Litigio legal y una causa de desalojo envuelven al teatro La Baita de Bariloche

El teatro La Baita de Bariloche tiene la cartelera activa hasta fines de octubre y una habilitación provisoria hasta noviembre avalada por un juez, mientras transita un expediente con el pedido de desalojo de la familia González Palazzo, propietaria del inmueble desde la década del ’80.

El litigio judicial en el que está inmerso el teatro, la única sala de la ciudad andina con capacidad para 700 personas, que pasó de ser el histórico cine Arrayanes a un teatro con todo su esplendor a fines de 2011, data de varios meses y un intrincado caso.

La sala es explotada por la empresa Power Link SRL, la firma que durante más de 15 años tuvo Puerto Rock, en el subsuelo del puerto San Carlos, y que el 1 de enero de 2016 inició también la administración del teatro. Pero su contrato concluyó el 31 de diciembre de 2024 y la familia propietaria inició una acción de desalojo por vencimiento.

Al mismo tiempo la firma que administra el lugar hizo uso de una prórroga y pidió que un juez dirima el valor del canon a pagar, según informaron fuentes vinculadas a la parte..

Las causas judiciales se tramitan en el Juzgado Civil N°14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de un cruce de cartas documento, y ante la falta de acuerdo mutuo para extender el contrato de locación y un valor de alquiler, y no devolución del inmueble.

La demanda por desalojo la inicia María Eugenia Martínez de González Palazzo, en calidad de socia gerente de Arrayanes SRL, propietaria del edificio ubicado en pleno centro de Bariloche, en la calle Moreno 39, quien señaló la falta de acuerdo con el inquilino (Power Link) a quien antes del vencimiento del contrato se le intimó a ofrecer un nuevo canon o devolver el inmueble, pero ninguna de las dos cosas ocurrió, según afirmó a Diario RÍO NEGRO Christian González Palazzo, en representación de la familia propietaria.

En la documentación legal -a la que accedió este diario- constan cartas documento de los propietarios y también de Marcelo del Grosso, gerente de Power Link, patrocinado en esa instancia por el abogado local Damián Vila, en la que difieren en la interpretación de la cláusula segunda del contrato de locación vigente desde enero de 2016.

Esa cláusula, 2.2 del contrato, prevé la opción de prórroga por seis años más, aunque menciona que “de buena fe y de común acuerdo, pactarán el nuevo canon locativo que el locatario deberá abonar al propietario durante el plazo de renovación”.

Los propietarios señalan que el precio del contrato anterior era de 90.000 pesos mensuales, que no se actualizó porque así lo establecía el convenio. La intención era modificar ese monto a los valores actuales de mercado o bien realizar otra transacción comercial con el inmueble. Señalan que Power Link no ofreció un monto de alquiler para negociar.

Power Link SRL antes de que concluya el contrato envió una carta documento haciendo uso de la cláusula de prórroga, algo que los propietarios desconocieron por no dar conformidad de acuerdo ni tener una cifra actualizada de alquiler. Luego de ese intercambio, los González Palazzo iniciaron la demanda de desalojo caratulada “Arrayanes SRL c/Power Link SRL s/ desalojo por vencimiento de contrato” que se tramita en el Juzgado Civil N°14 de CABA.

El abogado Vila -que ya no interviene en ese expediente por estar en otra jurisdicción- indicó a Diario RÍO NEGRO que existe una “diferencia de interpretación” de la cláusula de prórroga y para la empresa que explota la sala la discusión no está en la extensión del contrato sino en la fijación del canon, por lo que el mismo Juzgado Civil tiene ese reclamo (de fijar un valor al alquiler) y un pedido de acumulación de causas que está pendiente de resolución, con un rechazo en primera instancia.

Una habilitación suspendida y autorizada luego por un juez

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En paralelo, el área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bariloche el 14 de febrero de 2025 emitió la disposición 07-DHC-2025 mediante la cual dispuso un plazo de 10 días a la empresa Power Link SRL para entregar el contrato de locación vigente. Una disposición posterior anula la habilitación municipal para que el teatro permanezca abierto y esa decisión fue ratificada por el intendente Walter Cortés mediante la resolución 721-2025 fechada el 22 de abril.

Marcelo del Grosso, en carácter de gerente de Power Link SRL, acudió al Juzgado Contencioso Administrativo de Bariloche que el 2 de julio pasado le hace lugar a una medida cautelar solicitada y suspende las disposiciones y resolución municipal “por cuatro meses o hasta que se resuelva el juicio de desalojo”.

En esta causa el abogado fue Sebastián Arrondo y no Vila, quien no podría litigar contra el municipio porque actualmente es vocal del Tribunal de Contralor de Bariloche.

La familia propietaria cuestionó esa decisión de la sentencia 71-2025 del juez en lo Contencioso Administrativo, Iván Sosa Lukman, porque no corrió vista ni le dio lugar en el expediente, en su calidad de propietarios del edificio.

Mientras se dirime la diferencia judicial, en La Baita la cartelera está activa, sin boletería abierta al público, con venta de los espectáculos a través de otro local comercial de Bariloche, y con un permiso de habilitación extendido por un juez.