Mazieres y Merlo, las candidaturas confirmadas de Omar Gutiérrez para las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia
El gobernador de Neuquén firmó este mediodía los pliegos de sus candidatos a cubrir una vocalía y la Defensoría General. Ahora se inicia el proceso de oposición y consulta.
El actual consejero de la magistratura, Gustavo Mazieres fue nominado para cubrir el cargo de vocal. Foto: Yamil Regules.
El miércoles 1 de marzo era la fecha límite que se había puesto el gobernador, Omar Gutiérrez, para anunciar a sus postulantes a cubrir las dos vacantes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Sin embargo, este domingo oficializó el envío de los pliegos de de sus candidatos. Como había adelantado RÍO NEGRO el cargo de vocalía que ocupó hasta 2020 Oscar Massei estará destinado para el actual consejero de la magistratura, Gustavo Mazieres. Y para la Defensoría General, Gutierrez propuso a Vanina Merlo, actual ministra de seguridad.
La elevación de los pliegos se firmó este mediodía por el gobernador Gutiérrez, quien había anticipado que lo haría antes del discurso de apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo. En una nota enviada el titular de la Legislatura, Marcos Koopmann, presentó los nombres para cubrir la vacante.
Mazieres, que hasta ahora se desempeña como consejero en el Consejo de la Magistratura neuquina, representa al bloque peronista, y está identificado con el senador Oscar Parrilli. Fue nominado a vocal del máximo tribunal neuquino en reemplazo del lugar que dejó Massei.
El parrillismo parece haber ganado la pulseada en la disputa que tenía hacia dentro el propio oficialismo nacional, donde hasta último momento se mantuvieron otros candidatos vinculados al secretario de Energía, Darío Martínez.
Tiene como referente político a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mazieres viene de familia peronista, el padre del ahora nominado al TSJ fue compañero de militancia de Parrilli en los ‘70.
Pero también tuvo un papel clave en la faz empresarial: concretamente en el desarrollo del exemporio de servicios petroleros OPS, de Mario Cifuentes, investigado por este diario y denunciado por supuesto lavado de dinero. Incluso integró el directorio de esa firma y otras del grupo.
La silla de la Defensoría General
En cuanto a la vacante que dejó Ricardo Cancela por su jubilación en 2020, el gobernador nominó a una candidata: la actual ministra de Seguridad, Vanina Merlo. Ella cubrirá el cargo de Defensora General de la Provincia del Neuquén, tras ocho años ocupado por Cancela.
La funcionaria estuvo a cargo de Defensa Civil durante el gobierno de Jorge Sapag.
En 2017 fue segunda en la lista que compitió para la renovación del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén y estuvo en su banca muy poco tiempo. Renunció en abril de 2019 para asumir como ministra de Ciudadanía.
A finales de ese mismo año siguió en el gabinete pero con otro rol: condujo la cartera de Gobierno, Seguridad y Trabajo, al frente ya de las negociaciones con los sindicatos.
No será la primera vez que una abogada que no pertenece al poder judicial, sin vasta trayectoria académica, es nominada al TSJ. José Gerez no era funcionario cuando juró como fiscal a los 36 años.
El único integrante que tiene hoy el cuerpo que era juez antes de ser vocal es Alfredo Elosú Larumbe. Tampoco sorprende la afinidad con el partido provincial. No fue un problema para Sapag ni tampoco parece serlo para Gutiérrez.
Evaldo Moya, que asumió la presidencia del cuerpo, trabajó en la asesoría general de la Gobernación al igual que Soledad Gennari. Germán Busamia tenía un importante estudio jurídico en la capital y era afiliado al MPN desde su juventud.
Período de oposición
Una vez que el gobernador nominó a sus candidatos y envía los pliegos a la Legislatura se abre un período para que la ciudadanía opine sobre los nominados.
Pueden apoyar la postulación o cuestionarla. En cualquier caso esas objeciones o respaldos no son vinculantes, pero pueden ser un puntapié para las preguntas que les realicen diputados y diputadas en la entrevista prevista en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.
Para lograr acuerdo legislativo se necesitan los votos de los dos tercios de los miembros presentes en el recinto legislativo.
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