Imputaron a la conductora del patrullero policial que atropelló a Catalina, la niña de Plottier

En una audiencia realizada hoy, el fiscal del caso Andrés Azar formuló cargos contra Camila Rocío Esperanza, agente de la Policía de Neuquén, por el grave incidente vial ocurrido en la ciudad de Plottier que dejó como saldo a una niña de 9 años con lesiones gravísimas y permanentes.

El hecho: velocidad y negligencia

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Según la acusación fiscal, el siniestro tuvo lugar el pasado 19 de noviembre de 2025, cerca de las 19:00 horas, en la esquina de las calles Reconquista y Güemes. La imputada conducía una camioneta Volkswagen Amarok (móvil JP 15-21) perteneciente a la Comisaría 46.

Las pericias accidentológicas presentadas por la fiscalía fueron determinantes al señalar dos factores críticos. El primero fue el exceso de velocidad, teniendo en cuenta que la agente circulaba a un mínimo de 72,82 km/h en una zona residencial donde el máximo permitido es de 30 km/h.

Como segunda consideración se tomó en cuenta la falta de protocolos ya que pese al exceso de velocidad, la uniformada no había activado ni las sirenas ni las balizas de emergencia.

Al perder el control del vehículo, Esperanza impactó contra dos bicicletas en las que circulaban dos menores. Mientras una de las niñas logró salvarse al arrojarse del rodado, Catalina Galcerán fue embestida violentamente.

Consecuencias irreversibles

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La gravedad del cuadro clínico de la niña mantiene conmovida la comunidad de Plottier. Tras ser derivada al hospital Castro Rendón, los informes médicos confirmaron politraumatismos con compromisos neurológicos, respiratorios y ortopédicos.

«Se determinó que la víctima presentará secuelas permanentes e irreversibles, por lo que requerirá atención médica constante para su sostén vital», detalló el fiscal durante la audiencia.

Calificación legal y próximos pasos

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El fiscal Azar, acompañado por el asistente letrado Maximiliano Jávega y la funcionaria Cynthia Tobares, calificó la conducta de Esperanza como lesiones gravísimas culposas agravadas por la conducción imprudente y el exceso de velocidad.

Por su parte, la querella que representa a la familia de la niña adhirió en su totalidad al planteo del Ministerio Público Fiscal.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Manuel Kees dio por formulados los cargos y dictó un plazo de cuatro meses para que se desarrolle la investigación preparatoria.