La estafa al Ipross y el debate detrás de la oferta de “reparación”: ¿se puede evitar la cárcel con plata?
Preguntas y respuestas después de la propuesta de uno de los farmacéuticos acusados. El juicio sigue hoy, con los primeros testigos.
La oferta de una “reparación integral” millonaria marcó el inicio del juicio por la estafa al Ipross. El intento de uno de los farmacéuticos imputados para evitar una condena a prisión efectiva generó múltiples reacciones dentro y fuera del Poder Judicial de Río Negro. Y si bien la decisión del Tribunal ante ese planteo no se conocerá hoy, cuando se reanuden las audiencias, existen antecedentes y datos importantes que ayudan a entender el contexto en el que se tomará esa definición.
Una de las preguntas más escuchadas desde el lunes tiene que ver con el alcance de este instituto, previsto en el Código Penal de la República Argentina. ¿Se puede resolver con dinero la consecuencia de un delito penal de estas características?
La respuesta es sí, pero también que no se trata de algo lineal ni sencillo.
En primer lugar, porque este tipo de soluciones alternativas requieren en principio de la conformidad de la víctima. Y en este caso particular del fraude a la obra social rionegrina, la Fiscalía de Estado se opuso este lunes a esa salida planteada por el abogado Carlos Vila, defensor de Fabio Caffaratti.
El representante del acusado contó en la audiencia que semanas atrás, la primera intención fue llegar a un acuerdo de juicio abreviado y que dialogaron para eso con la fiscal jefa, Teresa Giuffrida e incluso con el procurador general de la provincia, Jorge Crespo, además de trasladar la idea a la parte querellante.
Vila describió que todas las respuestas fueron negativas y ante ese escenario, surgió la estrategia de ofrecer la “reparación integral” del perjuicio.
Diario RÍO NEGRO consultó a diferentes fuentes del Poder Judicial y del sector privado sobre los antecedentes de ese instituto en la provincia, coincidiendo todos en que se trata de algo muy poco usual, aunque existen casos recientes en los que se debatió la aplicación de ese mecanismo.
En Roca se dio uno de esos hechos, en el cual se ofreció una reparación de 5 millones de pesos a los propietarios de un frigorífico que sufrieron un asalto y a pesar de que las víctimas dieron su consentimiento, la Justicia finalmente no habilitó el cierre del proceso.
La “reparación integral” fue integrada al Código Penal en el 2015, a partir de la sanción de la Ley 27.147, que incluyó el inciso 6 al artículo 59, determinando que la acción penal se extinguirá “por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
El defensor de Caffaratti fue enfático el martes al advertir que no estaba planteando una conciliación, sobre la que hay muchos antecedentes, sino la segunda alternativa. “Estamos hablando de la reparación total”, insistió.
Y ese concepto de “integralidad” o “total” es el que abre otro interrogante. ¿Caffaratti ofreció responder por los delitos que le atribuyen a él o está dispuesto a pagar por todo el perjuicio que sufrió el Ipross, que en una audiencia de noviembre del año pasado fue estimado en 800 millones de pesos?
Una fuente con acceso al expediente informó a Diario RÍO NEGRO que el planteo es sólo por la parte del farmacéutico, recordando también que es de fondo, por lo tanto, tendría efecto para el caso de que los jueces establezcan responsabilidad penal sobre los imputados.
Eso se conocería recién en septiembre, teniendo en cuenta que el cronograma del juicio prevé audiencias durante diez semanas, siendo las últimas entre el 29 y el 31 de agosto.
Los números en danza
La defensa de Fabio Caffaratti planteó el lunes la reparación integral “actualizada”, pero no habló de números concretos.
La estimación de 500 millones de pesos surge al recordar que en la formulación de cargos a ese farmacéutico le atribuyeron el 47% del perjuicio total sufrido por la obra social (31,6 millones sobre 67,1 millones), y que en noviembre pasado en una audiencia los fiscales mencionaron que el monto ajustado por inflación superaba los 800 millones. Siete meses después, con la inflación en alza, el cálculo total podría superar los 1.000 millones de pesos.
Sin embargo, en el entorno de Caffaratti creen que la suma total que debería desembolsar el farmacéutico -que cerró su local en Roca y se dio de baja como asociado del Colegio provincial- es menor.
Para llegar a esa conclusión toman en cuenta otro dato, surgido de la causa paralela que tramita en el fuero contencioso administrativo, donde el perjuicio original que le atribuyen es de 26 millones de pesos.
Los primeros testigos y el planteo de prescripción
El juicio por la estafa al Ipross se reanudará este jueves, con la declaración de los primeros testigos.
Esa extensa lista de convocados a los tribunales provinciales de Roca tiene en primer lugar a Marcelo Yop, presidente del Colegio de Farmacéuticos durante el 2019, cuando se descubrieron las irregularidades en la facturación a la obra social y se decidió llevar el caso a la Justicia.
Además de los testimonios, para la jornada de hoy se prevé que el tribunal integrado por los jueces Oscar Gatti, Laura Pérez y Luciano Garrido resuelva el planteo de extinción de la acción penal por prescripción que hizo la defensora de los otros tres imputados, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano.
Desde el Ministerio Público Fiscal y desde la Fiscalía de Estado (querella) se opusieron el lunes a ese pedido, advirtiendo que la formulación de cargos es un acto que interrumpe la prescripción.
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