Siguen los tironeos por el sumario contra la fiscal Cendón, en Bariloche

El proceso abierto por el Consejo de la Magistratura para investigar supuestos casos de violencia y acoso laboral atribuidos a la fiscal jefe de Bariloche, Betiana Cendón, no para de acumular tropiezos. Varios de los denunciantes y la abogada que los patrocina, Carla Orticelli, se quejaron de que la toma de testimonios en la investigación preliminar se cumpla con la presencia de la propia Cendón, y lo consideraron una situación intimidante.

Esta semana exigieron en conjunto y por escrito al legislador designado como instructor sumariante, el legislador de PRO Juan Murillo Ongaro que se revise ese procedimiento. Expresaron su “enérgico rechazo” a la pretensión de Cendón de estar presente durante las declaraciones, como ocurrió ya en las primeras entrevistas.

También pidieron una vez más que la fiscal sea suspendida en forma provisoria “a fin de evitar el entorpecimiento de la investigación”. El mismo reclamo fue efectuado ya otras veces y rechazado en dos oportunidades por el Consejo de la Magistratura, que la ratificó en su cargo mientras dure el proceso disciplinario.

Este medio consultó a Murillo Ongaro sobre el inicio de las declaraciones, quien se negó a brindar información porque su propósito -dijo- es llevar adelante la tarea encomendada “con sigilo y cautela”. Su objetivo prioritario es “recopilar” toda la información posible para exponerla ante el pleno del Consejo.

El sumariante fue designado para ese rol en noviembre pasado y tiene 90 días hábiles para completar el trabajo, aunque ya hubo una suspensión de términos por nuevas presentaciones, y además ese plazo es prorrogable.

Los denunciantes de Cendón son el fiscal Guillermo Lista, los fiscales adjuntos Álvaro Viterbori y María Orticelli, el fiscal ya renunciado Tomás Soto, la defensora adjunta Mónica Goye y el jefe de División Germán Torres.

Una de las abogadas que los representa, Carla Orticelli, dijo que la actual instancia es “una investigación preliminar”, con el objeto de reunir prueba, y “no corresponde que Cendón esté presente”, como si ya se tratara del jury definitivo, en el caso de que lo habilite el Consejo de la Magistratura.

Señaló que su derecho de defensa y el “debido proceso” en esta instancia están garantizados con la presencia de los abogados de Cendón.

Según Orticelli, si Cendón pudo participar en las audiencias para tomar las primeras declaraciones es “porque hay un reglamento antiguo y desordenado” que rige las actuaciones disciplinarias del Consejo, y que colisiona con el protocolo de prevención y protección contra la violencia laboral en el Poder Judicial rionegrino, que es de aprobación posterior.

El abogado defensor de la fiscal jefe, Raúl Ochoa, confirmó que ya se tomaron las primeras declaraciones, que se realizaron vía zoom y que Cendón estuvo presente. “Puede estar en la recepción de la prueba y no hay razón para que se lo prohíban”, aseguró. Dijo también que “no se ha recibido ninguna observación” sobre esa situación, ni rechazo de los testigos.

Según Ochoa, si se plantea un diferendo “el responsable del sumario podría tomar medidas”, lo cual hasta ahora no pasó. La consulta a Ongaro sobre ese punto chocó con su negativa a realizar cualquier comentario.

“Un acto de coacción institucional”

Ante la evidencia de que habían comenzado las declaraciones en el sumario y que Cendón “puede y quiere estar presente”, los denunciantes pidieron que se permita la participación de un “veedor” que garantice imparcialidad. Propusieron designar en ese rol a representantes del Colegio de Magistrados, la APDH o el Sitrajur.

El listado de testigos citados sería de alrededor de 40 (otra precisión que Ongaro se negó a brindar) y la mayor parte son empleados y funcionarios judiciales que tienen dependencia jerárquica con Cendón.

Algunos también son “víctimas directas” y según el planteo llevado días atrás al Consejo, “permitir que deban relatar los padecimientos vividos bajo la mirada y escrutinio en tiempo real de su jefa y agresora constituye un acto de coacción institucional”.

Los denunciantes se quejaron de que la presencia de Cendón en la toma de testimonios “viola de manera flagrante y directa lo establecido en el protocolo de protección de violencia laboral” aprobado en 2021, al exponer a los testigos a sufrir represalias y a situaciones de revictimización.

“Entendemos y respetamos que el derecho de defensa de la sumariada debe ser garantizado, pero no es absoluto ni puede ejercerse a costa de los derechos humanos de las víctimas y testigos”, argumentaron.

En consecuencia, le advirtieron al Consejo de la Magistratura y al sumariante Murillo que hacían “reserva de plantear la nulidad absoluta de toda declaración testimonial recepcionada bajo la presencia física y la mirada intmidatoria de la doctora Cendón”.