Odontólogo condenado por abuso en Cipolletti: ¿Hay privilegios para quienes tienen recursos?
Mariano Marques lleva casi tres años con prisión domiciliaria por su salud mental y las destrezas de su abogado para ejercer el derecho a defensa. La fiscalía pidió hace más de cinco meses revisar la medida cautelar: cree que está en condiciones de ir a un penal.
Mariano Marques tiene dos condenas por abuso sexual en Cipolletti. Está detenido en su casa. (Matías Subat)
El exjuez Pablo Iribarren apeló a todos los recursos jurídicos en defensa de Mariano Marques para evitar que vaya a la cárcel, incluso con dos condenas por abuso sexual. Es más, en una de ellas ya agotó todas las instancias de revisión en la provincia.
El odontólogo de Cipolletti permanece con prisión domiciliaria hace casi tres años gracias, entre otras cosas, a la gran labor de su defensor, exjuez del triple crimen de 1997. Claro que no alcanza sólo con sólidos e ingeniosos alegatos. Para eso también necesitó de varios informes (todos particulares) psicológicos y psiquiátricos que aseguran que el profesional corre riesgo de muerte si es trasladado a un penal.
La fiscalía que encabeza Santiago Márquez Gauna tiene otra teoría, y otros informes de los peritos oficiales del Poder Judicial que sostienen que Marques no tiene ningún impedimento para cumplir su condena en un penal. “Como cualquier persona” se escuchó en los pasillos de los tribunales de Cipolletti.
Pero Mariano Marques no es cualquier persona. Es un profesional con un prestigio y una posición económica que le permitió explotar las herramientas de la defensa que un ciudadano de a pie no podría.
Este caso emblemático en Cipolletti abre el histórico interrogante si sólo van a la cárcel los ciudadanoss de bajos recursos, o quienes no puedan costear la contratación de un costoso abogado como Iribarren. Algo de eso también se escuchó puertas adentro en el Poder Judicial cipoleño.
Marquez Gauna está convencido de que Marques debe ir a un penal. Uno de los informes oficiales sostiene que el condenado podría estar “simulando” su padecimiento. Iribarren explicó en muchas oportunidades, también en esta audiencia, que su cliente necesita de la contención familiar y del “calor” del hogar que tiene en su vivienda ubicada en el coqueto barrio El Manzanar.
Ayer, luego de cinco meses de espera, las partes se reunieron para discutir sobre la modalidad de prisión preventiva que en este caso está morigerada desde casi el comienzo, a fines de 2020. Tras pasar un efímero periodo en una comisaría, Marques logró volver a su casa por una serie de informes que sostenían que su vida corría riesgo si seguía en esas condiciones.
Cualquier persona que afronta una pena como la de Marques va a sufrir un cuadro depresivo, admitieron los funcionarios judiciales con mayor experiencia en lo que se denomina el fenómeno de la prisionización. El tema con el odontólogo es si esa depresión puede traer alguna consecuencia como atentar contra su propia vida, por ejemplo.
Aquí se abre otro debate y es sobre la responsabilidad del Servicio Penitenciario que debe garantizar la integridad de los internos. En su momento, la ahora exjueza Laura González Vitale convalidó los argumentos de la defensa y luego tuvo el apoyo de Julio Sueldo y Marcelo Gómez. La única jueza del tribunal que optó por enviarlo a una celda fue Florencia Caruso. Son ellos tres quienes deben volver a resolver sobre esta revisión que planteó la fiscalía.
Lo llamativo del caso, que abona la teoría del arte de estirar el proceso, es que la audiencia se pidió en marzo. Y ayer se suspendió porque Iribarren pidió incorporar una serie de testigos. La fiscalía exigió entrevistar previamente a esas personas: la esposa, un hermano y el mejor amigo de Marques, que fue el primer abogado en defenderlo.
También a dos licenciados en psicología contratados por la familia que dan cuenta de la contención que recibe para afrontar su cuadro depresivo en la comodidad de su casa. Marques fue condenado a 7 años y seis meses de prisión por este hecho: un abuso sexual con acceso carnal. Además arrastra una condena reciente de un año y medio más por el mismo delito, pero en su modalidad simple. Fue denunciado, además, por otras dos mujeres que eran clientas de su consultorio donde acontecieron los hechos.
Lleva casi 3 años preso y casi todo el tiempo en modalidad domiciliaria. Es decir que ya se “comió” más del 40% de la condena con un beneficio casi inédito en esta Circunscripción. Está a poco tiempo de poder acceder a los beneficios de salidas transitorias, pero todavía se discute si puede cumplir su condena en un penal como cualquier ciudadano. «Si todos los presos, la mayoría de clase social baja, pidieran afrontar la depresión en su casa no tendríamos gente en los penales», afirmaron irónicamente desde el fuero de Cipolletti.
La Oficina Judicial de Cipolletti debe disponer de una nueva fecha para debatir si el odontólogo sigue preso en su casa o lo trasladan a un penal de la provincia.
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