Se reactiva el Jurado de Enjuiciamiento con casos de violencia de género

La y los siete integrantes acordaron la agenda del mes. Tienen para tratar por ahora la situación de una jueza, un juez y un defensor, todos del fuero civil.

El Jurado de Enjuiciamiento tendrá su primera reunión formal del año el martes 10 de mayo para analizar si avanza o no con dos expedientes de muy diferente naturaleza. Y no se descarta que incorpore a la agenda un tercer caso, que merecería un tratamiento urgente.

La agenda se terminó de acordar en los últimos días de abril entre la y los siete integrantes que tendrá este año el organismo con facultades para sancionar y remover a jueces, juezas, defensores, defensoras y fiscales.

El 26 de abril pasado el Jurado se reunió para acordar su integración, ante la excusación de una de las abogadas elegidas para representar a los Colegios de matriculados.

De acuerdo con lo resuelto, formarán parte Evaldo Moya, Germán Busamia y Alfredo Elosu Larumbe por el Tribunal Superior de Justicia; María Laura Du Plessis (MPN) y Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos) por la Legislatura, y Nicolás Lupretone y Simón Julio César Hadad por los Colegios de Abogados.


Violencia de género


Uno de los casos que tratará es el del defensor público civil de San Martín de los Andes, Javier Cassano, involucrado en un grave episodio de violencia de género contra su pareja.

La Comisión Especial del Jurado de Enjuiciamiento que integran Soledad Gennari (TSJ), Fernando Gallia (Frente Nuevo Neuquén, aliado del MPN) y Victoria Magdalena Sandoval (Colegios de Abogados), solicitó la apertura del proceso de enjuiciamiento y la suspensión del funcionario. Su dictamen no es vinculante.

Si bien la causa penal que se abrió por los hechos de violencia de género se cerró con un acuerdo entre las partes, la Comisión hizo una evaluación política. Y entendió que «la conducta del funcionario revela una desatención grave y una falta de mesura contraria con el valor de corrección que los Principios de Bangalore y que como funcionario de este Poder Judicial tiene especial deber de observar (voto de Gennari)».

La Comisión Especial le atribuye cinco cargos, entre ellos la manipulación de la víctima para que desista de la denuncia; falta de perspectiva de género; no respetar la prohibición de acercamiento o contacto.

Incluso presionó a una empleada judicial para obtener información sobre la causa penal que lo tenía como imputado. A esa trabajadora la despidieron por pasarle datos que, como imputado, Cassano no debía conocer.

La conducta del defensor civil «no sólo afectó la confianza pública que exige la ciudadanía respecto del Poder Judicial sino que -además- actuó con total ausencia de perspectiva de género», dijo en su voto la abogada Sandoval.


Insólita situación en la Auditoría


Al solicitar que se le abra el procedimiento que podría derivar en su destitución, la Comisión Especial pidió expresamente que no citen a declarar a la expareja de Cassano, por la situación de vulnerabilidad en que se encuentra.

En la resolución mencionan que cuando declaró durante la tramitación del sumario interno, en la Auditoría del Poder Judicial, Cassano estaba a la vista. La joven «asumió, extrañamente, una actitud «autoinculpante», y dijo que el hecho había ocurrido «producto de sufrir un brote por ausencia de su medicación».

Esa declaración, dijo la jueza Gennari, está «reñida con las Reglas de Brasilia, ya que se prestó ante la presencia del entonces acusado de acciones violentas».


El juez civil de Rincón


El último caso conocido, que no está confirmado en la agenda de mayo del Jurado pero debería ser incluido, es el del juez civil de Rincón de los Sauces, Sebastián Villegas.

El 22 de abril pasado la Comisión Especial recomendó iniciarle el proceso y suspenderlo en sus funciones por las graves denuncias de acoso sexual y laboral que sufrió una funcionaria, tal como informó Río Negro.


Mansilla vs. Grimau


Por último, en la reunión del 10 se considerará la denuncia del legislador Mariano Mansilla contra la jueza civil María Eugenia Grimau por presunto desconocimiento del derecho durante su intervención en el proceso de quiebra del policlínico ADOS, y por el presunto manejo que habría realizado con la cesión a otra abogada de honorarios devengados de la época en que ejercía la profesión de manera privada.

Estos cargos ya fueron desestimados, en un dictamen no vinculante de noviembre del 2021, por la Comisión Especial que integran Gennari, Gallia y Sandoval.

El martes 10, el Jurado de siete integrantes debe resolver si confirma la desestimación o abre el proceso de enjuiciamiento.


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