Caso Robinson en La Angostura: reautopsia y libertad a los policías imputados
Se decidió en una audiencia este jueves. Además fue declarada causa compleja y la investigación se prolongó por cuatro meses más. Las causas de la muerte siguen sin estar claras.
Familiares de Robinson llevaron su reclamo hasta la marcha de las Madres en Plaza de Mayo. (Gentileza Daniel Osovnikar)
La jueza de Garantías Bibiana Ojeda dispuso la libertad, con restricción de acercamiento a víctimas y testigos, de los cinco policías que participaron del operativo en el que murió Robinson Gatica, el empleado municipal de Villa La Angostura de 32 años. Las causas del fallecimiento siguen poco claras, por eso la querella pidió una reautopsia.
Los policías cumplían prisión domiciliaria, dos de ellos salían cuatro horas por día a trabajar, uno en Neuquén y el otro en San Martín de los Andes. Un tercero se mudará a Chos Malal. Los dos que siguen en Villa La Angostura tienen prohibición de acercarse al barrio Las Piedritas, donde viven la familia Gatica y la mayoría de los testigos.
Los imputados son: cabo primero Víctor Hugo Muñoz (32), sargento Darío Luis González (25); cabo primero Alejandro Bravo (32); cabo Erwin Alejandro Mora (31) y oficial David Ezequiel Cuevas (26). Al primero lo defiende Cristian Pettorosso, y a los otros Rubén Alejandro Casas y José Guzmán.
Gatica murió el 20 de julio pasado alrededor de las 6:30 de la mañana en su vivienda, durante un operativo policial, por motivos que todavía se discuten. Una junta de forenses y criminalistas de Neuquén citó problemas coronarios, un cuadro de estrés, y una «muerte súbita de una persona con delito agitado por consumo de cocaína en el contexto de una restricción policial».
«Sin intención de matar»
El defensor Pettorosso afirmó que «han variado las circunstancias originarias que llevaban a sospechar que (su defendido Muñoz) cometió un hecho doloso. No hubo intención de matar por parte de mi asistido ni de sus compañeros».
Dedicó parte de su alegato a su tema preferido: estigmatizar a Robinson y a su familia. Remarcó que tenía adicción a la cocaína «desde los 13 años» y que el día de la muerte sufrió un ataque «y no lo podían contener». Culpó a los parientes por llamar a la policía en vez de al hospital, pero no hizo autocrítica porque cinco hombres supuestamente entrenados no pudieron reducir a uno que estaba solo y desarmado.
Si bien la autopsia determinó que no recibió ningún golpe mortal, Pettorosso se regodeó relatando que sus propios familiares le pegaron en la cabeza «con una madera de 65 centímetros de largo y 9 centrímetros de ancho, que se partió en tres».
Pretendió hacer un acto circense exhibiendo una madera supuestamente similar, pero la jueza Ojeda se lo impidió. No tenía ningún sentido; en esas audiencias no se ponderan pruebas, y por otra parte no era la misma madera, no fue controlada por la contraparte, y los forenses ya dijeron que ningún golpe en la cabeza le causó la muerte.
Peligros procesales
Alejandro Casas coincidió en parte con su colega (al que siempre mencionó como «Petterosso»). Pero, más ajustado técnicamente, se concentró en los peligros procesales. En definitiva, son los que definen si un imputado puede quedar en libertad o no. Afirmó que sus cuatro defendidos no entorpecieron la investigación -algo que aún no fue confirmado-, no intentaron fugarse ni intimidaron a los testigos.
A su turno el fiscal Adrián De Lillo reiteró las sospechosas conductas de los policías después de la muerte de Robinson: movieron el cuerpo sin la presencia del fiscal y sin esperar al personal de Criminalística; agruparon las municiones de goma que le dispararon, alterando la escena, movieron de lugar el cuchillo que el hombre tenía en su poder y que le quitó su esposa Paola; y la defensa consiguió un informe interno de un comisario neuquino confeccionado a espaldas de la fiscalía.
La reautopsia
De todos modos, dijo que todavía queda mucho por investigar. Explicó que la querella, representada por Virgilio Sánchez y Lorena Miani, incorporó a la médica forense reconocida a nivel nacional Virginia Creimer quien pidió la reautopsia del cuerpo, porque tiene una teoría del caso diferente y necesita ese trabajo para fundamentarla.
De todos modos, De Lillo señaló que «por el momento» correspondía otorgar la libertad de los policías bajo ciertas circunstancias: que Muñoz siga en San Martín de los Andes; Cuevas en Neuquén; y Bravo tiene 72 horas para mudarse a Chos Malal. Por su parte González y Mora, quienes viven en La Angostura, tienen prohibido acercarse a familiares de la víctima y testigos.
La querella se opuso a la libertad. Virgilio Sánchez dijo que los riesgos procesales se mantienen, y Lorena Miani remarcó que «hay asimetría de poder» entre los testigos, que son personas vulnerables, y los imputados, que pertenecen a una institución armada.
La decisión de la jueza
La jueza Bibiana Ojeda, en su resolución, indicó que «la calificación legal no ha variado, sigue siendo un homicidio calificado», pero «todas las medidas de prueba que restan son técnicas y periciales».
En consecuencia, dispuso la libertad de los policías con las restricciones mencionadas.
Al comienzo de la audiencia la jueza tuvo un gesto para destacar. El defensor Pettorosso reclamó que desalojen de la sala a los familiares y allegados a Gatica que portaban pancartas con la leyenda «Peligro, policías en el recinto».
Ojeda dijo que no eran agraviantes, que no se dirigían a ninguno de los imputados en particular, y que tenían que ver con el contexto del caso, por lo cual les permitió permanecer en la sala.
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