Imputaron a la conductora que causó tres muertes en un choque cerca de Viedma

La jueza admitió los cargos formulados por la fiscalía, con la adhesión de la querella, contra la acusada, y habilitó la investigación del caso por cuatro meses. La defensa de la mujer rechazó la acusación, pero desestimaron su planteo. Le impusieron cuatro meses de prisión preventiva.

La noche del 17 de marzo pasado, el destello de una luz potente encandiló a Fabián Andrade, que conducía una Renault Duster por la Ruta Nacional 250, en dirección a Viedma. Observó que una camioneta se le venía encima y desesperado trató de esquivarla. Pero un impacto brutal lo estremeció. Segundos después, el mundo se le derrumbó.


Su hijo Juan Cruz y su madre, Mirta Liliana Andrade, habían muerto por la colisión y su otro hijo Tomas, de 11 años, agonizaba. Todos viajaban en la Duster. Sin señal de celular, conmocionado, el hombre deambulaba por el asfalto desgarrado por la tragedia. Pedía a los gritos ayuda en la oscuridad.

Una mujer que circulaba en un auto se detuvo a brindar asistencia. Después, una pareja paró y uno de ellos pudo llamar para pedir auxilio. En el lugar de la tragedia quedó la camioneta Toyota Hilux, que había embestido a la Duster. Estaba sin ocupantes.

Después, los investigadores establecieron que Esther Padilla Ibáñez conducía la Toyota y que se había marchado en silencio, en la camioneta de un amigo que la fue a buscar, sin prestar ayuda, relató ayer la fiscal Yanina Estela Passarelli.

Recordó que por el choque murieron Juan Cruz y Tomás Andrade (al día siguiente del siniestro vial) y la abuela de los hermanos. Mientras que el padre sufrió lesiones.

La imputada Esther Padilla Ibáñez pidió perdón en la audiencia de este martes. (foto de arcihvo)

Cómo ocurrió el siniestro vial, según la fiscalía



La fiscal le atribuyó a la conductora el hecho que ocurrió la noche del 17 de marzo pasado, a la altura del kilómetro 2,320 de la Ruta Nacional 250. Relató que Padilla Ibáñez conducía su camioneta en dirección a Conesa.

Describió que “al inicio de una curva invadió el carril contrario” y se despistó sobre la banquina. Dijo que cuando quiso retomar su carril, “la camioneta colisionó en el lateral derecho a la Renault Duster, que circulaba en sentido contrario y que había realizado una maniobra de esquive”.

La fiscal sostuvo que tras el choque, la mujer se fugó del lugar sin intentar socorrer a las víctimas. Recordó que la madre del conductor de la Duster murió a causa de politraumatismo, y también dos hijos de Andrade, a raíz de los traumatismos craneoencefálicos.

La fiscal calificó el hecho como homicidio culposo y lesiones leves culposas, agravado por la conducción antirreglamentaria de la camioneta. Señaló como otro agravante haberse dado a la fuga y no haber intentado socorrer a las víctimas, junto con no respetar las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular y por el número de víctimas fatales.

Fundó los cargos con las actas de procedimiento, grabaciones de cámaras de seguridad, el informe del Gabinete de Criminalística , planimetría, informes de la Oitel (con las llamadas de la imputada tras la colisión), declaraciones de testigos, entre otras evidencias. Y pidió cuatro meses para investigar el caso porque quedan pendientes pericias e informes, como el solicitado a un laboratorio de Chubut para establecer si los conductores tenían alcohol en sangre u otras sustancias en el momento de la colisión.

Los abogados por la querella Damián Torres y Claudia Pichiñan adhirieron a los cargos formulados por la fiscalía. Destacaron la conducta que adoptó la mujer tras el siniestro vial y su presunto afán por ocultar lo que había ocurrido. Destacaron que un informe preliminar descarta que la conductora haya estado en shock tras el siniestro vial y, por eso, optó por irse.


La postura de la defensa


Mientras que el defensor particular Juan Pablo Merlo, junto a su colega Elizabeth Ruth Obait, se opuso a los cargos porque alegó que carecían de sustento probatorio. Y además, pidió la inmediata libertad de su asistida. Padilla Ibáñez está detenida desde el 20 de marzo pasado.

Merlo advirtió que en el tramo de la Ruta Nacional 250 donde ocurrió el siniestro vial, hay «una oscuridad terrible» porque no hay luces y tampoco hay señalización vial correspondiente. «Esta falta de señalización hace que después tengamos estos accidentes», destacó. Y responsabilizó al Gobierno provincial por esa situación.

Explicó que la mujer sintió temor por la reacción que podría tener el conductor de la Duster si ella se acercaba a ayudar. «Por miedo se va», aseguró Merlo.


La decisión de la jueza


La jueza Georgina Amaro Piccinini admitió los cargos y habilitó la investigación por el plazo solicitado. Destacó que la fiscalía, con la adhesión de la querella cumplieron los requisitos que exige la normativa vigente para atribuirle a una persona un hecho delictivo. Y desestimó punto por punto los planteos de la defensa.

Además, la jueza le impuso cuatro meses de prisión preventiva a la imputada porque consideró que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, pero, sobre todo, de fuga como advirtieron la fiscalía y la querella, porque tiene la solvencia económica para hacerlo.

La imputada se dedica a la compra y venta de cebollas en la región y comercializa en otros puntos del país. Piccinini recordó que horas después la imputada se presentó en la comisaría de General Conesa a pedir que le devuelvan el dinero que llevaba en la camioneta. El monto reclamado supera los 400 mil pesos hallados por la Policía en la camioneta Toyota Hilux. Ayer, se volvió a ventilar el reclamo por 17 millones de pesos que la mujer hizo por escrito, aunque los investigadores no encontraron ese dinero.

La mujer le pidió perdón a la familia de las víctimas. “Dios sabe que no fue intencional. No sé cómo explicarlo, no tengo palabras», expresó la imputada. «Pedirle perdón a la madre y al padre, que lo siento mucho, nunca fue mi intención pasar por esta situación», comentó.

«También soy madre, puedo sentir el dolor (…) Nunca pensé vivir lo que estoy viviendo”, manifestó. La defensa puede impugnar la resolución de la jueza.


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