El concesionario del refugio Frey pide suspender el juicio y pagar $800.000 por la muerte de Manuel Benítez
Federico Pajarín era el responsable del refugio en 2022 cuando el joven murió al intentar llegar a su puesto de trabajo, atrapado en una tormenta de nieve. La querella y fiscalía rechazan una suspensión de juicio a prueba.
El imputado Federico Pajarín, acompañado de su defensor particular que alegó a favor de confirmar la decisión del juez Campana, quien le otorgó en octubre pasado la probation al acusado. (Foto de archivo Chino Leiva
El juez de Garantías de Bariloche Bernardo Campana se tomará las próximas 48 horas para analizar el pedido de suspensión de juicio a prueba (probation) de la defensa de Federico Pajarín, el concesionario del refugio Frey, acusado por el homicidio culposo de Manuel Benítez, el joven que ascendió a la montaña en medio de una tormenta de nieve y murió a 100 metros de llegar a destino en abril de 2022. La propuesta es una suma de 800.000 pesos en cuotas y el monto asignado por la ART.
Campana se disponía hoy a encabezar la audiencia de control de acusación, una instancia previa a llegar a juicio oral, luego de que otro juez lo ratificó semanas atrás en la causa al descartar los pedidos de apartamiento que realizó la fiscalía y querella cuando avisó que era socio del Club Andino Bariloche, el organismo propietario del refugio concesionado a Pajarín, que si bien no está imputado en la causa penal podría tener alguna responsabilidad en el fuero laboral o civil de esta causa. Sin embargo, un planteo del abogado defensor Juan Manuel García Berro, cambió el eje de la audiencia.
El defensor propuso una suspensión de juicio a prueba y relató que había alcanzado un acuerdo para avanzar en ese sentido tiempo atrás con el primer fiscal que intervino en el caso, Gerardo Miranda, pero que luego se canceló cuando se le informó que la fiscal jefa Betiana Cendón descartaba aplicar esa posibilidad que ofrece el Código Penal para casos que puedan tener penas de prisión en suspenso.
Los argumentos para pedir suspensión de juicio a prueba
García Berro enfatizó que la llamada probation debe ser aplicada en el caso de Pajarín porque cumple los requisitos técnicos previstos en el Código Penal, no tiene antecedentes, es joven y la pena que le cabe por el delito por el que se lo acusa sería de 3 años de prisión en suspenso, según anticipó la fiscalía. Además señaló que el concesionario no tenía conocimiento cabal de lo que podía ocurrir con Manuel Benitez porque no se encontraba en la montaña cuando el joven caminaba en medio de la tormenta de nieve para llegar a su puesto de trabajo en el refugio, desprovisto de indumentaria térmica, de radio de comunicación y de experiencia.
El abogado aseguró que Benítez, que nunca llegó a destino por la nevada y fue encontrado sin vida a 100 metros del refugio el 28 de abril de 2022, tenía “autonomía decisoria” y podía definir qué camino tomar o qué hacer en función de la geografía y las circunstancias climáticas que su defendido no podía conocer de manera certera.
Indicó que Pajarín no tiene bienes para ofrecer, pero podía reunir 800.000 pesos a pagar en cuatro cuotas a la familia de la víctima, sumado a unos 23 millones de pesos disponibles por la ART contratada por el concesionario. Los montos mencionados generaron malestar entre el público que elevó un murmullo en la sala, mientras que Jimena Cerda y Juan Benítez, los padres de la víctima se evidenciaban afectados y con lágrimas en los ojos.
García Berro insistió en el cumplimiento de los preceptos técnicos que se fijan para llegar a una instancia de suspensión de juicio a prueba y mencionó antecedentes y fallos del STJ que insta a propiciar este instrumento penal cuando las penas no son de prisión efectiva.
La fiscal enfatizó en la prioridad del deseo de las víctimas
La fiscal jefa Betiana Cendón admitió que frenó el posible acuerdo instrumentado por el primer fiscal del caso, Miranda -que era subrogante- porque existe una determinación de la Fiscalía General de Río Negro de dar prioridad al deseo de la víctima para avanzar en una probation y en este caso, los padres de Benítez, que son querellantes en la causa, no aceptan esa medida y pretenden llegar a juicio oral y público.
Cendón puso el foco en el interés de la víctima que rige en la actualidad y ejemplificó con otro caso similar, como el de la niña muerta en el lago Gutiérrez en una salida escolar, que sigue su curso hacia el juicio oral por la negativa de los padres de aceptar una probation para los docentes acusados.
También la fiscal señaló que el acusado tuvo responsabilidad como empleador en no otorgar los elementos necesarios a Benítez para ascender a la montaña y reprochó su conducta posterior a la muerte del joven debido a que hay registros que realizó el alta laboral del refugiero 7 días después del deceso con una fecha dos días previos al ascenso a la montaña.
La querella pedirá prisión efectiva para el concesionario
El abogado querellante, Raúl Ochoa, rechazó también la suspensión de juicio a prueba y se basó puntualmente en que pedirá una pena de 4 años de prisión efectiva para Pajarín y con ese planteo se cae la principal condición que debe tener el caso para llegar a probation.
“Esta es la historia de la codicia que ha terminado con este tipo de tratamiento de las personas que trabajan en la montaña”, dijo Ochoa al aludir al trabajo no registrado habitual en los refugios de montaña y que ese paradigma cambió ante la muerte de Manuel Benítez.
Ante la profusa exposición de las partes y referencias a sentencias de tribunales superiores y autoridades, el juez Campana dijo que debía corroborar los dichos y analizar el total de la situación para lo cual se tomará 48 horas y luego comunicará por una audiencia por Zoom su decisión. También instó a las partes a dialogar para intentar llegar a un acuerdo.
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