Estafa al Ipross: la querella dice que pedirán entre 6 y 12 años de prisión

Desde Fiscalía de Estado hablaron de un fallo “impecable” contra los farmacéuticos. La sentencia confirmó la ausencia de responsabilidad de la obra social.

Horas después de la declaración de culpabilidad para los cuatro farmacéuticos juzgados por la millonaria estafa al Ipross, desde la querella anticiparon que el pedido de penas en el juicio de cesura irá “entre 6 y 12 años de prisión”.

“La sentencia nos ha reconfortado, porque fueron ocho meses de juicio muy complejos, con planteos de la defensa decididos a enturbiar todo. La sentencia fue impecable, así que somos muy optimistas, porque nos avizora un escenario donde esperamos que sea confirmada en las siguientes instancias”, sostuvo el abogado Federico Rosbaco, representante de la Fiscalía de Estado en el proceso.

El viernes, el tribunal que analizó los hechos a lo largo de casi nueve meses, determinó que Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano fueron coautores del delito de estafas reiteradas, agravadas por haber sido cometidas contra la Administración Pública.

Para los jueces Oscar Gatti, Laura Pérez y Luciano Garrido quedó acreditada la existencia de un plan, para facturarle al Ipross por costosos medicamentos nunca vendidos a afiliados, a partir de cuatro modalidades diferentes, la mayoría de ellas relacionadas con la manipulación del sistema informático donde se registran todas las operaciones de compra/venta de remedios en las farmacias de la provincia.

El veredicto puso en un rol central a la ex auditora del Colegio y determinó que cada uno de los farmacéuticos imputados fue “coautor” con ella de cada uno de los delitos cometidos. Si bien el Tribunal destacó el vínculo y el conocimiento que todos tenían entre sí, precisó que cada uno era independiente en su posibilidad de continuar o no con las maniobras en connivencia con la auditora.

En declaraciones al programa Encuentro Informativo, de Viedma, Rosbaco dijo que “entre 6 y 12 años es la pena que se va a pedir de prisión, seguramente”, durante el juicio de cesura que comenzará en pocas semanas.

El abogado de Fiscalía de Estado también consideró importante el fallo de este viernes, porque permitirá consolidar la demanda ya iniciada en el fuero contencioso administrativo, para recuperar al menos una parte de los fondos cobrados por los farmacéuticos a partir de la estafa.

“Una parte importante sin dudas se va a cobrar, porque hay bienes embargados”, recordó.

El rol del Ipross

Por otra parte, Rosbaco resaltó sobre la sentencia que “deja como mensaje importante que no todo en el Estado se hace mal”.

“Hay cosas que se hacen bien, otras mal y se pueden mejorar, pero quedó claro que no hubo responsabilidad de la obra social en el perjuicio”, indicó el querellante.

Esa supuesta responsabilidad de la obra social, por la falta de un control estricto sobre lo que pagaba, fue una parte central del juicio, principalmente en los alegatos.

Desde las defensas concentraron su mirada en los procesos de auditoría que debieron llevarse a cabo en Viedma, pero el tribunal finalmente descartó ese camino, asegurando que el Ipross fue “sujeto pasivo” en el caso.

“Se acredita la triada de engaño”, dijeron los jueces en su resolución detallando que el delito de estafa se configuró porque se dieron los tres elementos básicos de esa figura delictiva.

Uno es el “engaño” intencional de los imputados al Ipross, a través de la manipulación de los sistemas informáticos y del conocimiento que tenían sobre los circuitos administrativos y de control, aprovechándose de un convenio con la obra social que les asignaba las principales tareas de auditoría al propio Colegio.

Otro es el “error” en el que efectivamente cayó a la obra social, como consumación del engaño, que llevó a la entidad estatal a pagar por remedios inexistentes.

Y el tercero es la “disposición patrimonial”, es decir, las transferencias millonarias de dinero que Ipross hizo a los farmacéuticos por la cobertura de medicamentos que ellos jamás habían vendido.

Allí radica el perjuicio económico al Estado, que en 2019, al inicio de la investigación, se calculó en 66 millones de pesos. Según el veredicto del viernes, ese valor actualizado a diciembre de 2023 arroja un total de 2.400 millones de pesos. Y actualizando a hoy esos números, puede concluirse que los pagos surgidos de las maniobras delictivas representan unos 3.360 millones de pesos.


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