El abogado de Petroleros Privados aseguró que el reclamo contra la pyme de Cipolletti «es legítimo»

El letrado Marcelo Hertzriken Velasco se presentó ayer en la fiscalía 3 de Roca donde se encuentra la causa penal. En sintonía con Marcelo Rucci dijo que la empresa no cumple con las normativas de seguridad e higiene.

Tras la denuncia contra el sindicato de Petroleros Privados por coacción, los asesores legales del gremio se presentaron en la fiscalía Nº 3 de Roca para ponerse al tanto de la demanda. Dieron otra versión sobre acusación contra varios delegados sindicales por el bloqueo a una pyme de Cipolletti en un yacimiento de Río Negro.


Marcelo Hertzriken Velasco, abogado de Petroleros Privados, aseguró que se trata de un “legítimo reclamo” por las condiciones de trabajo con los obreros de la firma DeltaP que presta funciones en el bloque Puesto Flores que opera la británica President Petroleum.


Esos grupos se arrogan selectivamente la supuesta defensa de la Constitución en forma selectiva, porque sus mandantes incumplen diariamente la obligación constitucional de hace 65 años de darle participación obrera en las ganancias y control en la dirección y producción de las empresas”, dijo el letrado.


Agregó que las denuncias son infundadas y que existe un incumplimiento previo de una empresa: “Resulta paradojal entonces que se habilite la persecución penal para hechos que tienen que ver pura y exclusivamente con malas condiciones de trabajo”.

Aseguró que la mayoría de la mayoría de las denuncias contra el gremio petrolero fueron archivadas. “Ya estamos presentados en la causa, que al igual que en las varias decenas de proceso que he tramitado en estos últimos 7 años el 95% fueron archivadas en el fuero federal de Neuquén, Roca, San Rafael , CABA y en las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa por inexistencia de delito”, manifestó.

El argumento del gremio es que la pyme no cumple con las normas de seguridad e higiene con sus trabajadores. El propio secretario general Marcelo Rucci dijo que la empresa no cumplió con las demandas.

“En el mes de diciembre hicimos una visita a esta empresa y encontramos un montón de anomalías en lo que es seguridad, medio ambiente e higiene. Nosotros hemos convocado a los dueños de la empresa para manifestarles esta preocupación. Desde ya, estamos muy tranquilos”, dijo en declaraciones a Vos A Diario por RN Radio.


La empresa presentó días atrás una denuncia penal por coacción en la fiscalía de Roca a cargo de Norma Reyes. La abogada Florencia Arietto dijo que la conducta del gremio en este caso fue “lisa y llanamente una extorsión». Agregó que es una práctica habitual del sindicato para “meter presión”.


Duro comunicado del sindicato


Ayer por la tarde, el sindicato lanzó un duro comunicado contra la operadora y la contratista por el conflicto gremial. «La operadora President Petroleum y la contratista Delta P pretenden someter a los trabajadores a condiciones de esclavitud y ante el reclamo de respeto del Convenio Colectivo de Trabajo por parte de la organización sindical, levantan un dedo acusador, falso y prepotente en contra de quienes los quieren hacer cumplir la ley», sostiene parte del texto.

Ampliaron la denuncia contra las empresas ya que en el comunicado no solo se refieren a las condiciones de seguridad e higiene sino que también sumaron irregularidades salariales: «Hemos reclamado de manera reiterada ante organismos competentes por las graves irregularidades en la liquidación de salarios. Y los acusadores no corrigen las fallas con la idea de ahorrar sobre el lomo de los operarios».

Aseguraron que desde el año pasado vienen reclamando a la operadora y a la contratista y que no han tenido respuesta. «Ante esta situación desde hace más de 4 meses que pedimos una mesa de diálogo para resolver el problema. No solo se niegan, sino que además aprietan a los trabajadores para que no puedan recurrir a su organización sindical a pedir ayuda. Hemos registrado despido de al menos un operario que denunció maltrato. Solo quería estar mejor.

«El mensaje es claro: no vamos a permitir que ninguna empresa pretenda avasallar a un trabajador. Si no se cumplen condiciones de seguridad y salubridad no van a operar», finalizaron.


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