Imputaron a un camionero por el crimen en un predio de una empresa de servicios petroleros de Añelo

En una audiencia realizada este jueves, la jueza de garantías Vanessa Macedo Font dio por formulados los cargos contra un hombre acusado de provocar la muerte de José Luis Retamal dentro del predio de una empresa de servicios ubicada sobre la Ruta Provincial 17, en la ciudad de Añelo. La fiscal del caso, Ana Mathieu, sostuvo que el imputado es responsable del delito de homicidio simple.

Según comunicó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, «el hecho fue cometido el pasado 16 de noviembre, en el lugar donde funciona la empresa sobre la Ruta Provincial 17. Allí, alrededor de las 0.30, la víctima ingresó en estado de exaltación a la playa de estacionamiento y comenzó a dañar diversos vehículos, entre ellos el del acusado, un Fiat Cronos. En este contexto, la víctima fue reducida por un guardia de seguridad y un chofer de la empresa, quienes lo dejaron en el piso inmovilizado, boca abajo y llamaron a la comisaría de Añelo. Sin embargo, antes de que llegue el personal policial, el acusado fue hasta donde estaba la víctima ya que él estaba en el predio por ser trabajador de la firma. Allí comenzó a darle golpes de puño y patadas con los botines con punta de acero que llevaba puestos, para luego subirse encima».

«Como consecuencia de la violencia que ejerció, la cual quedó registrada por las cámaras de vigilancia de la empresa, le provocó a la víctima la muerte por traumatismo grave de cráneo con fractura del hueso temporal, aplastamiento de cuello posterior y asfixia mecánica por compresión de cuello con fractura de hueso hioides», reza la información brindada por el organismo judicial.

Durante la audiencia, la fiscal Mathieu solicitó medidas cautelares, entre ellas la obligación de que el acusado se presente una vez por semana en una comisaría de Río Negro y la prohibición de salir del país, al considerar que existía riesgo de fuga.

Sin embargo, la jueza Macedo Font rechazó este pedido al evaluar que dicho riesgo no estaba debidamente acreditado.

Finalmente, la jueza estableció un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación penal preparatoria.