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Polémica defensa de una magistrada en la denuncia contra el juez laboral de Viedma por “lento”
La jueza civil de Viedma María Luján Ignazi fue la única integrante del Consejo de la Magistratura que votó en contra. En la sesión se ventiló que estaba subrogando en una de las causas que involucran al juez Guerra Labayén.
El Consejo de la magistratura dio curso a la denuncia de los abogados de Viedma contra un juez laboral. Foto: Marcelo Ochoa
La jueza civil de Viedma María Luján Ignazi no solo defendió a su colega Gustavo Guerra Labayén, acusado de obstaculizar el servicio de justicia, sino que cuestionó a los propios demandantes. Incluso la camarista se centró en una denuncia que la involucraba a ella porque había subrogado al fuero Laboral en una de las causas que el Colegio de Abogados presentó ante el STJ para que investiguen al juez Labayen por retrasar sus sentencias.
¿Se debería haber excusado de intervenir Iganzi? Lejos de eso, la experimentada camarista elaboró una férrea defensa a su colega y apuntó contra los demandantes. “Entre los informes de las sentencias atrasadas encontré sorpresivamente que había una sentencia que me refería a mi como primer voto”, sostuvo y explicó que estaba subrogando en la Cámara Laboral y que el plazo no estaba vencido porque había un impedimento que la ley establece como motivo para suspender los plazos procesales: licencia.
Lo que no quedó claro es si la licencia era de ella o de algún otro integrante del tribunal. Tampoco el rol del secretario o secretaria que hace los sorteos: ¿miró las licencias antes de poner a fallar a una jueza que salía de vacaciones?
El Consejo de la Magistratura no tiene una reglamentación para este tipo de excusación y tampoco hubo planteos, pero al menos es debatible estar de los dos lados del mostrador. Aquí Ignazi fue jueza, defensora de Labayén y parte.
Otro cuestionamiento de Igazni fue contra los demandantes. “Me sorprendió que cuatro (de ocho) pedidos están hechos por las partes demandadas. Es llamativo que sea la demandada quien pida la pérdida de competencia. Con eso logra demorar el proceso”. Agregó que el artículo 13 de la Ley de Ética Pública de los Abogados le impide a los letrados presentar recursos que obstruyan la justicia.
La respuesta llegó casi de inmediato por parte de Luciano Perdriel, uno de los consejeros que representa al Colegio de Abogados: “con todo respeto”, empezó y siguió: “consideró desafortunado poner un velo de duda sobre la acción de las partes. En cualquier proceso las partes tienen derecho a una resolución. Que en este caso lo haya hecho la demandada pone una duda sobre la legitimidad de esa denuncia que no es propia de esta etapa”.
La actitud del Colegio de Abogados de hecho es síntoma de buena salud porque, aunque actúen por la parte que es demandada denunciaron igual una obstrucción al servicio de justicia. Hubiese sido más cómodo esperar a que se prescriban las causas.
El trasfondo de la cuestión es el siguiente. A fines del año pasado el Colegio de Abogados de Viedma denunció al juez Labayen por retrasar el servicio de justicia. ¿Cuál es la consecuencia? La Cámara Laboral pierde la jurisdicción del proceso y pasa a otro tribunal, un hecho grave en términos jurídicos que puede terminar en jurado de enjuiciamiento con destitución. Hubo un caso en Roca y otro de un juez que renunció para evitar ese proceso. El STJ sigue de cerca las difuncionalidades de algunos tribunales.
La defensa de Iganzi es que las propias demandantes presentan los recursos para atrasar el proceso y llevarlo a otra jurisdicción. No solo pone un manto de duda como dijo Perdriel, sino que también “mancha” el principio de inocencia que rige para todo acusado: no es posible acaso que el juez observado busque acelerar el proceso en su contra para confirmar su inocencia, por ejemplo.
Lo cierto es que Ignazi fue la única de las consejeras de la Magistratura que votó en contra del sumario a su colega Labayén que ahora será investigado por el cuerpo. Los seis restantes aceptaron darle curso al sumario interno para esclarecer una demanda que hace tiempo vienen planteando los letrados de la capital rionegrina.
El legislador Facundo López le quitó dramatismo a la investigación y hasta dijo que podía beneficiar al juez y a la Justicia: “Es el inicio de la investigación, si uno no hizo nada y está tranquilo es el momento más importante para ejercer una defensa. Es un sumario objetivo, se perdió o no se perdió la jurisdicción. Hubo demora o no hubo demora. En este caso le estamos haciendo hasta un favor al doctor Labayén para que no haya duda. Si nosotros no hacemos nada el sistema judicial va a seguir sospechado por la población”. Ahora la pelota quedó del lado del Consejo de la Magistratura que deberá definir la responsabilidad del juez ante las denuncias.
El Consejo de la Magistratura que realizó su primera sesión la semana estuvo integrado por el presidente del Superior Tribunal, Sergio Ceci. Participaron los legisladores Facundo López, Lucas Pica y Juan Martín. Por el Colegio de Abogados de Viedma, Santiago Guenumil, Andrea Morón y Luciano Perdriel. En la era de la digitalización la sesión no se grabó y hubo que reconstruir la secuencia con algunos videos informales.
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