Muerte del oficial Mandagaray: «permitieron prácticas contrarias a la dignidad humana de los cursantes»
Los oficiales Carlos Grasso y Oscar Szymansky están acusados de falta de control sobre el curso del COER en Bahía Creek, por el homicidio culposo del oficial Gabriel Mandagaray.
Los acusados Carlos Grasso, que se desempeñaba como Director de Capacitación; y Oscar Szymansky, como Jefe de la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento. Foto : Marcelo Ochoa
Se realizó este lunes la primera audiencia del segundo juicio por el homicidio culposo de Gabriel Mandagaray, ocurrido en abril de 2021 durante un curso de Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la Policía de Río Negro en Bahía Creek. Hubo seis testigos, entre ellos el papá del joven oficial, y los alegatos de apertura, donde el fiscal afirmó que los imputados Carlos Grasso y Oscar Szymansky permitieron «prácticas contrarias a la dignidad humana de los cursantes».
En esta nueva causa, los dos acusados encabezaban el área de capacitación de la Policía de Río Negro a quienes se les endilga la falta de control sobre el curso realizado.
El abogado Juan Vicenty, defensor de Carlos Grasso pidió incorporar como prueba la declaración del juicio anterior de Alejandro Gattoni, uno de los cuatros policías condenados en el primer juicio por los delitos de homicidio culposo y abuso de autoridad.
El juez Marcelo Chironi rechazó ese pedido porque «se trata de un testimonio de un imputado en el marco del primer juicio sin decir la verdad» y afirmó que «no se trata de una prueba estrictamente útil e indispensable».
Durante esta jornada fueron escuchados los primeros seis testigos del juicio, entre ellos el Jefe de la Policía de Río Negro, Osvaldo Tellería, que afirmó que el encargado del control de la realización del curso «como se dio en Viedma, le corresponde a la dirección de Capacitación. Esto surge del reglamento 430, que es el que rige todo el funcionamiento de la Dirección general de Capacitación y Perfeccionamiento de la Policía de Río Negro».
Agregó que si bien la responsabilidad es de quien dicta el curso, «después la supervisión y control no se puede delegar, es propia». El Jefe de la fuerza provincial también relató que tras el curso tuvo contacto con Carlos Grasso y que antes de que pase a retiro obligatorio «me fue a ver a la Jefatura, me insinuó querer decirme que el único responsable era Szymansky. Le respondí: Mirá Carlitos, yo te entiendo a vos, pero no comparto, creo que hay responsabilidad de ambas personas».
Otro de los testigos fue Antonio Mandagaray, padre del joven fallecido en el curso del COER y que se desempeñaba como Jefe de la Regional. Relató el duro momento cuando llegó a Bahía Creek donde «decían que se había perdido el número 30 y ni siquiera me decían quién era. Mi hijo pasó a ser un número, todo el mundo disparaba y yo esperaba ver a alguien de Capacitación que me dijera que había pasado, no había nadie. Ni durante la búsqueda del cuerpo de mi hijo, ni cuando apareció».
Sostuvo durante su testimonio que «todavía estoy esperando que venga uno de Capacitación y me diga Tito pasó esto con tu hijo, quedate tranquilo que yo voy a investigar porque me corresponde a mí, porque estaba bajo mi órbita. Esto era una capacitación, era un curso y hace casi tres años escucho el mismo silencio que estamos presenciando ahora».
Grasso y Szymansky permitieron «que se llevaran a cabo prácticas contrarias a la dignidad humana»
En sus alegatos de apertura la Fiscalía destacó que en las tres jornadas de debate oral y público, buscará junto con la querella representada por Damián Torres, probar la responsabilidad en la omisión de control del desarrollo del curso de Carlos Grasso, que se desempeñaba como Director de Capacitación y Oscar Szymansky, como Jefe de la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento.
Ninguno de los dos, «entre el 12 y el 15 de abril de 2021, controló ni ordenó controlar el curso de capacitación del COER que había sido aprobado por Resolución N° 2748 del Jefe de Policía de Río Negro», inició los alegatos el fiscal Guillermo Ortiz.
Fundamentó que esa ausencia de control «posibilitó que se modificara el lugar de ejecución del curso, que finalmente se desarrolló en Bahía Creek y permitió que se llevaran a cabo prácticas contrarias a la dignidad humana de los cursantes. Ambos omitieron gestionar elementos para alimentación e hidratación y permitieron que se realizaran actividades en el mar, en donde se produjo la muerte de Mandagaray».
El fiscal señaló que se incumplieron la Resolución que les otorga funciones de organización, ejecución y control para que el curso no se aparte de las formalidades establecidas por leyes; y decretos vigentes. “Por ello los estamos acusando del delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público a título de autores».
En ese sentido, Ortíz afirmó que «para probar tal teoría del caso se escucharán entre hoy y mañana más de 20 testigos entre ellos comisarios, el padre de la víctima, el actual jefe de la Policía de Río Negro, compañeros del joven muerto y docentes pertenecientes al COER».
La querella también adelantó que centrará su labor en probar la omisión de la responsabilidad de control propia del cargo que ejercían ambos acusados, la falta de control especifica los días exactos en que se realizó el curso y la función que omitieron cumplir de forma voluntaria.
Luego alegaron los dos abogados defensores de los acusados. También hizo uso de la palabra uno de los imputados, quien era en aquel momento Jefe del Dapartamento de Capacitación.
Mañana continuará este segundo juicio por la muerte del joven oficial Mandagaray con la rueda de unos 10 testimonios, a partir de las 8:30, en el Auditorio del Poder Judicial. El miércoles será la última jornada con los alegatos finales.
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