyó además la disposición ilegítima de un rollo de 100 metros de cable adquirido por la municipalidad, junto a una mesa de caño estructural que había sido destinada a un centro comunitario de la localidad y una cocina industrial que era propiedad de la comuna.

Fraude contra un municipio de Neuquén: la decisión de la jueza

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La audiencia estuvo dirigida por la jueza de Garantías Vanessa Macedo Font, quien tuvo por formulados los cargos, aunque descartó declarar al caso como complejo y fijó el plazo para investigar en tres meses.

En cuanto a las medidas cautelares, decidió postergar su decisión hasta el viernes pasado, cuando finalmente resolvió rechazar los pedidos de prisión preventiva e hizo lugar al embargo y la inhibición general de bienes.

Para garantizar su cumplimiento, dispuso el embargo de las cuentas bancarias de los dos exfuncionarios acusados, mientras que a los otros dos imputados les exigió el depósito de $130 millones en una cuenta judicial.

Respecto a los delitos formalmente incluidos, a Zenteno se lo imputó por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública, peculado y asociación ilícita, en concurso real y calidad de autor.

Leiva fue acusado por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, en concurso real y en calidad de coautor.

Uno de los comerciantes, identificado como K.C.V, fue acusado por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, en concurso real y calidad de coautor. A su vez le imputaron el delito de peculado, en concurso real y como partícipe necesario.

A J.C.V, en tanto, se lo acusó por defraudaciones reiteradas en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, en concurso real y calidad de autor, junto al delito de peculado, en concurso real y calidad de partícipe necesario.