Diez años después, los condenaron por incumplir obras contratadas con un crédito BID en el Nahuel Huapi

Un empresario de la construcción y un funcionario público de la “unidad ejecutora” que debía controlarlo fueron condenados como responsables de la construcción inconclusa de tres centrales de incendios, que habían sido asignadas hace más de una década al parque nacional Nahuel Huapi.

El ingeniero Raúl Espiño era el encargado de Parques Nacionales para supervisar las obras costeadas con créditos del BID y el Tribunal Oral Federal de Roca lo condenó a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por fraguar certificaciones de obra que derivaron en pagos indebidos.

El gerente de la empresa contratista a cargo de esos proyectos, Marcelo Andreatta, recibió una pena de dos años en suspenso como coautor de la maniobra, cometida hace más de diez años.

Las centrales de incendios iban a estar emplazadas en Pampa Linda, al pie del cerro Tronador, en Villa La Angostura y en Los Rápidos del Manso, también en cercanías de Tronador. Solo esta última fue inaugurada, en noviembre de 2013, pero nunca funcionó de acuerdo al plan original y hoy es utilizada por el personal de mantenimiento de caminos.

Los otros dos edificios nunca pasaron de las bases y algunas paredes y luego de numerosos atrasos y redefiniciones de plazos, fueron abandonados. La Justicia dio por comprobado que los dos condenados “desviaron en provecho propio” un dinero que superaba el avance de obras efectivamente realizado por un monto de 1.387.000 pesos

Espiño era por entonces gerente a cargo de la Ucefe (Unidad Coordinadora de Proyectos de Financiamiento Externo) bajo el organigrama de Parques. Al momento del juicio oral también fue presentado como empleado de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Según el fallo redactado por el juez Simón Bracco -con la adhesión de sus pares Alejandro Silva y Ernesto Sebastián- “hubo una sobrecertificación en las tres subcentrales”, ya que según esas constancias que Parques abonó puntualmente, la subcentral de Los Rápidos tuvo un avance del 100%, la de Pampa Linda 69,92% y la de La Angostura del 69,93%, “cuando en realidad los trabajos se habían realizado en un 95,64%, 25,54% y 23,30% respectivamente”, según lo señalado por los inspectores de obra que declararon en la causa.

Uno de ellos, Néstor López, señaló expresamente que no reconocía su firma en los certificados numerados del 1 al 15. El último incluso fue emitido después de su renuncia. Una pericia caligráfica incorporada al expediente dio cuenta de que las firmas habían sido falsificadas.

Andreatta es maestro mayor de obras y también firmaba los certificados como socio gerente de Constructora Andreatta SRL. Ambos fueron condenados por defraudación a la administracion pública en concurso ideal con falsedad ideológica. Espiño recibió una pena mayor porque se le agregó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación penal se extendió durante ocho años, pero los jueces desestimaron un planteo de extinción de la acción penal por violación al plazo razonable que esgrimió el abogado defensor Luis María Terán Frías.

El largo y accidentado trámite se puso en marcha en 2015, cuando Parques Nacionales dio por cerrados los intentos por reactivar las obras, que llevaban por entonces tres años de paralisis, y formuló la denuncia penal.

Proyecto frustrado

La historia del caso había comenzado con la licitación del proyecto de las tres subcentrales, que fue ganada por Andreatta SRL. El contrato se firmó 2010, con un presupuesto de 4.509.000 pesos (equivalente por entonces a 1,2 millones de dólares) y el acta de inicio quedó fechada el 6 de julio de ese año, con un plazo de 8 meses.

Pero los problemas no tardaron en aparecer. Los arquitectos encargados de la inspección declararon que hubo problemas de suelo en todos los emplazamientos elegidos originalmente y debieron disponerse rellenos no previstos. También hubo redefinición de plazos y “tiempos muertos” en el cronograma de obra por razones climáticas y después por los efectos de la erupción volcánica de junio de 2011, que obligó a suspender los trabajos y generó daños particularmente graves en La Angostura.

Esos argumentos fueron expuestos por la defensa de los imputados, para la cual “no necesariamente el abandono (de las obras comprometidas) tiene que significar una investigación por defraudación al Estado”, dado que el incumplimiento del contrato “es una cuestión meramente civil y así debe resolverse”.

El abogado defensor también alegó que que si bien Parques pudo pagar certificaciones ilegítimas también cobró el seguro de caución del contrato.

Los jueces entendieron que esto último no exime de responsabilidad a los imputados porque “la ejecución de las pólizas no hace desaparecer el perjuicio ya consumado, sino que, en todo caso, lo redirecciona”.

El juez Bracco anotó que “la maniobra desplegada respecto de la totalidad de los certificados de obra cuestionados se encuentra consumada, toda vez que estos documentos fueron utilizados por los encartados para la configuración propia de la defraudación”.

Dijo puntualmente que “Espiño y Andreatta hicieron uso de los certificados ideológicamente falsos para gestionar los pagos ilegítimos”. A la hora de diferenciar los roles, sostuvo que el funcionario de la Upefe “detentó en todo momento el dominio del curso causal de los acontecimientos”, por lo cual le corresponde la calificación de “autor material” de la defraudación, mientras que Andreatta “prestó una colaboración indispensable a la acción criminal de su consorte de causa”.

Señaló además que su empresa fue “la beneficiaria directa de la maniobra investigada” y que los hechos que se pudieron constatar demuestran que “Parques Nacionales efectuó pagos desmedidos por el simulado avance de las obras”.

Para el tribunal, no contar con las centrales contra incendios que financió el BID resulta “un daño inconmensurable”, dado que la intendencia del parque nacional Nahuel Huapi “se ha visto privada al menos desde 2012 en adelante de esta importante herramienta” y menciona “sin ir más lejos” los incendios forestales devastadores que afectaron en 2022 el área sur del parque.