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Para aliviar la crisis carcelaria, Figueroa apuesta a recuperar un pabellón en Senillosa
La audiencia de hábeas corpus, en la que el gobierno provincial debe informar qué soluciones encontró a la superpoblación, se postergó un mes y pasó para marzo. ¿Habrá declaración de emergencia carcelaria?
La cárcel federal de Senillosa. Neuquén aspira a recuperar un módulo para detenidos provinciales. (Archivo/Florencia Salto)
«Usted me dice que la obra del pabellón 7 de la Unidad 11 está avanzada en un 50%. Es como que me diga 10%. No puede medirse en avance de obra. Lo concreto es que no se puede usar, y lo que falta no se puede construir, o sea que el avance es cero. El pabellón está cerrado por la imprevisión».
La que habló en esos términos fue la jueza de Ejecución Penal de Neuquén, Raquel Gass. La que escuchaba sin un gesto era la entonces secretaria de Seguridad del gobierno de Omar Gutiérrez, Marianina Domínguez. Ocurrió durante una audiencia judicial el 6 de diciembre pasado.
Cuatro días después, Domínguez dejó el cargo (según su LinkedIn, busca trabajo) la secretaría no fue cubierta (aunque hay un ministerio) y la crisis carcelaria ha empeorado: desde que asumió el nuevo gobierno se suicidaron dos internos.
La jueza Raquel Gass le dio tiempo hasta febrero a la nueva administración para que presente un plan y avances concretos destinados a solucionar el hacinamiento en las cárceles de Neuquén capital, que es donde tiene jurisdicción. Otra resolución judicial dictada en el resto de la provincia mantiene las unidades cerradas «hasta que veamos ladrillos», según dijo en su momento la colega de Gass en el interior, Alicia Rodríguez.
El plazo de febrero se estiró hasta marzo, por incompatibilidades con la agenda de Gass y de la defensora de Ejecución Penal, Luciana Petraglia, quien junto con el funcionario Juan Galarraga vienen acorralando al Ejecutivo desde hace más de un año para que aporte respuestas.
La solución viene de Senillosa
La intención de la administración Figueroa es alcanzar un acuerdo con el gobierno nacional para que le transfiera el módulo 4 de la cárcel federal de Senillosa, y trasladar allí entre 60 y 80 internos.
La empresa no es sencilla. A poco de asumir, el gobierno de Neuquén descubrió que no hay ningún compromiso escrito que le garantice a la provincia el traspaso del pabellón. El dato ya se sabía: en aquella audiencia del 6 de diciembre, Domínguez tuvo que admitir, ante preguntas de la defensora Petraglia, que en ninguna parte del convenio la Nación se compromete a entregar el módulo 4. La secretaria de Seguridad reconoció que sólo tenía la palabra del ministro de Justicia, Martín Soria, otro que se fue de su cargo el 10 de diciembre.
En el supuesto de que se logre firmar el convenio habrá que encarar la reconstrucción del módulo 4, que está abandonado y parcialmente desmantelado porque se lo utiliza de back up para proveer de repuestos a los pabellones que sí funcionan. El monto de dinero que hay que poner es difícil de calcular en estos días de inflación desbocada, pero se sabe que es varias veces millonario.
Los otros detalles
Además de recuperar el módulo, habrá que organizar entradas independientes a la cárcel de Senillosa: los presos provinciales no deben convivir con los federales; y tampoco se pueden cruzar los agentes del Sistema Penitenciario Federal con los del escalafón penitenciario de la Policía de Neuquén.
Cuando se habló de entregar un módulo a la provincia, el convenio incluia que Neuquén construyera viviendas para los agentes penitenciarios federales. Esa inversión también aparece muy lejana.
Y otro elemento a considerar es que hay una medida cautelar vigente de la justicia federal en favor de los internos de Senillosa.
El intendente de la localidad, Lucas Paz -del espacio de Figueroa- está interesado en que se abra el pabellón 4. Observa a los penitenciarios que viajarán a trabajar como potenciales clientes de los comercios de su ciudad.
El pabellón 7 de la Unidad 11
En el ámbito de las Unidades de Detención que dependen de la provincia, la más grande es la 11 ubicada en el Parque Industrial de Neuquén. Allí está el pabellón 7 cuyo avance de obra para recuperarlo dio origen al cruce entre Gass y Domínguez relatado al comienzo.
El sector necesita de una importante inversión en materiales, principalmente hierro. A diciembre del año pasado, antes de la devaluación de la moneda que dispuso el gobierno nacional a poco de asumir, los proveedores mantenían la cotización por un día según dijo la ex secretaria. Nada indica que haya mejorado la situación; más bien lo contrario.
Sistema contra incendios
Otra inversión debe hacerse en el sistema contra incendios. En la Unidad 11 están cerradas alrededor de 260 personas y sólo se dispone de matafuegos. Hay motivos para dudar de la predisposición del personal penitenciario para apagar un foco: el 30 de agosto del 2022, Maximiliano Andrés Mérgola (22) se cansó de gritar que prendería su colchón y lo intentó varias veces hasta lograrlo, sin que los guardias se movieran.
Mérgola y Víctor Alfonso Herrera (30), ambos encerrados en una minúscula celda de castigo, murieron.
Ese gravísimo incidente, para la fiscalía no tiene responsables. La defensora Petraglia lo ve desde otra óptica: «debió ser un cimbronazo para autoridades políticas, para advertir que se está gestionando de manera inadecuada o por lo menos muy lejana a los compromisos internacionales asumidos por Argentina», dijo en la audiencia.
La jueza Gass afirmó por su parte: «es evidente que es un tema urgentísimo. Es increíble escuchar que todavía no está la red contra incendios».
Emergencia carcelaria, pero para qué
Como telón de fondo de estos problemas de falta de dinero y de previsión se mueve la intención del gobierno neuquino de declarar la emergencia carcelaria.
En qué términos, todavía no trascendió. Pero el Comité Provincial contra la Tortura tiene en claro cuál debería ser el marco de la normativa.
«No es sólo aprobar inversión en infraestructura», advirtió, en diálogo con este diario, la presidenta Estefanía Buamscha. «Cuando contemplás construir cárceles tenés que tener en cuenta espacios de trabajo, de educación, de salud».
«Los cupos que contabiliza la policía y los reales son distintos. Hay que tener estándares de habitabilidad. La policía cuenta que tiene 30 colchones y 30 personas, entonces no hay superpoblación. Pero si están todos metidos en un espacio reducido, es hacinamiento«, agregó.
En opinión del Comité, una política integral incluye tener una ley provincial de ejecución penal y un servicio penitenciario provincial, por fuera del Ministerio de Seguridad y con agentes formados con perspectiva de derechos humanos.
Capacitación, educación, salud
Buamscha puso el acento en la necesidad de crear espacios para que las personas privadas de su libertad puedan capacitarse, trabajar, vender lo producido y así ayudar al sostén familiar. Lo mismo para los espacios destinados a educación.
En especial remarcó la necesidad de reforzar los equipos de salud mental. «Un psiquiatra para las 300 personas de la Unidad 11 no alcanza, hace imposible el seguimiento», señaló.
«Sin actividades, sin contacto familiar o con amigos, hay una situación de salud mental. Notamos sobremedicación, tratamientos psiquiátricos sin corte en la medicación», dijo.
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