Está acusado de tentativa de femicidio en Bariloche y desde el hospital intentaba presionar a la víctima

La Justicia penal de Bariloche intervino para ajustar las condiciones de detención de un sujeto que está acusado de apuñalar y herir de suma gravedad a su expareja, debido a que mantiene comunicación frecuente con la víctima, a quien amedrentaba por teléfono desde el hospital zonal, donde permanece internado y con prisión preventiva.

La denuncia fue formulada por la madre de la joven, que tiene 20 años, y fue recogida por el fiscal Marcos Sosa Lukman, quien pidió una audiencia con el exclusivo fin de exigir que se dicte la prohibición estricta de comunicación entre Horacio Oporto y su expareja.

Dijo que la medida tenía por fin “resguardar la integridad física y mental” de la muchacha, y “evitar otra vez una situación de dependencia emocional, que afecte su testimonio en un futuro”.

Oporto está acusado de haber agredido a Maite Almonacid con un arma blanca durante los festejos por el “Día de Boca”, el último 12 de diciembre. La mujer sufrió múltiples lesiones y terminó internada en terapia intensiva.

Cuando se le formularon cargos por homicidio en grado de tentativa, doblemente agravado por el vínculo y por el contexto de violencia de género, el juez Ricardo Calcagno dictó la prisión preventiva del acusado hasta el próximo 12 de abril.

Pero luego, a raíz de un dictamen psiquiátrico, se acordó su internación con custodia en el hospital, ante la necesidad de “asegurar su integridad mental”. Desde allí tiene libertad para usar su teléfono celular sin límite alguno y mantiene contacto por mensajes con Almonacid, que su madre denunció como una situación que la tiene “atemorizada”.

La mujer dijo haber observado “un cambio de conducta significativo” en su hija, producto de la “influencia y la manipulación” de su victimario. Dijo que incluso le escuchó decir que evaluaba “volver con Oporto”.

El fiscal Sosa Lukman subrayó la gravedad de lo ocurrido y dijo que “confirma el patrón de violencia de género”. El abogado defensor, Lucas Piñón, no se opuso a disponer restricciones de comunicación más severas para su defendido.

Un vacío normativo

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Al momento de resolver, el juez de garantías Ricardo Calcagno recordó que la custodia del acusado le corresponde al Servicio Penitenciario y dijo desconocer si le permiten al detenido mantener el teléfono, sin control alguno ni limitación.

“Está internado por una cuestión médica, no está de vacaciones —aclaró el juez—. Su situación procesal es imputado con prisión preventiva”.

Analizados los hechos, dijo que haría lugar a lo pedido por el ministerio público y ordenó “la prohibición de comunicación por cualquier vía con la denunciante y víctima”. Le preguntó a Oporto si entendía lo dispuesto y le aclaró que si viola la prohibición o “envía a alguien a hablar con ella”, se expone a medidas “más gravosas”, incluido un posible traslado a Viedma.