El STJ de Río Negro modificó la estructura judicial y prevé un Auditor Adjunto, con haber de juez
El máximo tribunal judicial cierra el año con diferentes modificaciones de estructuras de sus organismos. La principal recae en la Auditoría General. Esa organización se ocupa del “control del servicio y de la gestión” del Poder. Se suma un segundo, que lo nombrará el STJ y tendrá remuneración de juez.
El Poder Judicial amplió la estructura de su Auditoría General, que es el órgano de control de la gestión del Poder, con la incorporación de un Adjunto y una remuneración equivalente a la de juez de primera instancia.
Entre sus últimas acciones del 2025, el STJ alteró ciertas estructuras judiciales, como la ampliación de la Dirección de Ceremonial y Protocolo (ahora también de Enlace Institucional), y nuevos organigramas para el Centro de Planificación Estratégica y la Unidad Previsional.
Las modificaciones más importantes recaen en la Auditoría General, que desde hace más de ocho años está a cargo de Juan Manuel Montoto.
Este organismo tiene el “control de servicio y gestión” del Poder Judicial y del Ministerio Público, según criterios que establezcan sus autoridades, y “alcanzan la instrucción de sumarios disciplinarios o de investigaciones preliminares”.
Las alteraciones llegan al Centro de Planificación Estratégica, la Unidad Previsional, y también a Ceremonial y Protocolo (que suma Enlace Institucional).
La acordada N° 36, del pasado 17 de diciembre, fundamenta que una Unidad de Planificación Auditoría entendió que “es necesaria la modificación orgánica y funcional” y se conformó el proyecto AJG02 “Modernización funcional y orgánica» por “el paulatino y sostenido aumento» de «funciones propias”, como “consecuencia de la expansión de la organización jurisdiccional y administrativa”. Alude a la «incorporación de diversas tareas de inspección, auditoría y control» y «la complejidad de los diversos asuntos a abordar en el marco de las investigaciones preliminares y sumarios disciplinarios”.
La principal fundamentación se centra en el aumento de tareas. El último dato publicado, el del 2024, indica que ese año ese órgano recepcionó 87 expedientes (38 enviados por el STJ y 49 desde el Consejo de la Magistratura). Ese ejercicio no indica un alza determinante, pues la media de los últimos tres años arroja 93 trámites. En el 2023 fueron 67 expedientes, en el 2022 llegaron a 76 y en el 2021 totalizaron 137 expedientes.
En su acordada, el máximo tribunal remarca que se debe “ampliar la estructura de la Auditoría”, con la “creación de nuevos puestos de labor, a ser ocupados por profesionales del derecho”, y también la creación del “cargo de Auditor Judicial General Adjunto, con funciones específicas de ejercicio y control de las tareas de inspección” para “afrontar en tiempo oportuno los múltiples requerimientos que se le formulan al organismo de control interno, y para que actúe como subrogante legal del titular de la Auditoría”.
La norma aprueba la “estructura, misiones y funciones de la Auditoría” y se deroga el esquema fijado por la resolución N° 582/11 y parte de la acordada N° 1/05. El organigrama, hasta ahora, se integraba con el auditor, dos abogados secretarios y dos administrativos.
La Auditoría recepcionó 87 expedientes en el 2024. La media de los tres años anteriores fue de 93 trámites.
El nuevo diseño pasa de los cinco a nueve, sumando un Adjunto, que designará el STJ, a través de un concurso externo, y se requiere ser abogado/a, con diez años de antigüedad en el título y cinco de experiencia.
El segundo -que en el Poder se aclara que no necesariamente será un nombramiento inmediato- asistirá al Auditor y, además, ejercerá la “coordinación y supervisión de las tareas” del organismo y, entre otras funciones, “ser instructor/a sumariante o realizar investigaciones” que se le asignen. En lo salarial se prevé «la clase 440», que equivale a la remuneración de juez de primera instancia, que actualmente oscila entre los siete y los ocho millones.
El haber del titular de la Auditoría se encuadra en la clase remunerativa 460 y se corresponde con los sueldos de los camaristas, que ronda entre los 8 y 9 millones, siempre vinculado con sus años de antigüedad, que es un concepto de fuerte impacto en el haber.
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